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EL PERIÓDICO
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España tiene remedio


España tiene remedio. Y ello pese a que muchas personas sensatas creen que enferma aceleradamente cada día. No solo por la expansión de los contagios víricos; la vida pública, política, enferma también por su cuenta. Esas mismas personas creen que casi ninguna de las principales instituciones, desde el arranque del siglo XXI, ha dado la talla ni contribuye a satisfacer los intereses mayoritarios de los ciudadanos. Muchas operan en su contra. Las instituciones privadas van a lo suyo. Solo pujan por su propio bienestar y hacen ascos al bienestar general. Los llamados medios de comunicación, en su mayor parte, ni median ni comunican apenas nada; más bien se han dejado adueñar por la hipercrítica, el rencor o sucedáneos, abdicando de su función social de informar, formar y crear opinión –y crítica- sensatas y responsables. La llamada sociedad civil ha perdido su pujanza y se ha visto abducida por partidos políticos que hace tiempo dejaron de enseñar a los ciudadanos a hacer política, para blindarse dentro de estructuras jerarquizadas al máximo, donde el debate y la pluralidad reinan por su ausencia. Solo prima la sumisión al líder.

Por otra parte, la desconfianza generalizada en las resoluciones de los jueces resulta clamorosa, por lo imprevisible: nadie cree que su demanda, cualquiera que sea, va a verse satisfecha con justa equidad si acude a los tribunales. Del poder legislativo, para qué hablar, cuando en la mitad de los escaños del Congreso, en vez de parlamentarios ejercientes del diálogo y el acuerdo se sientan energúmenos, incultos, soeces, amorales y proclives al linchamiento; actúan en comandita con pseudo-periodistas que les jalean en busca de titulares, sin importarles el grado de abyección y mentira que destilen.

Los Gobiernos autonómicos, una de las principales conquistas democráticas contra la centralización impuesta a sangre y fuego por el franquismo, tienden hoy a convertirse, salvo excepciones honrosas, en reinos de taifas incapaces de ejercer, precisamente, su autonomía; y abdican de ella culpando al Gobierno central de los males derivados de su propia incompetencia: el caso de Madrid es paradigmático. En cuanto a los Gobiernos monocolores, si prorrogan un primer mandato, se degradan en focos de autoritarismo, corrupción o malas prácticas. Cuando un Gobierno, guiado por un destello de sensatez, se propone adoptar una iniciativa pensada y basada en la lógica social mayoritaria, no pasan segundos sin que se movilice toda la mediocridad amoral, hegemónica en los distintos poderes, para tumbarla sin miramientos.

En cuanto al capitalismo más irresponsable, se muestra incapaz de invertir un euro para generar más empleo o procurar bienestar social: solo conoce la queja permanente. Aquellos apóstoles de las privatizaciones, los que se dedicaron en cuerpo y alma a derruir cualquier logro social en la propiedad y la gestión estatales de la sanidad, la educación, los servicios y el medio ambiente y que, como fieras, se lanzaron a privatizar lo más útil y necesario para la pervivencia social en democracia -incluso quisieron beberse todo el agua del Canal de Isabel II de Madrid-, son ahora los que más vociferan para exigir todo al mismo Estado que ellos contribuyeron tan dañinamente a debilitar: de las 130 empresas públicas existentes en España en el comienzo de la Transición, hoy solo quedan 16. Los principales ingresos estatales proceden -¿procedían?- de la Lotería y de las gestión de aeropuertos.

Para colmo, la institución emblema de España, la Corona, “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado, ha ofrecido un bochornoso e inmoral espectáculo, oculto durante décadas por una mezcla de protección y encubrimiento oficiales, en la figura del que ha sido su titular durante 38 años y en el lustro largo desde que dejó tal titularidad forzado por su abdicación. La trayectoria de Juan Carlos de Borbón por el mundo de los negocios no han podido resultar más desastrosas: todo indica que puede haber incurrido en transgresiones fiscales graves y prácticas amañadas de ingeniería financiera; a añadir a su infausta cacería de elefantes en plena crisis económica; a su conducta privada de despilfarro y molicie; al menoscabo de la ejemplaridad pública por sus reiterados escarceos extramatrimoniales; y al daño causado por todo ello no solo a la institución que encarnaba –emblema de la familia y de los supuestos valores de siempre- sino también a España en su conjunto. Y todo ello pese a haber recibido el afecto continuado de su pueblo por algunos gestos señeros suyos, evidentemente dignos de reconocimiento, como lo fue su condena del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con el secuestro a punta de metralleta del Congreso de los Diputados en un episodio lleno, aún, de sombras.

El desnortado curso de la conducta personal de Juan Carlos de Borbón tuvo su origen y causa en la sacralización institucional de su persona en el propio texto constitucional, que convierte al jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas en inviolable e irresponsable ante la ley, ley vigente no obstante para todos y todas [email protected] españoles, menos para él. Ese precepto normativo debe desaparecer del texto constitucional, porque confunde institución y persona, una reminiscencia de las concepciones autoritarias y patrimonialistas del poder de la monarquía absoluta ideada en su día por Franco y que la Transición intentó, sin éxito, erradicar de la Carta Magna, pese al articulado plenamente democrático de sus otros contenidos.

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A pesar de todo, somos muchas y muchos quienes pensamos que España tiene remedio. Sabemos el brebaje que preconizan los de siempre: el espadón ungido que, pistola en mano, nos vuelva a hacer retroceder otro medio siglo de historia a costa de cercenar la libertad de todos, salvo la suya propia, como hicieron los sangrientos dictadores y pretorianos de los siglos XIX y del XX. Sin embargo, la sensatez indica que la salida del laberinto español pasa necesariamente por retornar al respeto a la democracia, por el saneamiento de las instituciones irrigadas de nuevo por las pulsiones igualitarias de libertad y por la solidaridad intergeneracional, de saberes y energías, para hacer frente a los gravísimos desafíos y problemas que nos aquejan.

Los jeremías que se han estado inflando a ganar dinero durante décadas a costa de los monopolios; de la actividad bancaria sin escrúpulos; del turismo masivo; de los macro-conciertos y espectáculos; del juego; de los clubes de fútbol y los fichajes mil millonarios, presuntas tapaderas de tanto blanqueo; del comercio de lujo, de la noche y de tantas formas de especulación, que dejen de quejarse; que aguanten el tirón y echen mano de los quintales de dinero que acuñaron durante las vacas gordas. ¿Acaso no son capaces de resistir siquiera unos meses hasta que las cosas se enderecen o ya están deseando, otra vez como en la crisis de 2008, echar más gente al paro o perpetuar el subempleo de sus empleados?

Ninguno de entre los distintos sectores sociales ha dejado de quejarse y vociferar ante la situación creada por la pandemia, salvo la clase obrera, sin duda la más dañada por la enfermedad –los barrios obreros de Madrid, Barcelona y las grandes ciudades así lo demuestran- y donde reside, aún, la principal reserva de solidaridad de este país. La primera y más razonable medida será pues que tanto jeremías como anda suelto cierre el pico y se calle, retirándoles los micrófonos y altavoces que tan imprudentemente se les regalan para contribuir con hipócritas lamentos a deprimir más aún al público en general. Solo sin ruido será viable examinar y resolver reflexivamente, en un proceso coral, colectivo, cómo encarar con sensatez y audacia lo que se configura como un segundo brote de la pandemia y sus efectos sobre la vida económica y, sobre todo, social de nuestro país.

Es tarea prioritaria ahorrar recursos y buscar nuevos caladeros para obtenerlos. Hay que acabar con el despilfarro en todas sus manifestaciones. Es la hora del consumo responsable. Es el momento de arrimar el hombro y poner fin a privilegios como las exenciones fiscales de las que gozan, por ejemplo, las sucesiones de las grandes fortunas. España necesita hoy que los multimillonarios paguen más impuestos. Y que no argumenten que todos sus beneficios van siempre a la creación de empleo, porque no es cierto. Ojalá fuera así, pero sus ganancias suelen recalar en el lujoso existir de los dueños del tinglado, que son ellos mismos. El sistema de remuneración hacia los directivos de multinacionales y grandes compañías a base de bonus, debe dedicarse en estas fechas a implementar fiscalmente sus contribuciones al Estado. Es la hora de la verdadera democratización económica.

Durante la Transición, entre un alto directivo y un trabajador de base, las diferencias de remuneración variaban en una proporción, como mucho, de 10 a 1. Hoy pueden escalar y situarse entre 400 y 1. Esto tiene que acabar. Hay una economía sumergida que puede hacerse aflorar y recaudar de ella pingües impuestos para la hacienda pública. Y existe, sobre todo, una palabra, odiada por los caprichos del capital, que se llama planificación y que consiste en determinar fines económico-sociales prioritarios y asignarles recursos. Quien mejor puede realizar esta tarea es el Estado –ya comprobamos la incompetencia del capital privado en la lucha contra la pandemia-; eso sí, si las pautas planificadoras estatales se guían por criterios de satisfacción de los intereses sociales mayoritarios y no por los de la mera gestión del capitalismo financiero, tentación ésta de tantos Gobiernos.

Pierdan cuidado los sedicentes liberales, que el individuo no desaparece por la planificación estatal concebida con criterios sociales. Más bien a ese individuo, a todos los individuos, se los comerán apenas cuatro tiburones, managers, gestores o propietarios, da igual, si guiados todos, como acostumbran, por la irracional sed de ganancias incluso cuando, como ahora, todo indica que no pueden obtenerlas, destruyen los mimbres sociales de los que nace la individualidad más libre, más plena y necesaria.

En cuanto a la Iglesia católica, cabe disponer estatalmente –porque es legítimo- que la cuota del impuesto de la renta que los particulares le destinan anualmente pase a engrosar las arcas del Estado en esta coyuntura tan excepcional como la actualmente sufrida por la mayoría de la población, entre la que figura su propia grey. Inmatriculaciones, donaciones, herencias y legados deben comenzar de una vez por todas a tributar. Es justo y necesario.

Las retribuciones de los altos cargos de la Administración, políticos, ministros, consejeros y asesores deben ceñirse a niveles razonables de ingresos signados por la austeridad, como la situación exige. Pero, ojo, no vaya a ser que solo los ricos puedan dedicarse a hacer política, tentación que hemos visto prosperar en demasiadas ocasiones.

Otra dimensión más, quizá la cardinal: en todas las crisis, ¿hacia quiénes se dirigen todas las miradas?: a los acreedores. ¿Por qué razón aprietan el cuello de la sociedad cuando más difícil resulta satisfacerles sus anticipos? ¿Son justos los intereses que imponen a sus préstamos? ¿No es hora ya de revisarlos? ¿Por qué tienen más poder que la comunidad, que la sociedad civil, que el propio Estado? Sepan, señores acreedores, bancos, entidades financieras, oligopolios, mafias, o quienesquiera que ustedes sean, que les ha llegado también la hora de esperar. Los remedios que España necesita así lo exigen. Esperen su turno. Han de saber que, o nos salvamos todos o ustedes también se hundirán. Pero, no duden de que en tal ocasión, la gente mejor y más sensata les cederá el paso.

Dejen que la izquierda despliegue su imaginación: Universidades, a investigar; multinacionales telemáticas, a tributar; saneamiento económico; planificación social; big data desprivatizado; consumo responsable; reindustrialización; recompra de empresas públicas privatizadas; unidad sindical; acuerdos con empresas responsables; sobriedad salarial; mano tendida a la derecha democrática; consejos cívicos de supervisión y cogestión democrática; mirada atenta en defensa de una Europa social de las libertades; organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos democráticos, unidos en el mismo objetivo: Gran Alianza Estatal Anticrisis…los remedios para España, que los hay, surgen por doquier. La imaginación es de izquierdas.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.