Nueva Ley de Memoria Histórica

En la proposición presentada se reconoce que La Ley 52/2007 fue un hito en el desarrollo de España como país democrático, aunque igualmente declara que con la perspectiva de los diez años que lleva de vigencia, se comprueba la necesidad de su actualización para alcanzar los objetivos que se propuso la Cámara al aprobarla en su día, y que entre otros muchos objetivos, cabía destacar:

- Búsqueda de desaparecidos, por parte de la Administración General del Estado

- Colaboración entre Administraciones Públicas, con la firma de un Convenio entre la Administración General del Estado, las CC.AA. y los Ayuntamientos, para asegurar la coordinación y colaboración

- Creación de un Banco de ADN, en el que queden registrados tanto los datos de los restos óseos exhumados, como el ADN de personas voluntarias que deseen formar parte del mismo, por su condición de familiares de víctimas.

- Censo Nacional de Víctimas, que “recogerá el listado de las personas que sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, personas represaliadas por su condición sexual, de género, las que sufrieron tortura en los campos de concentración, guerrilleros, y niñas y niños sustraídos”.

- Catálogo de títulos nobiliarios que representen la exaltación de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, para su posterior supresión, de aquellos títulos nobiliarios concedidos entre 1948 a 1977, como los posteriores, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

- Día de recuerdo y homenaje a las víctimas, se declarará el día 31 de octubre de cada año, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura, coincidiendo con el aniversario del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución Española.

- Creación del Consejo de la Memoria, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas, compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de representantes de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito.

- Acciones de divulgación, satisfacción y reparación simbólica, a través de la Administración General del Estado, se promoverá el conocimiento de la memoria democrática española, mediante programas específicos de divulgación.

Es evidente que España tenía una asignatura pendiente con aquellos y aquellas que por defender el orden legal institucional y los valores democráticos, pusieron en riesgo su vida y su libertad, soportando la cárcel y el exilio, cuando no su propia extinción por fusilamientos, juicios sumarísimos alegales, confinamiento en campos de concentración, etc., por lo que es necesaria la pronta aprobación y puesta en marcha de una nueva Ley.

El gobierno ahora se ha comprometido a elaborar un anteproyecto de Ley más ambicioso y que tendrá un trámite exprés, poniendo el contador a cero, al tener prioridad las iniciativas presentadas por el gobierno, sobre las proposiciones efectuadas por los grupos parlamentarios.

Algunas medidas ya se están realizando en este sentido, tras la exhumación de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos al Cementerio de Mingorrubio, la visita del presidente del gobierno a las tapias del Cementerio madrileño de la Almudena, donde rindió tributo a las 13 jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas asesinadas en 1939, las “Trece Rosas”, o el primer homenaje del Estado Español a la memoria de los alrededor de 10.000 españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y otros campos de concentración alemanes, para “un reconocimiento público al más alto nivel” para estos “luchadores por la democracia y la libertad”, con la presencia de la que fuera Ministra de Justicia Dolores Delgado.

Se sigue desarrollando una notable agenda de actividades, para el reconocimiento a los muertos y exiliados, fuera de nuestras fronteras, como la reciente visita que la vicepresidenta del gobierno para homenajear al último superviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen, por lo que Carmen Calvo se desplazó hasta la localidad francesa de Aÿ, siendo anfitrión el alcalde de esa población gala, donde no solo se reconoció al último preso español que sigue con vida, sino también a esa veintena de presos que rehicieron su existencia allí o tuvieron contacto con esa ciudad. De ellos ya solo vive Juan Romero, el cordobés de 101 años, que recibió el primer homenaje y reconocimiento por parte del Gobierno español.

Con retraso pero decididamente, la sociedad española comienza a encontrar a sus víctimas en cada vez más exhumaciones de fosas comunes, efectuar reconocimientos individuales y colectivos, para poner al día esa anomalía democrática de tantos años, como fueron el levantamiento militar que provocó la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Estamos expectantes por conocer el contenido de esta nueva iniciativa gubernamental para cerrar el negro capítulo de la Historia reciente de España, dando protagonismo a las víctimas del golpe militar y posterior represión del franquismo, reclamando Verdad, Justicia y Reparación.

¡Bienvenida sea!.