Política de ficción

Muchos recordarán cómo el Gobierno de Aznar, cuando el gran atentado yihadista de 2004, confundió inicialmente a España y al mundo culpando a ETA del crimen, en la confianza de que eso le ayudaría a ganar las inminentes elecciones. Pronto resultó patente, a España y al mundo, que no había sido ETA. Sin embargo, después de las (perdidas) elecciones, una cierta derecha mediática y una parte del PP siguieron dándonos la tabarra, alimentando la ficción y fomentando la crispación durante años.

Otro ejemplo. No hace mucho, un policía sanchista (de Sancho Panza), en un alarde de ese crudo realismo que a veces se apoderaba del escudero del Caballero de la Triste Figura poniendo en entredicho su ficción caballeresca, supo ponerle los pies en el suelo a un manifestante independentista que se remitía a la “república catalana” con las contundentes palabras: “la república no existe, imbécil”.

Como no existen tampoco “el derecho a decidir” ni “el derecho a poner las urnas” que reivindican los independentistas catalanes dentro del estado democrático. Y fuera del estado, en puridad, no hay derecho. Hay la ley de la selva, la ley del más fuerte. Por tanto, si el estado no cambia la ley, sólo vale la fuerza. La que los “vizcaínos”, como ya decía el gran Gracián, proclives a ir a derecho y no andarse con tonterías, escogieron y fracasaron. Ahora se han puesto en modo hiperrealista. No parece que la cobarde e inútil “finessa” mediterránea de Puigdemont que, frente a la vía de la fuerza, ha escogido la maraña del dolo, llegue más lejos.

Pero a largo plazo no hay que subestimar el papel del mito y la ficción. Frente al estado, que es más bien un constructo racional, el mito, la ficción, la distorsión histórica, han forjado incluso naciones. Los más perspicaces – por ejemplo, en Cataluña – han sabido alimentarlo a largo plazo, y ahí tenemos la fortaleza social del mito catalán independentista. Solo que este mito es ya históricamente obsoleto y todo indica que, en la época de la globalización y la unificación europea, como otros mitos regionales en Europa, sólo encontrará redención cuando, tal vez algún día, las regiones (posiblemente los colectivos territoriales de más arraigo en el continente) acaben asumidos, junto con los estados-nación, en esa síntesis históricamente superior que será la unión europea.

A corto y medio plazo, sin embargo, la ficción, su humo y su cacofonía, seguirán perturbando al ciudadano y el buen funcionamiento de la política. Aunque, mayormente, no tienen gran recorrido, como estamos viendo en el caso de Venezuela. ¿Dónde está aquí el delito? Los supuestos afectados, la UE y Guaidó, ya se han manifestado poniendo en solfa la tonta algarabía de la derecha. Y, si no, como en la mayor parte de los casos, serán las propias instituciones del estado con su cotidiano, inexorable y normal funcionamiento, las encargadas de ir disipando el humo y poniendo las cosas en su sitio. Pues nuestro estado democrático liberal representativo, aun siendo el más libre, tolerante y omnicomprensivo de la historia, es un estado fuerte. El que, no en vano, sigue siendo el Leviatán, el dios en la tierra, que decía Hegel, el “ens realissimum”.

Así hemos visto ya cómo el estado, a través de los jueces, ha puesto definitivamente al descubierto la corrupción en el PP (y otros partidos) y ha colocado el doloso embrollo independentista catalán frente a su espejo y ante el espejo del mundo. Y cómo, recientemente, el solo y normal funcionamiento de las instituciones ha desmentido que Albert Rivera hubiera ganado las elecciones en la derecha y fuera el jefe de la oposición como reivindicaba, o que Sánchez fuese el jefe de una banda o un felón y traidor. ¿Cómo podría haber sido investido con toda normalidad si estos gruesos insultos fueran hechos? El Estado, “ens realissimum”.

En España, con aún poco tiempo de rodaje en el sistema, el mismo desconocimiento popular de los mecanismos democráticos contribuye muchas veces a que la ficción se reafirme. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez dice “ingenuamente” que va a traer a Puigdemont a España, pues es el gobierno quien nombra al fiscal general, el poder de la ficción le obliga a pseudo-desdecirse e incurrir en la ficción de pedir excusas sucumbiendo a la ficción de la ficción de que lo que ha dicho implicaría un ataque a la división de poderes. No lo es. ¿Por qué nuestros políticos muchas veces no tienen la suficiente gallardía para llamar las cosas por su nombre?

Al fiscal general lo nombra el gobierno. Es una forma de validación democrática en relación con el tercer poder como lo es, por ejemplo, el nombramiento por el gobierno de turno de los jueces del tribunal supremo en EE.UU. Y es algo, por lo demás, muy común en los países democráticos. En algunos el fiscal general es, incluso, el ministro de justicia. Nombrado por el gobierno será, lógicamente, de la cuerda del gobierno, lo cual no afecta a su obligación de ser independiente, autónomo y sometido a las leyes.

Claro, el gobierno podría seguir alimentando la ficción nombrando a un (así llamado) “independiente”. Pero resulta que la diversidad ideológica es un supuesto fundamental del sistema y lo más funcional para su buen funcionamiento es que la (por otra parte, inevitable) opción ideológica de los servidores del estado esté cuanto menos camuflada y más patente posible, mejor. Todo esto los juristas lo saben, incluso aquellos que, desde el CGPJ, se prestaron a dar una vuelta más a la tuerca de su propio desprestigio aventando humo sobre “idoneidades” de la última candidata al puesto por las que ni se les preguntaba ni eran de su incumbencia. Y ello a pesar de los esfuerzos de su presidente para evitarlo reduciendo la pregunta a sus mínimos legales. Será, otra vez, el normal funcionamiento del estado quien, por la vía de los hechos, acabe desmintiendo ante el desorientado ciudadano la supuesta anormalidad del último nombramiento de la Fiscal General del Estado.

Sigamos con el tercer poder. Existe en nuestro país una opinión muy extendida de que los jueces no son independientes, probablemente confundiendo, injustamente, la politización de los órganos de gobierno de los jueces con el ejercicio concreto de la función de impartir justicia de cada uno de ellos. De hecho, es fundamentalmente a su politización a la que se atribuye el actual desprestigio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero resulta preocupante que exista ya una fuerte corriente de opinión entre jueces de diversa adscripción ideológica y en algunos partidos que, para remediarlo, aboga por que sean los propios jueces los que nombren a la mayoría de sus miembros, es decir a todos cuyo nombramiento por el parlamento no es preceptivo según el art. 123, 3 de la Constitución. Tal vez desconocen que este es un viejo problema y que nada menos que Max Weber, hace ya exactamente un siglo, denunció que ello haría al órgano más corporativista, sesgadamente conservador (porque la mayoría de los jueces, decía, tienden a ser conservadores) y menos representativo. ¿Es eso lo que queremos? No es la política, sino la partitocracia la que ha contaminado de forma disfuncional este y otros sectores de la política española de los últimos cuarenta años. Búsquese, por tanto, una vía de designación parlamentaria de los miembros del CGPJ lejos del desacreditado sistema de cuotas, menos partidista y más objetiva –¡que la hay! -, evitando caer en el espejismo de la falsa independencia del corporativismo y haciendo bueno el mandato constitucional que reconoce que el tercer poder también “emana del pueblo” y es, por tanto, tarea de la política.

Otro abuso partidista en el marco del tercer poder es lo que los americanos (siempre con más experiencia en el uso y abuso de las normas democráticas) llaman “hard ball” (juego al límite), consistente en boicotear con argucias legales y por intereses partidistas el obligado nombramiento de los miembros de los órganos constitucionales exigidos, según como, en cada legislatura. Lo hizo en su día Rajoy a la espera de conseguir una mayoría de miembros conservadores en el Tribunal Constitucional que aguasen (como así fue) el Estatuto Catalán de Zapatero (ya aprobado por el parlamento español y por un referéndum en Cataluña) y lo amenaza con hacer ahora Casado, ya abiertamente y sin argucias (no sé si por ignorancia o por desfachatez), bloqueando la ya necesaria, obligada y urgente renovación de los miembros del CGPJ. Y es que esa clase de bloqueos no es un derecho de los partidos. Por el contrario, ellos tienen la obligación, aunque estén en minoría por haber perdido las elecciones, de colaborar para garantizar en todo momento el buen funcionamiento del CGPJ y de los demás órganos constitucionales tal como prevé la ley y corresponde al buen servicio a los ciudadanos.

Estos deberían tomar nota de quienes boicotean interesadamente el buen funcionamiento de las instituciones y/o son adictos a la confusión, “al humo y al ruido”, como ya decía Gracián. Y el cuarto poder, los medios de comunicación, deberían contribuir a la noble tarea de ilustrar al ciudadano y dispar la confusión, contribuyendo así a esa transparencia que, según el “irrefutable” Kant (Ortega dixit), es ineludible para el buen funcionamiento de cualquier estado “de constitución republicana”. Parece, sin embargo, que algunos de ellos más bien contribuyen a cimentar la ficción.