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EL PERIÓDICO
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El abuso del poder es subversión


Esta democracia comenzó con un gobierno que era, simbólicamente, un sistema para perfeccionar a las personas. Para protegerlas de los abusos de los poderosos, siempre dominados por la avaricia.

Actualmente parece terminar siendo un sistema que se ha convertido, en muchos aspectos, prácticos, en un protector de los poderosos avariciosos que se mueven en la impunidad de una legalidad concebida, para que sigan medrando al amparo de unas instituciones desviadas de sus fines originales. La ciudadanía más vulnerable parece ser quién sirve a esos plutócratas. Los valores están subvertidos. El balance de los sucesivos gobiernos nos ha traído a una verdadera “contrarreforma” constitucional que restringe derechos y libertades.

Habría que informar al ministro Fernando Grande-Marlaska, tal vez esté de vacaciones, que la UCO, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no tenga fondos operativos es subversión o, al menos negligencia que debería producir un cese. Estas mismas fuentes responsabilizan del parón obligado a los nuevos responsables del Ministerio del Interior, concretamente a la Secretaría de Estado de Ana María Botella. Esos fondos se aprueban mensualmente y es necesaria la autorización de ese catgo de Interior y del responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios, posición que desde hace semanas ocupa el comisario de Policía Nacional José Antonio Rodríguez. Según varios medios, los anteriores responsables del Ministerio dejaron listo el trámite para aprobar los fondos de junio tras la moción de censura, el primer día del mes. Sólo quedaban las dos firmas que, según indican estas fuentes, no se produjeron ni en junio ni tampoco en julio por lo que las fuerzas de seguridad no tienen la autorización para asistir al Banco de España a recabar los fondos necesarios para su actividad. Según informa el medio digital Vozpopuli.

“La comunicación interna lleva la firma de su máximo responsable, el coronel Manuel Sánchez Corbí, y está fechada este miércoles bajo el título “Suspensión temporal de actividades por falta de disponibilidad de fondos de gastos reservados”.”

Todos los corruptos de España están encantados. Son terroristas. Los ciudadanos indefensos. Por su accionar mueren personas desatendidas en hospitales, abandonadas a su suerte en la soledad de sus casas o, como consecuencia de carecer de medios para medicarse o para una alimentación adecuada, morir en la desnutrición.

Que se prefiera proseguir, por ejemplo, con la construcción de un mega submarino tan inútil para la vida de los españoles, como el haber autorizado los sobrecostes en su construcción, para algunos podría resultar una acción que oculta intereses que no coinciden precisamente con los valores constitucionales. Ello repercute directamente en los Presupuestos Generales del Estado. Como continuar con el disparate del AVE, mientras hay una deficitaria conexión entre las ciudades del interior de España. Las comunicaciones en este pobre país son deplorables e irracionalmente articuladas como consecuencia de una aplicación de los recursos ineficiente e intencionada.

España ha invertido en los últimos años mucho dinero en infraestructuras de tren de alta velocidad. Tenemos la segunda red más grande del mundo, sólo superada por China. Entre el año 2000 y el 2017, España ha sido el principal beneficiario de subvenciones de la UE para la alta velocidad. Recibió un total de 11.200 millones de euros, el 26% del coste de la red española. Pero este esfuerzo no se ha traducido en unas conexiones eficaces dentro de la Península Ibérica y con el resto de Europa. El resultado son sobrecostes, retrasos, trenes que circulan a una velocidad inferior a la prevista y falta de pasajeros, según se detalla. Un estudio del Tribunal de Cuentas de la UE, auditó un total de 10 líneas de alta velocidad en toda la Unión Europea, tanto en construcción como ya terminadas. Entre ellas cuatro españolas: Madrid-Barcelona-frontera francesa; Eje Atlántico en Galicia; Madrid-Galicia; y Madrid-León, así como las conexiones transfronterizas entre Figueras y Perpiñán y la "Y vasca".

La principal conclusión: "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa a menudo en consideraciones políticas y normalmente no se utilizan análisis de coste-beneficio para tomar decisiones". No conocer los sobrecostes, y sus receptores, de tamaña barbaridad sería motivo de escándalo en cualquier sistema democrático al servicio de los ciudadanos. Conocer quién se ha beneficiado de ese despilfarro podría aclarar buena parte de los misterios de la carencia de medios para beneficiar a los ciudadanos. Si resultase que ello es así, entonces, la subversión se ha instalado en el sistema.

Como dijimos, si esta democracia debió comenzar con un gobierno que era, simbólicamente, un sistema para perfeccionar a las personas. Para protegerlas de los abusos de los poderosos, siempre dominados por la avaricia. Para evitar que sus libertades fuesen recortadas. Instaurando sistemas de control efectivo contra los abusos empresarios en perjuicio de los indefensos consumidores. Si el sistema no lo está cumpliendo, si ha fracasado estrepitosamente, entonces es que debemos los ciudadanos ejercer nuestros derechos cercenados por los que han subvertido a la democracia. Esa alteración de los subversivos produce víctimas ciudadanas. Por tanto, eso es terrorismo.

“El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable del ser humano y, claro, que produce desorden.” Salvador de Madariaga.

Algo habrá que hacer, desde nuestra capacidad colectiva otorgada por la Constitución, contra los abusos del Poder. Piénselo y no se deje manipular por el marketing político.

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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