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Doscientas mil toneladas

Con el fin de año se clausuró el macrovertedero que la Mancomunidad de municipios del Este tiene en Alcalá de Henares, una reivindicación vecinal y de la izquierda en la zona. Lo triste es que solo es una buena noticia allí, pues se trata de un proceso de cierre por colmatación, previsible, y la necesidad sigue existiendo, no se ha producido ningún cambio que permita hablar de una mejora. En consecuencia, se seguirán produciendo vertidos y la única cuestión a dilucidar es dónde. Convendría subrayar el concepto previsible, sobre el que volveré.

El vertedero de Alcalá, como he señalado antes, es de la Mancomunidad de municipios del Este, que lo gestiona, y sirve a un territorio amplio, con unos 700.000 habitantes en 31 municipios. Ante la perspectiva de la colmatación del vertedero, se inició el proceso de construcción de uno nuevo en otro municipio hace cinco años. El problema viene del desfase entre el necesario cierre del viejo y la puesta en servicio del nuevo, que previsiblemente también será de más de un año. Con este planteamiento, surgen enseguida unas cuantas preguntas, que resumiría en una sola ¿qué han estado haciendo la Mancomunidad y, en especial, la Comunidad de Madrid para llegar a esta situación? Porque al problema inicial se añade ahora ese intervalo en el que no hay donde dejar los residuos, y estamos hablando de más de 200.000 toneladas.

Con la lógica de gestión del PP, basada en el principio “teníamos un problema y lo hemos solucionado”, la situación ha discurrido por los cauces más favorables a sus intereses. El gobierno regional, dada la grave situación y la desatención a sus obligaciones legales, le pide al Ayuntamiento de Madrid que autorice el uso de las instalaciones de Valdemingomez de manera temporal. El alcalde de Madrid, después de unos bandazos incomprensibles de la vicealcaldesa (Begoña Villacís, de Ciudadanos) da el visto bueno, y todo solucionado. Los vecinos de los alrededores, que han peleado durante años para detener el uso de la incineradora, ven ahora como la situación de emisiones y olores se agravará. Son los que de hecho pagarán el coste mayor.

Esto es poco más o menos lo que los medios de comunicación nos han trasladado, en lo que sin duda es el primer gran éxito político de la actual presidenta de la región: ha ayudado a un alcalde socialista y ha fomentado la cooperación entre ayuntamientos de distinto signo. Y todo esto sin coste político, dado que la planta de incineración de Valdemingomez se encuentra en una zona en la que el PP nunca ha conseguido nada, mientras que gobierna en algunos municipios del Este y tiene expectativas en casi todos.

Decía al principio que la palabra clave era previsibilidad. Era previsible que el vertedero de Alcalá se llenara (y por cierto, Pinto y Colmenar, que son los otros dos que quedan en la región, van por el mismo camino). La Mancomunidad empezó a moverse en 2015 pero la Comunidad de Madrid, que debía aprobar el plan, no cumplió los plazos y ya en diciembre de 2018 empezó a presionar a la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se negó a la operación.

La Comunidad de Madrid, responsable de la planificación ambiental y la política de residuos en la región, lleva muchos años sin tener ninguna estrategia, tantos como tiempo lleva en el gobierno regional, y ha procurado que los ayuntamientos mantengan una gestión “convencional” del asunto sin atender las exigencias que se derivan de la normativa europea. Y para esto, el sistema de gestión basado en mancomunidades le ha venido bien. De hecho, en lugar de ejercer su competencia al respecto, Esperanza Aguirre la delegó en ellas por decreto y sin acompañarla de la necesaria financiación. Las mancomunidades permiten optimizar los costes una vez se tiene una estrategia clara, pero son contraproducentes si no existe esa estrategia, como ha sido el caso, porque cada municipio es soberano a la hora de establecer su política.

Esta aparente falta de dirección y de sensatez de la Comunidad no es tal, como cabe suponer. Los vertederos los están gestionando grandes empresas que cobran por tonelada tratada, así que considerando cómo funciona el PP de Madrid es obvio que en el gobierno regional no hay nadie que quiera una reducción real de residuos hasta que no quede más remedio. Es difícil que alguien entienda algo si le pagan por no entenderlo.

Valdemingomez, que depende del ayuntamiento de Madrid, es la única instalación en la región que realiza el ciclo completo de recogida y tratamiento de los residuos desde el origen, separando también el orgánico para el compostaje, sobre la base de un plan que tenía como objetivo cerrar la incineradora en 2025. Este ahora se ve obstaculizado porque los residuos que vienen de la Mancomunidad del Este no están separados, no todos los municipios hacen recogida selectiva (Alcalá, por ejemplo, sí lo hace). La consecuencia es que la vida útil del vertedero de Valdemingómez se reducirá, el coste de tratamiento de los residuos en la planta aumentará (y eso va a cargo de los vecinos de Madrid), y la ausencia de separación reducirá la eficiencia de la planta, lo que se traducirá en un incremento del problema de olores. Dadas estas consecuencias, y considerando que se trata de un problema temporal, cabe preguntarse por qué no repartir el total entres las otras infraestructuras disponibles.

La respuesta es obviamente política. En otras localizaciones la decisión tendría coste político, y en Vallecas, principal zona afectada, no. No sólo eso: los vecinos de los distritos colindantes con la planta, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), colectivos ecologistas y la izquierda madrileña han venido peleando por reducir la actividad de Valdemingómez, mientras que en los municipios del Este lo han estado haciendo por el cierre del vertedero de Alcalá. La situación en la que se encuentran estos movimientos es ahora singular: todas las soluciones son malas. Singularmente mal queda el PSOE-M, dado que los socialistas han estado en los dos frentes y ahora la dirección regional no ha salido a explicar la situación, ni a presentar una propuesta coherente, ni a apoyar al alcalde de Alcalá, que en su calidad de presidente de la Mancomunidad es quien va a cargar con el coste político de toda la operación (cuando es el que realmente ha cumplido su deber).

Hay que repensar la respuesta a este tipo de callejones sin salida, porque la situación a la que se ha llegado no es una novedad, y no será infrecuente. De hecho, es previsible que a lo largo de esta legislatura suceda de nuevo con otro macrovertedero. Es evidente que, en este caso, el responsable de la planificación y la estrategia (el gobierno regional madrileño) tiene objetivos e intereses diferentes al conjunto de la ciudadanía, lo que conduce a puntos en los que las respuestas son perentorias y las soluciones posibles, indeseables. Esas doscientas mil toneladas son, para unas pocas empresas, importantes beneficios, y para los vecinos afectados, malos olores, emisiones contaminantes y, probablemente, enfermedades. Una política ambiental sensata pasa por establecer objetivos a largo plazo y políticas para su consecución, que pueden no ser tan lucrativas como otras para ciertos intereses. Caso contrario, como estamos padeciendo, lo que se hace es socialización de costes y privatización de beneficios, y esta también es una actitud muy previsible de la derecha.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.