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Vulneración de los Derechos Humanos en las residencias de personas mayores y discapacidad en Madrid

Cada día conocemos un detalle más de lo ocurrido en las residencias de mayores de la comunidad de Madrid y la gestión de la Comunidad de Madrid y cada día toca llevarse las manos a la cabeza y pedir responsabilidades públicas y posiblemente judiciales sobre lo ocurrido.

Es verdad que las cosas veían de antes, que estaban ya mal gestionadas, que las residencias como los servicios a personas mayores se habían convertido en un mercado sin casi reglas en la que lo único que cuenta es el precio, y cuanto más baratas se hagan las cosas mejor en una máxima neoliberal demoledora que olvida la calidad de los servicios a prestar o las condiciones laborales en que deben prestarse e incluso los mimos programas de atención a plantear y desarrollar. Era la máxima de lo máximo posible al menor precio y con el máximo beneficio posible sin ninguna regulación, y así se recortó en personal de los centros, en cualificaciones exigibles, en modelos de intervención; y se dejó también de inspeccionar y controlar lo que pasaba olvidándose que si hay un servicio financiado desde lo público debería ser considerado un servicio público y debería estar controlado, visado, inspeccionado y regulado por normas compartidas e incluso si no hay financiación pública la labor es la misma porque hablamos de salud y de bienestar, hablamos de personas.

Muchos espacios residenciales venían acumulando en el tiempo denuncias por personal insuficiente o mal formado o cualificado, por salarios fuera de convenio, por problemas de limpieza o de manejo de las personas mayores fuera de lo establecido, situaciones de maltrato activo o pasivo (sujeciones físicas o químicas con las pastillas, desatención, etc.). La selva neoliberal imponía el principio del menor precio por encima del resto e incluso como el único principio, así se llevaba, además, años recortando, masificando y disminuyendo la calidad.

Con todos estos antecedentes llegamos a la crisis del covid y entonces las costuras del sistema terminan definitivamente por romperse del todo unidas a una seria de decisiones políticas no solo desalmadas sino posiblemente también delictivas. Porque es un delito negar la asistencia sanitaria a cualquier ciudadano o ciudadana y lo es hacerlo con los más vulnerables solo por su condición de edad, es deplorable y deleznable no atender situaciones de urgencia sanitaria denegando la asistencia que no se prestara ni para curar ni para, por ejemplo, ayudar si no hay otro remedio a que se tenga una muerte digna y sin dolor.

Hay todavía que frotarse los ojos y alucinar para darse cuenta que en pleno siglo XXI se haya permitido a personas mayores morir sin ayuda y asistencia sanitaria y morir sin acompañamiento e intervención sin paliar además su situación porque se negaba por una parte su hospitalización y por otra se negaba la medicalización de las residencias, aunque también sabemos que no en todos los casos, porque si tenías dinero si se te atendía, al parecer.

Es decir, se practicó desde las decisiones políticas tomadas en la Comunidad de Madrid una selección de pacientes por motivos económicos dejando de prestar la necesaria asistencia y atención a quien lo necesitaba. Esta situación cabe calificarla de crimen contra los derechos humanos sin matices. Vergonzoso es además que en un primer momento se negase la realidad (fue un error), o que se intentase esconder el bulto en otras administraciones como el Estado cuando la decisión, las decisiones, reiteradas, firmadas y ordenadas se tomaron con conocimiento de causa por parte de los responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid con el conocimiento, sin duda, de su máxima responsable la presidenta.

Se sabía lo que estaba ocurriendo porque el consejero responsable de los centros asistenciales de mayores se quejó por carta interna y externamente de lo que estaba ocurriendo señalando ya en aquel momento que podría ser ilegal y que desde luego era inhumano, algo por lo que, entre otros motivos fue cesado y apartado para ocultar la realidad.

Se sabía y después de muchas idas y venidas para esconder la realidad, hablar del 8 de marzo, lanzar el bulo de que las competencias eran del Estado o decir que era un error, al final Ayuso tuvo que reconocer que se tomó la decisión conscientemente, dice que “por pragmatismo” en unas declaraciones que no son aptas para personas sensibles, y que califican muy bien la escasa moralidad de quien esto afirma y de quien decidió abandonar a miles de personas mayores a su muerte en soledad, sin atención sanitaria, algo que no sería recomendable ni al peor de nuestros enemigos.

Todo esto sin duda, debe hacernos pensar sobre el sistema de respuesta a las necesidades de las personas mayores que tenemos que dar, priorizando el envejecimiento activo y las ayudas de todo tipo (materiales, estructurales y de intervención) para que las personas puedan quedarse en su entorno todo lo posible y todo el tiempo que sea posible, y no estén solas, para que nadie quede atrás y respondamos al reto que es una conquista de la mayor esperanza de vida, para que, además, consideremos siempre la opinión de las personas mayores y las consideremos activos, reconocibles y necesarios combatiendo elementos como la idoneidad, pero todo esto que sin duda hay que hacer, tendrá que hacerse después de clarificar lo ocurrido y pedir responsabilidades políticas y penales, sobran los motivos para que los responsables de esta tremenda situación se vayan a sus casas y asuman su tremenda y terrible responsabilidad. Cuando se actúa mal a sabiendas no podemos hablar ni de error ni de negligencia, lo ocurrido es otra cosa de suma gravedad.

Doctor en psicología, presidente de la Fundación Psicología sin Fronteras, vocal del colegio oficial de psicólogos de Madrid en intervención social y emergencias. Trabaja en la actualidad en el Ayuntamiento de Getafe en el área de salud, consumo y adicciones, con más de 15 años de experiencia docente en diferentes universidades y con varios libros y artículos.