Del requerimiento al diálogo

“Llegados a este momento histórico, y como president de la Generalitat, asumo al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlamento y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que corresponde hacer hoy. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible una solución acordada”.

La traducción al castellano es mía y es fiel al texto repartido por el gabinete de comunicación de la oficina del president.

Así, Carles Puigdemont presenta unos resultados, asume un mandato y suspende una declaración no realizada, en un pleno parlamentario que no tomó acuerdo alguno. Además, tras la sesión parlamentaria que nos sumió a todos en el desconcierto, enojó a la CUP y decepcionó a miles de manifestantes que habían sido convocados a la proclamación de la independencia, los diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en tanto que “los legítimos representantes del pueblo de Cataluña”.

Los socialistas catalanes, a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, habíamos conseguido anular una comparecencia del presidente el lunes que debía servir para activar lo previsto en el artículo 4 de la ley del referéndum de autodeterminación, suspendida en su vigencia por el propio Tribunal Constitucional. Dicha convocatoria fue sustituida por otra en la que ya no se hacía referencia a la ley suspendida y se limitaba a una comparecencia del president para analizar la situación política. A pesar de que la mayoría independentista había anunciado una y mil veces que ya no aceptaba la autoridad del Tribunal Constitucional, al menos en esta ocasión sí lo hizo. Y me alegro.

La pregunta es bien sencilla, se le pide al president de la Generalitat que confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña

En mi intervención en el debate y sobre la marcha introduje algunos elementos que me parecieron relevantes. En primer lugar dije que “no se puede suspender una declaración que no se ha hecho”. En segundo lugar, recordé nuestros argumentos: “no se puede situar a las instituciones fuera de la legalidad, no hay solución unilateral e ilegal a la relación entre Cataluña y el resto de España, el 1 de octubre no se celebró un referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que se habían comprometido, y, sobre todo, la opinión de una minoría, por importante que sea, no puede imponerse a la mayoría”. Y, en tercer lugar, formulé tres preguntas que no obtuvieron respuesta: “¿No es cierto que la proclamación de resultados de la jornada del 1 de octubre corresponde a una Sindicatura Electoral que ya no existe?”, “¿Estamos poniendo o no en marcha las previsiones de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad?” y “¿Ha declarado usted la independencia?”.

El gobierno de España, que tenía todo preparado para el escenario de una declaración de independencia, fuera directa o en diferido, ajustó su decisión al nuevo escenario y se ha limitado a trasladar, en forma de requerimiento, una pregunta al president de la Generalitat, cuya respuesta puede activar o no las previsiones del artículo 155 de la Constitución. La pregunta es bien sencilla, se le pide al president de la Generalitat que confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlament implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor. De hecho, se le formula la misma pregunta que yo le hice en el Parlamento sin obtener respuesta.

El president Puigdemont ha de contestar antes del lunes 16 de octubre a las 10 la mañana, y tendría de plazo hasta el jueves 19 de octubre a las 10 de la mañana para revocar u ordenar revocar dicha declaración de independencia si se hubiera producido.

Veremos cuál es la respuesta del president Puigdemont a este requerimiento. Hasta donde yo entiendo, ni él, ni el gobierno, ni el Parlamento, ni ninguna institución catalana ha declarado la independencia. Me atrevería a pedirle, pues, que conteste al requerimiento, diciendo la verdad, con un simple “no”. Y quizá podría aprovechar el escrito para añadir como anexo las famosas 46 demandas pendientes que él mismo en nombre del gobierno de la Generalitat trasladó hace tiempo al presidente Rajoy. De este modo, la respuesta al requerimiento del gobierno de España no sólo evitaría la activación de las previsiones del artículo 155 de la Constitución española, sino que podría significar el inicio de un diálogo pendiente hace ya demasiado tiempo.

El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, está comprometido en la defensa del Estado de derecho y de la legalidad constitucional y, al mismo tiempo, en el objetivo de impulsar una reforma constitucional federal que pueda encauzar muchos de los problemas que hoy bloquean la política catalana y española. Y a esos dos objetivos se atiene su colaboración con el gobierno de España. Estoy muy orgulloso de que los socialistas no sólo tengan voluntad de diálogo, sino que hayan impulsado instrumentos para el diálogo (la Comisión para la revisión del modelo territorial y, especialmente, el compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con Mariano Rajoy de activar en seis meses el trabajo en Comisión para la reforma constitucional), y que disponga de un amplio abanico de propuestas concretas, recogidas tanto en los Acuerdos de Granada de 2013 como en la Declaración de Barcelona de 2017.

Todavía es pronto para saber si nuestros esfuerzos darán fruto a corto plazo, pero lo que es seguro es que, cuando llegue, la solución llevará entre otras, pero de forma bien destacada, la firma de los socialistas catalanes y españoles.