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Prudencia o audacia, esa es la cuestión

La resaca consecutiva a la salida de España de Juan Carlos de Borbón retrae al primer plano de la actualidad un hondo dilema. ¿Es preciso restaurar la monarquía o bien España necesita instaurar la República? Cui prodest, se preguntaban los romanos: ¿a quién beneficiaría más una u otra fórmula? ¿Qué sector social se verá en mayor medida beneficiado por cada una de ellas? En política, que tiene sus leyes propias, a veces, inextricables, hay que formular la pregunta de otra forma: ¿cuál es la actual relación de fuerzas que permite optar por una u otra alternativa? He aquí la entraña del dilema. A su solución cabrá aplicar, al menos, dos miradas formalmente distintas: una pragmática y la otra ideológica. La pragmática preconiza restaurar la monarquía para estabilizar el sistema. Para perfeccionarlo, la ideológica opta por la instauración republicana. A grandes rasgos, una puede ser considerada conservadora, la otra progresista; una oportunista, la otra doctrinaria; la primera podría parecer realista y utópica la segunda. Ambas presentan ventajas.

Una nueva cuestión nos sale al paso: ¿es el momento político oportuno de acometer un cambio en la forma de Estado? España tiene en este momento muchos frentes políticos abiertos, demasiados: no solo el institucional, planteado ahora en torno a la monarquía por la marcha de Juan Carlos de Borbón sino, sobre todo, el reto sanitario, determinado por la pandemia, que va aparejado el frente social, más el económico, al que añadir el territorial ahora en Cataluña, así como el parlamentario en un Congreso donde sobra histeria…todos se suman en un abigarrado convoluto … Y todo ello recae, al mismo tiempo, sobre un joven Gobierno de coalición, el primero desde la Transición de la dictadura, en cuyo seno coexisten las dos opciones del dilema, que se ve además hostigado sin tregua por una derecha desnortada, sin programa ni líderes acreditados.

No parecería, pues, el momento adecuado para un cambio de tal envergadura, desde la perspectiva de la prudencia, una de las principales virtudes que se exigen a los políticos. Mas también en política se valora la audacia, que demanda para su adopción circunstancias muy singulares muy semejantes, por su excepcionalidad, a las que vivimos ahora. El hecho de que en el seno del Gobierno coexistan las dos sensibilidades, pro-monárquica y pro-republicana, no impide que quepa hallar una solución consensuada dentro del Gabinete. Una precisión: los Gobiernos de coalición más inteligentes permiten en su seno, simultáneamente, la alianza y la crítica. Es más, su fuerza reside precisamente en esta diversidad, porque amplía la perspectiva, siempre, claro está, dentro de la confrontación amistosa –que hoy se da- y cuando, tras el debate de ideas y de propuestas, se adquiera lealmente unidad de acción.

Pese a la supuesta inoportunidad de plantear ahora el cambio en la forma de Estado en España, es lícito y necesario preguntarse ¿cuándo va a llegar entonces una coyuntura como ésta, formalmente tan única para acometer un cambio de tal naturaleza? ¿Por qué esta coyuntura sería única para hacer tal cambio? Lo es porque la pandemia ha trastocado de tal manera el panorama sociopolítico y económico presente y futuro, y la erosión institucional de la Corona ha sido tan grave, que la situación en ciernes va a permitir columbrar, como posible y muy necesaria, una remodelación completa de la escena política, incluyendo la de la forma estatal, argumentarán fundadamente algunos. Otros dirán por su parte que los cambios, ante tanta incertidumbre, cuantos menos sean, mejor.

Veamos la restauración. ¿Qué se entiende por tal término?: ¿una conservación de la monarquía en su actual configuración constitucional, la misma que convierte en inviolable e irresponsable al titular de la Corona y susceptible de delinquir impunemente? ¿O bien una modificación sustancial de su estatuto, es decir, un cambio en la Constitución que suprima tal impunidad? Surge pues la cuestión política: ¿es viable, con la actual derecha que tenemos en España, consensuar un cambio en la ley de leyes sobre este crucial asunto? Más bien parece probable que la actual derecha preconice dejar las cosas como están, como sus portavoces, hasta el momento, pregonan. Pero el problema y el malestar reinante subsistirán, si no es que crecen aún más.

Veamos ahora la instauración republicana. ¿En qué consistiría?: en proclamar la República, referéndum mediante, lo cual llevaría ineludiblemente aparejada la transformación constitucional pertinente. Ello permitiría también adaptar y perfeccionar el texto a los nuevos y urgentes desafíos estatales en cuanto a consolidar y fortificar los derechos a la sanidad pública, la educación, la protección medioambiental y los derechos de las minorías, entre otros registros. La rotunda oposición de la derecha política a esta iniciativa se daría por descontada, según cabe advertir por sus manifestaciones, pero nada es inmutable, salvo la estupidez.

Sin embargo, condición sine qua non de una y otra fórmulas sería un cambio del texto constitucional concerniente a las prerrogativas de la Corona, materia en la que podría caber el acuerdo negociado; tal modificación exigiría una cadena de requisitos: uno, el pacto entre la derecha económica y la derecha política, hoy por hoy escindidas, ya que la tendencia a la negociación gubernamental es evidente en la derecha económica frente a la negativa de la fracción política; dos, el consenso entre la oposición y el Gobierno; tres, el consenso entre las dos formaciones integrantes de la coalición gubernamental, que se perfila como viable; y cuatro, sendos acuerdos internos dentro de cada uno de los partidos que la componen, donde existe diversidad de criterios. Como vemos, el dilema impregna todos los niveles políticos, parlamentarios y económicos, que quepa imaginar.

¿Hay algún nexo posible entre una y otra fórmulas? Si: el mantenimiento fortalecido de la democracia, del sistema de libertades y de garantías vitales, sistema actualmente erosionado por la pandemia, por la crisis económica y de empleo inducida recurrentemente por el capitalismo financiero y por el desplome de la valoración pública de la Corona. Es decir, el cambio en la forma de Estado no puede quedar ceñido a su nivel meramente formal, sobre el papel, sino que se trataría de convertirlo, políticamente, en ocasión suprema para la mejora de las condiciones de vida, trabajo y ocio de la mayoría social de los españoles.

¿Con qué mimbres se contaría para encarar tan importante tarea? Si observamos el panorama político e ideológico, ni los partidos obreros de izquierda, ni los sindicatos –otrora poderosas locomotoras de los cambios políticos- tienen hoy, presuntamente, aunque sí tal vez potencialmente, la fuerza para acometer tal desafío. Hoy, si hay movimientos de masas dispersos pero no coordinados aún para permitir culminarla. De la derecha política, cabe asegurar que su capacidad de obstruir es muy superior a su capacidad de crear, pero se observan movimientos internos hacia ciertos cambios.

Aunque tal vez exista ya un brain trust, un cerebro colectivo reducido y organizado que pudiera -a medio plazo- inducir un movimiento de masas coordinado y conectado al movimiento obrero y al sindical, que convirtiera el malestar dominante en fuerza política transformadora, el proceso tardaría obviamente en madurar algunos años. No obstante, los procesos políticos se aceleran y se acortan ahora mucho más que apenas hace unas décadas. Por el momento, tal empuje difícilmente contaría con apoyos internacionales y con los recursos humanos y materiales a desplegar serían exiguos. Puede aducirse, sin embargo, que la lucha democrática en España cabría articularla con la lucha de la izquierda a escala europea, cuyo sistema continental de libertades es combatido con virulencia por los partidos más insensatos con presencia en Bruselas.

Con todo, la casualidad surge a veces inesperadamente en la actividad política, tanto en cuanto a la emergencia de personalidades o vanguardias con capacidad teórica, práctica o ambas a la vez, para domeñar una situación, como en coyunturas idóneas y únicas para emprender transformaciones. Las leyes económicas y de desarrollo de la sociedad tienen dinámicas propias e independientes, pero siempre cabe inyectar en ellas la acción humana intencional para encauzarla y embridarlas según objetivos democráticos, sociales, plenamente humanos.

Un cambio legal, como el que supondría la modificación de la Constitución para mantener la monarquía y estabilizar supuestamente el sistema no implicaría necesariamente una nueva legitimidad de la institución monárquica, tan erosionada –y tan aborrecida, sobre todo por las gentes más jóvenes- como hoy lo está. La desmoralización política y democrática al respecto de la institución es palpable en la sociedad española; ¿acaso no tiene una de sus principales causas en la conducta presuntamente delictiva del ex rey Juan Carlos y de su entorno? ¿No dicen que la monarquía es la expresión suprema de las leyes de la herencia y la tradición, consideradas sacrosantas por los poderes conservadores mientras que, aquí y ahora, asistimos a su vulneración precisamente por quien ha sido su titular durante 39 años? ¿Cuál sería el legado simbólico, la herencia ética traspasada por Juan Carlos al rey Felipe VI?

Es preciso tener en cuenta que las crisis institucionales, como la que se vive al respecto de la Corona, tienen detrás y siempre un bastidor perenne: lucha de intereses distintos, de clases distintas. Es lícito preguntarse, pues, como señalábamos al principio, ¿a quien favorecería más, en términos democráticos, la restauración monárquica o la instauración republicana? Sin duda, a las clases populares les satisfaría más acabar con el sistema de privilegio que implica la monarquía, por distinguir y des-responsabilizar ante la ley al cabeza de una familia determinada. El viento de la historia sopla desde hace mucho tiempo en un nuevo rumbo. Pero esos sectores populares se encuentran hoy desmotivados y desmovilizados, atrapados en una sociedad donde solo el consumo parece dar sentido a muchas vidas mientras el acceso a consumir se reduce por la precariedad espoleada por las crisis.

¿Qué hacer?

¿Qué hacer pues? De momento, reflexionar sobre lo necesario, lo posible y lo más conveniente. Luego vendrá la actuación a emprender, decisión que competerá a nuestros representantes legítimos: de optar por la continuidad de la actual forma de Estado, o bien por su transformación en una República, será preciso organizarse políticamente y modificar, en ambos casos, la Constitución. Y ello exigiría la convocatoria de un referéndum. Para conseguir el propósito perseguido, sea uno u otro, su logro deberá implicar la organización y acumulación de fuerza -¿por qué no estudiar la unidad de las dos grandes centrales sindicales, por ejemplo?- orientadas a una mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, en clave, naturalmente, democrática.

No cabe perder la ocasión de avanzar ante los desafíos que salen al paso. No es admisible el menor retroceso en este histórico trance, donde la prudencia y la audacia encaran un litigio que puede sortearse integrando ambas con mesura, inteligencia y coraje. La secuencia política necesaria a seguir en esta encrucijada histórica de nuestro país va desde la reflexión teórica hasta la organización práctica, cuestiones vitales ambas. La vida se corresponde con un grado de organización de la materia. Imitémosla pues en la acción política. No habrá cambio alguno y todo empeorará más si no se fundamenta una reorganización de la vida política con un bagaje de propósitos claros. Los episodios más lúcidos de la historia del movimiento obrero y sindical así nos lo muestran. Urge salir del letargo. Nadie está solo, ni parte de cero: hay mucha experiencia acumulada, un buen puñado de conquistas y muchas heridas ya cicatrizadas tras la lucha de siglos. Miles de anhelos inundan la atmósfera: se trata de darles expresión y transformarlos en fuerza emancipadora, democrática. Avanzar es, siempre, la mejor consigna.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.