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El error de Sánchez

  • Escrito por Isabelo Herreros
  • Publicado en OPINIÓN

Es muy conocido entre los historiadores aquel artículo publicado por José Ortega y Gasset en el diario El Sol, el 15 de noviembre de 1930, titulado El error Berenguer. cuando la monarquía daba sus últimos estertores. Buena parte del artículo lo dedicaba el catedrático a explicar que no se trataba de un error gramatical o tipográfico, que no quería hablar de un error del general Berenguer y su gobierno, si no del error del rey al haber perdido el tiempo tras la etapa dictatorial de Primo de Rivera nombrando a otro general, y haber impedido que la libre voluntad del pueblo se expresase, por lo que entendía el filósofo que ya era tarde para una progresiva “normalización” del orden constitucional. El mensaje perdía fuerza, al entretener al lector con esa larga explicación, sin embargo, tuvo un gran impacto en la opinión pública, y en los corrillos se repetía el final del artículo, aquello de Delenda est monarchía. Han pasado muchos años, noventa para ser exactos, y las cosas no pueden ser iguales ni parecidas, pero la política, en particular en España, tiende a repetirse, sobre todo si de Borbones hablamos.

No voy a explicar al lector lo que ya sabe, y que es, en síntesis, que se ha empezado a derribar el tabú de la monarquía, y no por la labor del creciente republicanismo en nuestro país, ni por el trabajo de investigación de los medios de comunicación. Lo que ha ocurrido es que era ya imposible achicar agua en la nave, -nunca mejor traída la metáfora, cuando hablamos del patrón del Bribón y del Fortuna- con frentes informativos y judiciales abiertos fuera de España, con noticias escandalosas verificadas. El coro de lacayos genuflexos vuelve estos días a arremeter contra todo lo que se salga del “pacto constitucional”, y defienden al Juan Carlos de la transición y del 23-F. Con serenidad hay que decirles que es la propia monarquía la que inquietó el ánimo de los españoles, encerrados en sus casas al comienzo de la pandemia, con un comunicado que reconoce unos hechos gravísimos, eso sí, un año después de conocerlos, y tras la publicación fuera de España del asunto del “regalo” a la señora Larsen de una millonaria suma procedente de otro regalo, éste enviado a una cuanta suiza a nombre de Juan Carlos de Borbón, de profesión Rey de España, por el jefe de Estado de una dictadura criminal, responsable además de la expansión del islamismo más radical por medio mundo.

Se van a seguir escuchando argumentos más monárquicos que los de la propia Casa Real, cuando lo que ha habido, con el primer comunicado y con el segundo, el de la huida, es un reconocimiento tácito de asuntos muy graves, en un desesperado intento de evitar que afecte a Felipe VI. Efectivamente, aún no hay acusación formal, ni auto de procesamiento, y puede que no los haya, pero hay una realidad procesal en un tribunal suizo, y una apabullante cantidad de información que está publicándose y más que se va a publicar, acerca del reinado del sucesor de Francisco Franco a titulo de Rey, con documentos y testimonios que no se conocieron en los años de “las amistades peligrosas del Rey”. Tratar de evitarlo será tarea inútil, y será poner puertas al campo, en estos tiempos de las redes sociales, para bien y para mal. Y, no, ¡virtuosos defensores del régimen del 78!, aquí no hay linchamiento, ni caza, si no unos hechos tozudos que no pueden desligarse de la familia real, ni de la institución, y no servirá de nada esta triquiñuela del lujoso exilio de Juan Carlos, como no sirvió de nada aquella ridícula pirueta de apartar a la infanta Cristina de la familia, eso sí, habiéndole asegurado, a través de la Caixa y de entregas opacas de dinero, un status de millonaria residente en Suiza, mientras espera la liquidación de condena de su esposo, un delincuente que tuvo buen maestro. ¿Acaso creen que somos imbéciles?

Pues sí, parece que nos consideran imbéciles, una vez que hemos escuchado y visto las declaraciones del presidente del gobierno, la vicepresidenta primera y de la ministra de Hacienda y portavoz. Nadie se cree que el rey emérito se haya marchado por su propia voluntad, y a su comunicado me remito, en el que no hay rastro de reconocimiento de errores, ni arrepentimiento. El desconocimiento del destino o lugar de exilio de Juan Carlos de Borbón, caso de ser cierto, sería para la dimisión de un ministro, el del Interior, y ya conocimos a uno que tuvo que dimitir por no saber donde estaba un huido, que tenía bajo su vigilancia; me refiero al caso Roldán. En caso de conocer el paradero del Borbón a la fuga, como es de suponer, pues también es grave el asunto, pues nos han mentido, como nos han mentido al decirnos que todo lo había gestionado la Casa Real, algo que no se cree ni el alma más cándida de un convento.

La defensa cerrada que se hace de la inviolabilidad del ex monarca, muy discutible en delitos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función de Jefe de Estado, no hace si no desgastar aún más a la institución monárquica. Ya son varios los catedráticos de Derecho Constitucional que se han pronunciado por una interpretación democrática de la Constitución, que no puede dar patente de impunidad para todo desafuero, tal y como ocurría en la Edad Media. En ese mismo sentido se han pronunciado algunos jueces y juristas de prestigio, como el propio José Castro, instructor que fue del caso Nóos. Pero no nos enredemos en el debate jurídico-penal, pues lo grave es la responsabilidad política que hay en todo esto, y que puede comprender también al actual monarca y a quienes han tejido toda una maraña de complicidades para lograr la impunidad. Incluso para un lego en materia de derecho político queda meridianamente claro que la inviolabilidad de la que habla el artículo 56 de la Constitución es el contexto de actos refrendados por el presidente de gobierno o ministros, y, sí no son actos de esa naturaleza, pues no son actos sometidos a esa protección legal.

Estamos aún enlodados en aquellas teorías de Felipe González, de la distinción entre opinión pública y opinión publicada, y de que no se podía discutir responsabilidad política alguna hasta que no se sustanciara la judicial. Una vez resuelta la judicial, aunque fuera condenatoria, como lo fue en el caso GAL, pues se decía que ya estaba todo sustanciado y que no había nada de lo que hablar; todo ello adornado con alguna que otra cita de Max Weber enviada por fax por su consejero áulico, un tal Javier Pradera, editorialista de El País. Estas perversas teorías venían a echar por tierra la corrección administrativa de faltas en los funcionarios públicos; pero eso sí, de ministro para abajo todo continuó igual en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es en el ámbito de esa responsabilidad política, que es necesario depurar, si es este es un país democrático, en la que es una ligereza impresentable, atribuible al gobierno de don Pedro Sánchez, la marcha de España del rey emérito, miembro de la familia real, por mucho que los voceros del régimen del 78 lo nieguen, al mismo tiempo que niegan que sea una huida. Ya que los Borbones tienen memoria, habrá que recordar que Alfonso XIII, con esa lógica, tampoco huyó de España el 14 de abril de 1931, pues no había procedimiento judicial abierto contra él, pero era tal la indignación del pueblo que no le quedó otra salida que la huida y el exilio.

Es por las razones expuestas que considero que la actuación del gobierno pasará a la historia como el error de Pedro Sánchez, al haber amparado y dado cobertura a la huida de España, para eludir sus responsabilidades políticas y judiciales, del ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón, digno sucesor de unos cuantos sátrapas, condenados por la historia por sus robos y crímenes.