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Una vida digna sin dejar a nadie atrás: el ingreso mínimo vital

Con la aprobación del conocido como Ingreso mínimo vital, España da un paso adelante en una materia que sigue estando pendiente de resolver, como constatan todos los datos que conocemos y como señalo también, por ejemplo, el último informe del relator de la ONU en su informe sobre la situación de la desigualdad en nuestro país.

España es un país con cifras alarmantes de pobreza y desigualdad a la cola de Europa o a la cabeza de los países más desiguales, con cifras de pobreza infantil cercanas cuando no superando el 30 por ciento y un mercado laboral que supone una revolución hacia atrás, perdiendo el trabajo su condición de requisito para la inserción laboral y social ya que se puede tener trabajo y seguir siendo pobre en el surgimiento de lo que viene en conocerse como “el precariado”.

Desigualdad y pobreza ante la que no hay, además una respuesta estatal y unificada que reduzca la exclusión y la pobreza. El ingreso mínimo vital aunque es un esfuerzo quizá insuficiente aún era y es necesario y supone un esfuerzo sin precedentes por acortar la brecha de la desigualdad y combatir la pobreza en nuestro país de una vez por todas, de su buena aplicación, reduciendo por ejemplo la burocracia que se exija para obtener el ingreso y que los fondos que hoy destinan las Comunidades Autónomas a la pobreza (rentas mínimas) se mantengan para complementar el ingreso sin desviarse a otros menesteres (como paso por ejemplo en Madrid con la aplicación de la ley de la dependencia) dependerá su éxito y que sirva para reducir la exclusión y la pobreza.

La pobreza, como bien sabemos hoy, es multidimensional y no puede definirse solo por la economía o los ingresos pero la economía y los ingresos son imprescindibles para poder acceder a los recursos y a la vida digna; la pobreza tiene que ver con la economía, con las oportunidades, con el acceso a los recursos (poder calentar la casa, comer carne, salir de vacaciones, acceder a la educación, a la sanidad….), con la creación de redes de apoyo, solidaridad y cuidado mutuo y, por tanto, intervenir en pobreza es trasferir recursos económicos para empezar y después intervenir en el resto de elementos estructurales que explican la pobreza porque aunque parezca algo muy básico hay que empezar por recordar que la gente pobre o en exclusión son víctimas, que nadie escoge la pobreza y que no se puede abordar la misma desde una perspectiva individualizadora y culpabilizadora como con frecuencia suele hacer el neoliberalismo en el que hoy nos encontramos inmersos.

La dignidad de las personas es o debería ser un factor innegociable, una sociedad que no garantiza que sus ciudadanos y ciudadanas puedan vivir con dignidad es una sociedad indigna, insolidaria, injusta y que necesita ser cambiada con urgencia.

La dignidad no es negociable, ni discutible, es un derecho humano fundamental que tenemos la obligación de garantizar como sociedad con recursos, con medios y generando oportunidades.

Cuando no se tiene acceso a la dignidad para vivir todo se ve afectado y se entra en un bucle en el que la supervivencia se convierte en lo central no quedando tiempo para otras cosas porque lo importante es vivir, es sobre vivir; no se avanza, uno se siente mal, se aísla, se auto excluye, se margina, reacciona con ira a veces, abandonándose otras y salir de este bucle resulta sumamente complejo y requiere esfuerzos múltiples que van más allá de aportar solo recursos económicos que resultan tan necesarios e imprescindibles como insuficientes para un abordaje integral de la exclusión y la pobreza.

La inserción es un proceso complejo que implica mucho más que generar trabajos precarios o temporales, la lucha contra la pobreza es la intervención en nuestra sociedad para generar dignidad y una vida digna es clave y fundamental para cualquier ser humano.

Por eso hay que agradecer el desarrollo por fin de una renta global que combata la desigualdad pero hay que plantear que se necesitan más y mejores medidas para completar las medidas económicas con medidas sociales o de generación de oportunidades.

Doctor en psicología, presidente de la Fundación Psicología sin Fronteras, vocal del colegio oficial de psicólogos de Madrid en intervención social y emergencias. Trabaja en la actualidad en el Ayuntamiento de Getafe en el área de salud, consumo y adicciones, con más de 15 años de experiencia docente en diferentes universidades y con varios libros y artículos.