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"Torra: malos presagios"


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El pasado lunes 14 de mayo, en el Parlament de Catalunya, los votos de PDCAT, ERC y la CUP invistieron presidente de la Generalitat al diputado Quim Torra. El jueves, en un acto de apenas 3 minutos de duración, sin invitados, sin presencia del gobierno de España y sin discurso, casi de escondidas, el nuevo president prometía el cargo.

Estos últimos días, desde que se conoció que Carles Puigdemont desde Berlín, ungía como sucesor a Torra, con la aquiescencia de PDCAT y ERC, han sido numerosas las informaciones que han sacado a relucir el pensamiento político del nuevo president. Un pensamiento que, si hacemos caso a sus numerosos escritos de tipo identitario, de desprecio hacia lo español y hacia los catalanes que se sienten también españoles o la desconfianza respecto de los catalanes que no hablan catalán, es altamente preocupante y dificultará su función como presidente de la Generalitat.

Sus comentarios y opiniones son más propias de dirigentes ultranacionalistas y fundamentalistas que del president de un país que siempre ha hecho de gala de ser un lugar de acogida, plural, abierto, respetuoso y de firmes valores democráticos y europeos. El republicanismo se basa en la ciudadanía y no en criterios lingüísticos ni identitarios.

Siempre hemos defendido que, una vez pasadas las elecciones, la mayoría independentista estaba obligada a formar un gobierno, ajustado a la ley, que diera punto final al artículo 155 y comenzase una nueva etapa de diálogo (con el gobierno de España y dentro de Catalunya entre los diferentes actores políticos, sociales y empresariales) y una gestión pública para todos los catalanes y catalanas, pero las opiniones públicamente defendidas por el hoy presidente no nos hacen abrigar muchas esperanzas al respecto. Como decía recientemente el president Montilla, Catalunya está cada día peor, cada mes peor, cada año peor.

En las postrimerías de la legislatura pasada, desde las infaustas sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre, hasta la proclamación ilegal y unilateral de la nonata república el 27 de octubre, la mayoría independentista arrasó con la historia del catalanismo. En este sentido, los dirigentes independentistas, haciendo un abuso del poder que les confería la mayoría parlamentaria, usaron ésta contra la mitad de su población, contraria a la independencia e indefensa ante las prácticas unilaterales e ilegales que metieron a Catalunya en el definitivo callejón sin salida en el que nos hemos instalado.

Es por ello que, dado que el sentido común indica que de un callejón sin salida sólo se sale por el camino por el que has entrado, hemos reclamado insistentemente a la mayoría parlamentaria independentista –que no es una mayoría social- el retorno a la vía del diálogo, la legalidad y la construcción de mayorías más amplias, y una calara rectificación del rumbo político de la anterior legislatura. Como hemos dicho a menudo, una mayoría parlamentaria habilita para gobernar, no para subvertir la legalidad ni el normal funcionamiento de las instituciones.

El empecinamiento en la línea Puigdemont de cuanto peor mejor, no puede menos que acabar en fracaso, pero de momento está suponiendo un rebrote de la política populista y la exaltación nacionalista. Ahora, cualquier ciudadano o ciudadana, con una orientación ideológica fanatizada y excluyente puede verse reflejado y amparado por la figura de la primera institución del país. Esta justificación del pensamiento de tinte más supremacista viene a degradar aun más unas instituciones del país ya degradadas y desprestigiadas.

En este sentido, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) se reafirma en las dos líneas de nuestra acción política actual: la total y radical oposición a un uso ilegítimo de las preferencias políticas (no queremos que dejen de ser independentistas, queremos que encaucen de manera democrática y legal sus opciones y respeten a quienes opinan lo contrario), y la construcción de una alternativa política y social que únicamente puede pasar por el retorno a la normalidad institucional, la constitución de un gobierno que acate la ley y gobierne sin sectarismos respetando la variedad y pluralidad catalana, la finalización de la aplicación del artículo 155, la apertura de un proceso de diálogo y la búsqueda sincera y hasta la extenuación de un acuerdo entre catalanes y de las instituciones catalanas con las instituciones españolas. En este sentido, iniciativas como la lanzada hace unos días por Units per Avançar de un Pacto de Estado sobre la cuestión catalana, han de ser acogidas con gran interés, toda vez que ayudan a centrar el debate en la necesidad de un proceso de diálogo, negociación y pacto, proporcionando soluciones pragmáticas a lo que es, fundamentalmente, un problema político.

Ministro de Cultura y Deporte.