Solo un acuerdo puede evitar la aplicación del artículo 155

La primera reflexión es que no se puede apreciar sinceridad suficiente en su apelación al diálogo mientras formula por escrito una amenaza de secesión.

La segunda, es que ciertamente el President Puigdemont reconoce, finalmente, que el 10 de octubre el Parlament no declaró la independencia. Lo tendría que haber dicho así de claro desde el primer momento, pero comete, en mi opinión, y como decía anteriormente, un error gravísimo: amenaza con declarar la independencia en cualquier momento.

Por ello, creo que, en mi opinión, y dada la trascendencia del momento, no es la respuesta que esperamos ni merecemos los catalanes.

No lo es porque no es admisible seguir con el chantaje de declarar la DUI y pretender regirse por una ley, la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque ha sido suspendida por el TC. Y es que nadie puede olvidar el origen reciente de la actual crisis. La aprobación en el Parlament de Catalunya los días 6 y 7 de septiembre de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, ya que desde este preciso momento las instituciones catalanas, de forma plenamente consciente, se situaron fuera de la legalidad.

Los socialistas hemos advertido en todo momento de los graves riesgos de la vulneración de la legalidad vigente. Y en este sentido, nos han dado la razón los Letrados del Parlament, el Consejo de Garantías Estatutarias y el Tribunal Constitucional.

Por eso hemos avisado de manera reiterada que la mayoría parlamentaria independentista, al elegir un camino unilateral e ilegal, está perjudicando gravemente los intereses de los catalanes y pone en peligro el autogobierno. No nos cansaremos de decirlo: una minoría, por importante que sea, no se puede imponer sobre la mayoría. La observación de los datos de participación y votación del 9 de noviembre de 2014, del 27 de septiembre de 2015, e incluso del 1 de octubre de 2017, así lo atestiguan.

Es por ello que también venimos alertando sobre la fractura de país. Una fractura que será difícil de recomponer. El proceso independentista no tiene ni el aval ni el apoyo de la Unión Europea. Los bancos y las grandes empresas catalanas ya han optado por cambiar sus sedes sociales fuera de Cataluña.

La amenaza de declarar en cualquier momento la independencia hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que votamos de forma muy mayoritaria. El artículo 155 tiene como objetivo asegurar que todas las comunidades autónomas cumplen la legalidad y da al Gobierno de España la autoridad para requerirlas a que lo hagan e, incluso, a adoptar medidas para obligarlas a hacerlo.

En este punto, la decisión definitiva sobre la aplicación concreta del artículo 155 corresponde al Senado. Es por ello que pedimos, pues, al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España, a los Presidentes Rajoy y Puigdemont, que agoten hasta el último momento todas las posibilidades de diálogo para evitar males mayores.

Sólo a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto se podrá encontrar una solución política a un problema político.