LA ZURDA

De la emergencia climática a la transición justa

El Consejo de Ministros (y Ministras) del pasado 21 de Enero aprobó la declaración de emergencia climática que desde tantos colectivos se había reclamado. Es una propuesta política de mucho calado, y que adquiere aun más sentido y profundidad visto como se están poniendo las cosas en este país. La reciente cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático fue tan pobre en resultados que los compromisos voluntarios sin posibilidad de verificación independiente parecían hasta un avance, así que cumplir lo anunciado tiene mucho valor.

Este paso es solo el marco conceptual en el que han de colocarse tres actos con valor jurídico-político: la ley de cambio climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Descarbonización 2050. Y es en ellos donde vamos a apreciar la apuesta política real, porque deberán fijarse objetivos concretos, que al menos han de ser coherentes con la estrategia de la Unión Europea. Y en este terreno, esa ambición la vamos a poder medir no solo con la propuesta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también es importante cómo se plantee la cuestión clave que da nombre a la Vicepresidencia: la transición ecológica.

En realidad, ese nombre tiene que llevar otro apellido, el de transición justa, porque muchos de los miedos de amplios colectivos de trabajadores tienen fundamento. Dicho de otra forma, las grandes cifras salen, se creará empleo y nuevas actividades económicas y es seguro que el saldo final será muy favorable, pero transitar de la situación actual a otra en la que nuestra base energética sea renovable, nuestra economía este descarbonizada y tenga mucha menos huella ecológica generará desequilibrios territoriales y sectoriales ante los que habrá que tomar medidas de compensación. Pongamos un ejemplo: el fin del uso del carbón, a corto plazo, va a suponer perdida de puestos de trabajo en las minas y las centrales térmicas, junto con muchas actividades auxiliares. Si bien no es un volumen grande en el conjunto de la economía española, si tiene un efecto devastador en las economías locales en las que estas actividades eran importantes. Atender a esos colectivos y territorios forma parte de la transición justa.

Este asunto es muy evidente, pero no es lo único, como cabe suponer. En el capítulo energía, entre las cuestiones urgentes está trasponer la normativa energética europea en materia de energías limpias, orientada a promover la energía comunitaria, que probablemente será un gran motor de actividad en escalas locales. Un segundo tema es la adaptación, cada vez más relevante y que como consecuencia del paso de “Gloria” se ha colocado en el centro de la preocupación nacional; una estrategia marco es imprescindible para poder articular planes regionales y locales. Es una cuestión que necesita una reflexión más profunda, al igual que otra de las cuestiones a abordar: el papel que ha de jugar la agroecología. Dado que la alimentación es un componente básico de la política de cambio climático, nuestras decisiones afectan y mucho al volumen de emisiones, y la agroindustria no está reflejando los costes ambientales en los precios.

En mi anterior artículo ya planteé la complicada situación de los residuos en Madrid; lo cierto es que no es una situación aislada, y urge un cambio de estrategia dirigida al residuo cero y a una economía realmente circular. En este terreno, hay temas delicados que abordar, como es el caso de la limitación en el uso de plásticos o la promoción del compostaje. Y vinculado con esto se encuentra la necesaria limitación a la extracción de materiales, que atañe directamente a nuestros niveles de consumo: los productos han de ser realmente duraderos y reparables, por lo que ha de abordarse el problema de la obsolescencia programada.

Y para el final me dejo lo más importante: todo esto hay que financiarlo. Y en efecto nuestro sistema fiscal no esta adecuado para el desafío. Desarrollar una fiscalidad verde tiene una complejidad mayor que la simple aplicación del principio “quien contamina paga”, pues se trata de cambiar el sistema de incentivos de la economía en su conjunto. Con esta visión rápida creo que he avanzado un poco la delicada agenda que tiene por delante el nuevo gobierno: pasar de una declaración a políticas de profundo impacto social, pues es evidente que solo con un reparto equitativo de costes será posible la transición.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.