Moncloa podría activar la Ley de Seguridad Nacional en Catalunya

El día 1 de octubre, Moncloa emitió la transcripción de la entrevista efectuada por Ángels Barceló al Presidente del Gobierno. En dicha entrevista, Pedro Sánchez aseguro que “el 155 es un instrumento perfectamente legítimo, homologable a cualquier otra Constitución más o menos del mismo tipo de sistema que nosotros tenemos” y que “un Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas. En todo caso, el artículo 155 se puede aplicar con un Gobierno en funciones; sin problemas”. De hecho el artículo 155 es casi una transcripción directa del articulo nº 37 de la Ley Fundamental de Bonn, donde las medidas están más orientadas a la coerción federal que a la suspensión o disolución del órgano territorial.

Ahora bien, pese a la mención al artículo 155 en caso de que las instituciones autonómicas catalanas dejen de funcionar con normalidad como respuesta al posible fallo del Tribunal Supremo, y este hecho, afecte a la red de transporte, a la seguridad pública o al tejido económico, diversos medios de prensa han publicado que el Gobierno perfila un plan gradual de actuación que incluiría la activación de la Ley de Seguridad Nacional del 2015.

De acuerdo con el artículo 10, son ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. De acuerdo con el artículo 23, la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley. Claro que esta situación, y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

El propio articulado de la ley permite su aplicación, toda vez que el concepto de seguridad nacional es definido como “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. En caso de considerarlo así, el Gobierno emitiría entonces un real decreto catalogando la situación como de interés para la seguridad nacional. Tras la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para que ejerciese las funciones de dirección y coordinación de la gestión de dicha situación, los recursos de las diferentes administraciones se pondrían directamente a disposición del estado y la seguridad nacional. El gobierno en funciones, puede aprobar Reales Decretos- ley, en casos de extraordinaria urgencia, que tendrían que ser convalidados en el plazo de 30 días por el Congreso, en este caso en su Diputación Permanente, evitando un vacío de poder del Estado. Sin embargo, la mera declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional y la emisión del decreto real para su declaración constituirían una muestra de lo frágil de la convivencia democrática. De hecho, es el mismo Presidente del Gobierno quien en la entrevista de la Cadena SER transcrita por el gabinete de prensa de la Moncloa asegura que “Cataluña lleva ya más de 10 años viviendo una crisis de convivencia muy intensa. Yo siempre dije, no sólo como presidente del Gobierno, sino como líder de la oposición, que en Cataluña necesitábamos mucha paciencia, mucho sosiego, y, sobre todo, pedirle al independentismo catalán que sea muy consciente de que el problema allí no es la independencia sino que es la convivencia.