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170.000 manifestantes contra 13.610.939 electores


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

El pasado sábado 18 de noviembre unos ciento setenta mil manifestantes se concentraron en Madrid para protestar contra la “burla de la amnistía”, según decía la primera plana de El Mundo al día siguiente. Algunos de estos manifestantes llegaron hasta el complejo de la Moncloa, mientras que grupos fascistas siguen manifestándose ante la sede de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid. Para animar la situación, un grupo de militares retirados (es decir, sin ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas, como ocurre con el resto de los funcionarios jubilados) han lanzado un manifiesto que pide a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado para cesar al Presidente del Gobierno, si bien el primer firmante del manifiesto ha declarado ulteriormente que el párrafo dedicado al cese del Presidente no estaba en el texto que firmó.

¿Qué está pasando en España? Que, como tantas otras veces en la Historia de nuestro país, las derechas no aceptan el resultado de las elecciones y quieren imponer un Gobierno que no cuenta con apoyo parlamentario. Núñez Feijóo ha sido derrotado en el Congreso de los Diputados, pero en lugar de aceptar el fracaso, el Partido Popular, Vox, la CEOE, la derecha judicial, la prensa adicta y hasta el Partido Popular Europeo han iniciado una campaña para revertir el resultado de las elecciones como nunca se había visto desde 1977. El pretexto es la amnistía conforme a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, pero antes de conocerse el texto todos estos sectores, incluyendo al prorrogado Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, han calentado el ambiente para la manifestación del 18 de noviembre.

Lo que ocurrió en Madrid el 18 de noviembre de 2023 es muy simple. Menos de doscientos mil manifestantes (cifras fiables de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid) han querido echar un pulso político a 13.610.939 ciudadanos que votaron el 23 de julio pasado a los partidos, coaliciones y agrupaciones cuyos Diputados han votado la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, menos de doscientas mil personas quieren imponer su visión política, que es contraria a la Constitución. Menos de doscientas mil personas están protestando contra lo que han votado libremente casi catorce millones de españoles, cuya elección parece no valer nada para estos manifestantes.

El problema no es que en España haya menos de doscientas mil personas dispuestas a salir a la calle contra una decisión legítima del Congreso de los Diputados. El problema es que esa protesta ha sido promovida por los dos grandes partidos nacionales de la derecha, Partido Popular y Vox, y que promover esa acción de protesta tiene demasiados parecidos a la reacción de Trump y Bolsonaro cuando perdieron las elecciones. Es verdad que el trumpismo y el bolsonarismo está calando en todas las derechas del mundo y es también cierto que en España las protestas son por ahora pacíficas, salvo grupos fascistas reducidos.

Pero lo que importa es que el Partido Popular, Vox, la CEOE y hasta sectores reducidos de la Iglesia no aceptan el resultado de unas elecciones y quieren que se celebren otra vez a ver si obtienen resultados que les permita gobernar. Y, como escribí aquí recientemente (Javier García Fernández: “La amnistía no importa, el Gobierno sí. De cómo la derecha política y la derecha judicial se han levantado en armas contra un Parlamento legítimo”, Sistema Digital, 8 de noviembre de 2023), han tomado como pretexto la amnistía para deslegitimar al nuevo Gobierno y, a ser posible, derribarlo.

Lo que está detrás de la manifestación del 18 de noviembre es la voluntad de vulnerar la Constitución, la voluntad de no respetar el sistema parlamentario que otorga al Congreso de los Diputados la facultad de elegir al Presidente del Gobierno. Sin confesarlo, los manifestantes del 18 de noviembre protestaban contra la Constitución, es decir contra la democracia parlamentaria española. Que haya menos de doscientas mil personas que repudien la democracia y la Constitución no es preocupante (muchas más hay en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina). Lo grave, lo que da cierto temor, es que el Partido Popular les convoque.

Porque el Partido Popular, como se ve en la entrevista que Núñez Feijó dio a El Mundo el 20 de noviembre pasado, está levantando una gran operación mediática donde ha introducido varias consignas falaces que pueden calar entre personas no informadas. Esas consignas son: 1) un Gobierno que divide a los españoles; 2) un PSOE que ha dejado de ser socialista para convertirse en “sanchista”; 3) el Gobierno de Sánchez ha destruido la separación de poderes; 4) Sánchez no ha consultado la amnistía a sus votantes; 5) con la amnistía, el Gobierno alienta la violencia; 6) el Gobierno de Sánchez ha “ocupado” todos los órganos del Estado; y 7) el líder gallego espera que España se levante contra la amnistía. Con este discurso, el entendimiento con la oposición es imposible.

Y si es preocupante que la derecha política haya declarado la guerra a media España, la España de más trece millones de electores que apoya al Gobierno, es igualmente grave que la derecha judicial se haya lanzado a la misma guerra. Si en los años setenta y ochenta una parte del aparato militar estaba en rebelión contra el Gobierno democrático, hoy esa rebelión ha retornado, pero por parte del aparato judicial. Por ejemplo, no es admisible que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los sindicatos judiciales de derechas, el prorrogado Consejo General del Poder Judicial y Magistrados y Jueces de algunas ciudades, como Sevilla o Salamanca, se lancen a aprobar comunicados o se manifiesten contra dos órganos constitucionales (véase Ricardo Bodas, “Jaque a la imparcialidad judicial”, El País, 20 de noviembre de 2023). La función del Poder Judicial es aplicar la Ley, no criticarla ni menos aún cambiarla, porque ahí se invaden las competencias del Gobierno y del Parlamento. El problema, con todo, es más grave, pues lo más preocupante no es que los Jueces y Magistrados lancen manifiestos y se manifiesten en las calles con togas. Lo más grave es que están llevando esa rebelión política a sus resoluciones, como hemos visto en la muy tardía imputación a Puigdemont por terrorismo, o en sentencias del Tribunal Supremo como la del recurso del Coronel Pérez de los Cobos o la muy reciente contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala. Con estas resoluciones (jurídicamente discutibles) el Poder Judicial se está deslizando por pendientes peligrosas y está dinamitando el prestigio adquirido durante décadas, precisamente cuando todos habíamos olvidado que el Tribunal Supremo colaboró en la política represiva de la dictadura franquista. Cuesta mucho adquirir prestigio, pero muy poco perderlo. Por eso, este Gobierno ha de practicar una política judicial inteligente y firme, regular la necesaria y constitucional renovación del Consejo General del Poder Judicial y atenuar los sesgos de clase en el acceso a la judicatura, a sabiendas de que la derecha va a utilizar al Poder Judicial en su labor, no opositora, sino destructiva.

Como llevo señalando aquí hace mucho tiempo, la derecha española no concibe estar fuera del Gobierno, no entiende el principio de alternancia y, cada vez que está fuera del poder, no hace oposición sino destrucción, como ya lo sufrieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy por hoy no me atrevería a predecir si acabarán volviendo al juego democrático o si están planeando algún otro tipo de operación como parece intentaron durante la Covid-19.

 

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.