Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

El desconfinamiento social del desempleo estructural


De la Gran Depresión a la Gran Recesión del 2008 hasta el Crac del COVID -19 en 2020, y tiro porque me toca. En España el endémico desempleo estructural ha ido creciendo desde los años 90 con 2 millones parados/as, hasta 2008 con 3.206.800 y una tasa de desempleo 13,79 %, según EPA, cifra que ya jamás vio descenso. A partir de 2009 la crisis se dispara, la tasa de paro alcanza el 18,66 % y 4.335.000 desempleados/as, en 2010 una tasa de 20,11%, y 4.702.200 personas en desempleo, 2011 cierra con una tasa de 22,56 % y un total de 5.287.300 paradas/os, y la máxima de paro (25,77 %) en 2012, cierra con 6.021.000 de desempleados/as, siguiendo también a la EPA.

Mas a partir de este año 2012 comienza el confinamiento, un progresivo deterioro de la calidad de vida de las personas desempleadas, que desemboca en carencia material y pobreza. El progresivo apartheid de los/as trabajadores/as en desempleo, de la vida social, laboral y del resto de trabajadores/as asalariados/as, establece una nueva clase social en territorio de nadie hasta la fecha. La reclusión de las personas desempleadas en los hogares fuera de decentes contratos de trabajo, hace elegir a éstos/as entre un encierro obligado o un destierro a la miseria. Y es que las cifras de desempleo comienzan a descender, sí, pero a costa de la calidad del trabajo, con inestabilidad laboral y mano de obra barata, abriéndose todo ello paso a través de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, con el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que rectifica arbitrariamente el sistema de remuneración, cuantía salarial, horario, distribución del tiempo, movilidad geográfica y funcional… se va expulsando a los/as “inadaptados/as”, se autoriza el “descuelgue” de los convenios colectivos, y el Estatuto de los trabajadores es vapuleando. Con la excusa del lento crecimiento de la recuperación económica y la deuda pública, se consagra la desigualdad monetaria mediante una contención salarial y del gasto público sin precedentes, a favor de la desregulación económica para la concentración de la riqueza en las corporaciones empresariales y financieras. Y como la política presupuestaria no resuelve la situación, como en 2013 continúan en alza las cifras de paro (5.935.600 personas, una tasa del 25,73 %), se promueve el contrato precario y el trabajo a tiempo parcial, que se ceba sobre todo con las mujeres. Suerte que el TC declara inconstitucional la disposición adicional de la Ley General de la SS de 1994, referida al cómputo exclusivo de las horas trabajadas en los contratos a tiempo parcial, para acreditar los períodos de cotización requeridos a fin de acceder a las prestaciones, sobre todo de jubilación (Sentencia TC 61/2013, de 14 de marzo), intentado establecer así la igualdad de requisitos respecto a los/as empleados/as a tiempo completo, una bomba de oxígeno para los/as desempleados/as, que en su mayoría se incorporan al mundo laboral a través de contratos a tiempo parcial.

En definitiva, la economía comienza a crecer a costa de la calidad de vida de personas trabajadoras empleadas y desempleadas, que entran y salen del mercado de trabajo, empleados/as en riesgo de pobreza al vivir con ingresos salariales inferiores al 60% de renta media (poco más de 700 euros/ mes), y sobre todo desempleadas/os con prestaciones inferiores al umbral de la pobreza (unos 400 euros/mes). España muestra un mapa de pobreza severa (un total 9,2% de la población). Mientras prosigue la recuperación económica, a través de rescates a los bancos por los bancos centrales, la contención del flujo monetario, la privatización de lo público, las políticas de austeridad (recortes) en gasto social, y la falta de control de la evasión fiscal, en vez de apostar por un sistema de salud pública, educación y asistencia social consistente. 2014 se mantiene en los 5.457.700 parados/as (tasa de 23,70 %), 2015 cierra el año con una tasa de paro de 20,90 % (4.779.500 personas), y 2016 con una tasa del 18,63 % (4.237.800 personas). Siguiendo la ligera desescalada, 2017 España cierra con una tasa del 16,55 % (3.766.700 personas en paro) … ya se aprueba una subida de Salario Mínimo interprofesional (SMI) de 707,6 euros, el mayor % desde antes la crisis (un ridículo 8%).

Llegando a 2018 con 3.304.300 personas en paro ( tasa del 14,45%), la economía se estanca, no hay consumo y se necesita reactivar el gasto público, las personas y las familias no se han podido recuperar de la crisis del 2008 al no redistribuirse los recursos, demasiada población con ingresos inferiores al 30% de la renta media (el 13,9% según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018), la población sufre de carencia material (el 5,4 % severa), lo que no ocurría en 2008. Demasiados/as trabajadores/as están en riesgo de pobreza, no llegan a final de mes con su salario, y la clase media aguanta gran parte de la recaudación del IRPF. Es fácil deducir el porqué del incremento de parados/as pobres ( del 31,3% en 2008 al 46,8% en 2018, también siguiendo la ECV 2018 del INE), y es que se ha elevado el número de personas desempleadas de larga duración (el 60% mujeres), y la mitad ya agotaron las prestaciones, que se perciben cada vez menos (la tasa de cobertura en 2008 era de 76,5% y en 2018 de 60,4%), porque entre otras se aumentaron los requisitos, ello conlleva a la solicitud de más ayudas asistenciales (Rentas Mínimas), de menor cuantía debido al uso como referente del IPREM para recibir ayudas y subsidios, congelado en su subida a diferencia del SMI. En conclusión, la mitad de la población en desempleo vive en riesgo de pobreza (por debajo del umbral en 2018 que son unos 8.871 euros/año), a la que se suma la empleada confinada en contratos precarios, y que debido a la brecha SMI / IPREM (subida del SMI sin subir el IMPREM), percibe un leve aumento salarial que le hacer salir del baremo de un IPREM muy bajo, perdiendo el derecho a percibir las ayudas asistenciales que antes recibía. Con el indicador IPREM el Estado ahorra en gasto social, pero a costa de expulsar de la red asistencial a los/as trabajadores/as de bajos salarios, asignatura pendiente es mantener un único indicador, el SMI para pobres y ricos. Pero la preocupación por la situación no se produce hasta que la ECV 2019 evidencia que el 29,5% de la infancia se encuentra en riesgo de exclusión social por la pobreza.

Y en 2019 se regresa a las cifras de la Gran Recesión 2008, con 3.191.900 parados/as y una tasa de desempleo del 13,78% según EPA, y vuelta a empezar. Dato llamativo es la proliferación del recurso a la Ayuda Familiar, un subsidio de 430 euros/mes para responsables familiares en paro sin prestación (en su mayoría mujeres), y es que las pensiones de los/as mayores amortiguan la pobreza de las familias. El paro se concentra en el sector servicios e industria, seguido de la construcción, también desciende el número de trabajadores/as por cuenta propia, el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización, modifica las cotizaciones a la SS y deja al descubierto la figura del falso autónomo con sanciones a las empresas, se reduce la cifra que hasta entonces ascendía a más de 200.000 de trabajadores/as en dicha situación.

En 2020 llega la desaceleración económica, en el 1º trimestre el desempleo retoma las cifras de 2018 (tasa de 14,41 %, por sexo 12,8% hombres y 16,2% mujeres), 3.313.000 parados/as, según EPA, teniendo en cuenta que tras el Estado de Alarma por el COVID-19, a partir del 15 de marzo se va elevando, enmascarando la situación económica de fondo, pues los protagonistas son los ERTEs y la reincorporación a las empresas en “seis meses”, por lo que no se computa a estos/as trabajadores/as como desempleados/as. No obstante el problema continúa ahí y dista de ser solo un X volumen de ERTEs (parados/as con prestación y contrato de…), sino la suma de los/as autónomos/as en situación de cese de actividad, y trabajadores/as en desempleo a causa del COVID-19 (con solo un mes de subsidio extraordinario por fin de contrato temporal ), más los/as parados/as con anterioridad al Estado de Alarma, afiliados al SEPE o no, que van a agotar o agotaron la prestación, y los/as parados/as de larga duración que carecen de cobertura. Se regresa al número de desempleados de 2017 con una tasa de paro casi del 17%, debido a los puestos o empleos perdidos (en realidad despidos a pesar de la prohibición del Gobierno.), es evidente que las empresas han optado por reorganizar de manera radical sus recursos humanos ignorando la posibilidad del ERTE. El empleo cae en el sector servicios (sobre todo turismo y hostelería), educación, cultura, comercio y construcción, mientras sube la afiliación en sanidad y agricultura. Los más afectados por el desempleo y la pobreza son jóvenes (33,1%), madres solas, menores pobres, personas mayores solas, y personas en la economía informal. Quizá nota de consuelo sea el avance en la flexibilidad de los permisos laborales para la conciliación y corresponsabilidad social, con la posibilidad de adaptación de horarios laborales y reducción de jornada para el cuidado de menores, mayores, dependientes o enfermos. Así mismo podemos dar bienvenida a las “grandes ganadoras”, el personal empleado de hogar, en su mayoría trabajadoras domésticas, con subsidios del 70% de la base reguladora, es la 1º vez que acceden a una prestación por desempleo (el Sistema Especial para Empleados de Hogar sigue sin cotizar para esta prestación), cabe esperar que se queden.

Recuperando la cuestión de la desaceleración económica. Continúa la desigualdad de salarios a la baja mientras las condiciones de vida siguen siendo altas, ello tiene su repercusión en los/as desempleados/as y sobre todo en las familias, que no pueden consumir, por tanto, las empresas tampoco pueden vender, sin ingresos dejan de pagar salarios, lo que provoca más paro. Este bucle que viene de largo planta cara en la crisis del coronavirus mostrando la pobreza severa en España que no baja del 9,18% de la población, y se manifiesta no precisamente con cacerolas ni pancartas, en la Capital son interminables las “colas del hambre”, personas a la espera de recibir ayuda del Banco de alimentos de Madrid. De justicia la “gentileza” de los anticipos para pago de ERTEs y demás prestaciones, por parte de la Asociación Española de la Banca, CECA y UNACC, un poco tarde, pero con suerte sin vuelta. Por lo demás, no queda otra solución que recurrir a inyecciones valientes de liquidez monetaria para personas y familias, razonable es la subida del SMI a 950 euros para 2020, así como movilizar 200.000 millones de euros entre fondos públicos y privados, acompañado de moratorias y garantía de servicios esenciales para la ciudadanía, con o sin Crack del COVID-19. Viene un mañana de crecimiento lento, temporalidad en el empleo y desigualdad, donde una Reconstrucción Social y Económica, ante un escenario de contracción y deuda pública, ha de acometer una reducción de la tasa de paro mediante inversión en empleo público, progresión fiscal y aumento del gasto social, dirigido a estimular el crecimiento del empleo, salarios y subsidios, garantizando así los ingresos de la población para asegurar el consumo, y a su vez la asistencia social, la salud y la vida. La subida del SMI y un Ingreso Mínimo Vital puede ser la solución a una España de alta tasa de desempleo y pobreza, pero no sin la redistribución de los recursos y la riqueza para evitar una nueva Gran Recesión de “recortes y rescates” con sus miserias.

Politóloga. Representante de la Plataforma “Familias Diversas, Iguales Derechos”. Por una Ley de Igualdad de Diversidad Familiar.

Periodismo riguroso y con valores sociales
Necesitamos tu apoyo económico para seguir contando lo que otros no cuentan. Para donar haz clic en el botón "COLABORA" de abajo. Muchas gracias por tu apoyo.
Slider