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EL PERIÓDICO
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Contra la imposición monárquica


Nadie con suficientes luces políticas desconoce que el sentimiento colectivo de humillación es un potente resorte capaz de movilizar fuerzas sociales de la manera más insospechada. Si la sociedad española no ha reaccionado con más ímpetu ante los casos de corrupción protagonizados por el rey emérito Juan Carlos I –digamos “presuntos” casos, dadas las formalidades al uso- y ante los modos en que desde altas instancias del Estado se buscan salidas por la tangente, dados hechos tan lamentables con sus posibles consecuencias, es por verse abrumada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y atemorizada por la crisis socioeconómica en la que, a causa de aquélla, estamos inmersos. La indignación de la ciudadanía es tal que sólo a trancas y barrancas salen voces defendiendo la autolesionada imagen de quien fue jefe del Estado, habida cuenta de que no somos los ciudadanos ni los medios quienes ubican al emérito en las páginas de las “historias de sucesos”, sino que ha sido él mismo quien ha puesto su nombre en ella con un variopinto elenco de hazañas sin ninguna épica y con menos ética. Por eso ha sorprendido tanto el manifiesto de “los setenta”, nutrido con firmas de quienes fueron altos cargos –del PSOE, del PP y de UCD- en el gobierno de España, de comunidades autónomas, de ciudades…, encabezados por el ínclito Alfonso Guerra, dispuesto a ejercer de albacea de lo que hemos llamado “régimen del 78”, ya que la deriva de nuestra democracia es a eso a lo que ha devenido.

Como hemos visto, el manifiesto de marras, reivindicando el papel de Juan Carlos I en la transición de la dictadura a la democracia, y haciéndolo a base de una mitificación de su figura del todo cuestionable –empezando por lo que no se dice-, acomete una injustificable operación de lavado de imagen del Borbón fugado, pues no deja de ser una fuga su viajar de incógnito a Emiratos Árabes, al calor de una más de las poco honorables monarquías del Golfo, por más que sea actuación de destierro acometida por la Casa del Rey y por el gobierno para apuntalar la muy abollada corona que Felipe VI lleva sobre su cabeza. El tejemaneje es tan grosero que ninguno de los argumentos apresuradamente expuestos para adecentar la figura del emérito y salvar la Corona como institución se sostiene de manera consistente. Sólo se aprecia con paradójica claridad la opacidad, no sólo de la Casa del Rey, sino también del gobierno, autocondenado a un oneroso silencio en torno al rey emérito en aras de apoyar la monarquía y reforzar a Felipe VI en trances en los que es clamorosa su desnudez como heredero de un monarca percibido como delincuente y de una Corona por momentos deslegitimada.

Si el mismo gobierno que preside Pedro Sánchez apostó por poner tierra de por medio entre el emérito desprestigiado y el actual jefe de Estado con su papel socavado, sucede que se ha metido en un laberinto muy complicado tanto para un PSOE en función de puntal monárquico, como para Unidas Podemos en “modo extrema disciplina” de coaligado que sólo da para pequeñas cuñas de retórica republicana. ¿Y si se verifica una nueva reedición del dicho “dos por el precio de uno”? En doble dirección a su vez: puede ser que el alejamiento de Juan Carlos de Borbón no sirva para redimir a Felipe VI, de forma que el descrédito del primero arrastre irremisiblemente al segundo; y puede ser que el juego entre opacidades de unos y silencios de otros no garantice la estabilidad del gobierno de coalición, por más que las partes tengan interés en ello, pues cabe suponer que, de prolongarse todo este culebrón, sea fuerte el desgaste de los dos partidos ante la opinión pública y sus respectivos electorados. Es decir, es clave en toda esta dinámica cómo ella sea valorada por la ciudadanía y cómo se decanten sus efectos institucionales en la sociedad, más allá de la crisis sanitaria y de sus consecuencias sobre vidas y haciendas. La situación de crisis en la jefatura del Estado –se suma a las otras crisis, incluida la territorial del mismo Estado- es grave e indignante por sus causas. ¿Se puede sostener indefinidamente?

Razones para la indignación no faltan. Unas tienen que ver con lo inmediato; otras, con lo que viene de atrás, y de más atrás. Está claro que el comportamiento de un rey enriqueciéndose a base de comisiones ilegales y acumulando capital que escapa al fisco es todo lo contrario de la ejemplaridad que se esperaba de él. Y más hiriente aún es ese comportamiento en tiempo de recortes sociales, de penurias económicas, de desempleo, de personas sin recursos… Si quieren esconder todo ello bajo el felpudo de la “inviolabilidad” que la Constitución establece respecto al rey –pasando además por encima de la limitación de la aplicación de dicha cláusula de “irresponsabilidad” a actuaciones del rey en el ejercicio de sus funciones como jefe del Estado y sólo a esas-, más motivos para pensar que quien fue rey es el que violó la Constitución y violentó la confianza puesta en él por la ciudadanía española. Venir de forma interesada a pretender enredar con la distinción entre lo público y lo privado respecto a quien tiene toda su vida planteada a costa del erario público, resultando luego que abusa de la más alta posición pública en el Estado para su enriquecimiento privado, es de tomadura de pelo mayúscula. Como no lo es menos querer establecer un cortafuegos total entre Juan Carlos I y Felipe VI, siendo monarquía hereditaria. La herencia recibida por el segundo está contaminada por el legado del primero, que anula en su trayectoria los méritos democráticos que pudo reunir. El mismo Juan Carlos de Borbón deja al descubierto, por la propia deslegitimación por él provocada, la herencia que recibió del dictador Franco al designarle para el trono y quedar traspasado ese designio a la Constitución para una legitimación a posteriori incrustando sin discusión la restauración de la monarquía borbónica en la norma fundamental que había de ser aprobada en referéndum democrático. Así, pues, a la falta de legitimidad originaria no suficientemente subsanada de la monarquía se añade la deslegitimación que en sus funciones, mal desempeñadas, ha ido acumulando la Corona, constituyendo ambas cosas un pesado lastre que Felipe VI no va a poder arrojar lejos de sí, por mucho que desde la derecha se hable, con facilona retórica de épica de latón, de levar ancla y desplegar las velas de España.

A la indignación por los hechos ocurridos y por la historia transcurrida, la ciudadanía podría sumar –debe añadir- la ofensa de verse tratada como menor de edad. La patente falta de transparencia que políticamente se ha dado y se sigue dando en torno al descalabro institucional que nos ocupa corresponde a poderes públicos e instancias políticas que se sitúan por encima de ciudadanas y ciudadanos a los que no respetan en su derecho a una información completa y veraz sobre asuntos de singular trascendencia que a todos afectan. Tal paternalismo político tiene, por lo demás, factores jurídicos que estructuralmente lo propician, como es la manera misma en que queda fijada la índole de nuestra monarquía en la Constitución, lo cual no queda compensado por el hecho de que se defina como monarquía parlamentaria. Si es verdad que la soberanía se hace radicar en el pueblo español, esa misma radicación quedó a expensas de que ese pueblo aceptara una monarquía –no sólo un rey- no elegida, conllevando además el trágala de considerar al rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, encargadas por su parte de velar por la integridad del territorio de una nación que es indivisible… ¡Faltó poner “eterna”! Para remachar el clavo el mismo Juan Carlos de Borbón cuenta cómo el dictador, en su lecho de muerte, le transmitió el encargo de mantener la unidad de España.

Todo está fijado, pues, de tal manera que pareciera que una España sin rey estaría condenada a una orfandad irresistible. En el fondo, no hay monarquía que, por mucho “aggiornamento” que se le haya aplicado, no porte elementos de absolutismo. El mismo carácter hereditario de la Corona, incompatible de todo punto con el principio democrático de igualdad, pretendiendo dar fuerza simbólica a la aceptada naturalización de una posición política de dominio, confirma esos restos de monarquía absoluta sobre los que gravita la incuestionabilidad con la que se quiere revestir la institución. Insistamos desvelando el truco del traje del rey: está desnudo.

Pero recordemos a Marx y Engels en lo que fue un manifiesto de verdad: “todo lo sólido se desvanece en el aire”. ¿Va a ser una excepción la monarquía borbónica que reina en España? ¿La vamos a seguir tratando sine die como algo sagrado y, por ende, intocable? Hay quienes la defienden en su intangibilidad por la función que cumple: representación simbólica del Estado y generadora de cohesión social en torno a sus instituciones. Pero de hecho hoy ya no está cumpliendo esa función, sino más bien la contraria, con el agravante de que no resulta verdadera la máxima de que el rey reina, pero no gobierna… Y no lo es porque si formalmente no gobierna, materialmente determina los márgenes en los que se gobierna, esto es, señala hasta donde llega el terreno acotado de la política sobre la cual la ciudadanía puede intervenir. De suyo, la monarquía, cuando se considera clave del sistema, no es meramente por sus funciones protocolarias, sino por la eficacia aglutinante de muy diversos poderes, y ya no sólo del Estado, sino aquellos que componen la oligarquía socialmente dominante. ¿Por qué no se dice nada de las grandes empresas que obtuvieron suculentos beneficios de aquellas operaciones por las que el rey con sus deméritos recibió muy jugosas comisiones?

La monarquía borbónica restaurada, herencia de la dictadura que muestra su toxicidad cuando se agotó su capacidad de remedio coyuntural, si simboliza algo hoy es la clausura política de un sistema incapaz de la reforma constitucional que necesita. La carrera de obstáculos que el mismo texto constitucional fija para su reforma es ostentación de la voluntad de blindaje con que se redactó. Es la sociedad española, con la movilización creciente de una ciudadanía consciente de sí y de sus derechos, la que ha de salir de la minoría de edad a la que la quieren condenar, sin miedo a su propia libertad, mostrándose con la potencia política suficiente para superar lo instituido y adentrarse en una dinámica instituyente que le es de todo punto imprescindible. Por dignidad, la ciudadanía ha de plantarse contra una monarquía impuesta, con ejercicio pleno del derecho a decidir respecto a su futuro. El filósofo Castoriadis, que sabía de eso, diría que para abolir la monarquía de cara a un futuro político distinto para España nos hace falta socialmente una buena dosis de imaginario republicano. Es lo que nos falta para convertir la indignación en potencia constructora de república.

Catedrático de Filosofía. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.