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EL PERIÓDICO
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Sobre la ocupación de viviendas


La ocupación ilegal de viviendas es un problema recurrente que cada vez que gobierna la izquierda la derecha utiliza como arma arrojadiza y cuando gobierna la derecha desaparece, como por arte de magia, de la agenda pública y de los medios.

La ocupación es un problema, ciertamente, pero no es el problema que les quieren hacer creer a ustedes, va más allá de los meros eslóganes o consignas que únicamente tienen como finalidad generar temor e inseguridad, armas que benefician a la derecha sin fundamento alguno.

Lo primero que queremos dejar patente es que todas las ocupaciones son ilegales ya sea viviendas, locales u otros espacios, pues se hacen contra la voluntad de su propietario, pero no todas tienen ni el mismo objetivo, ni suponen el mismo perjuicio ni, sin duda, generan la misma conflictividad.

El segundo elemento que queremos señalar es que las ocupaciones de vivienda se llevan a cabo en inmuebles vacíos, es decir, en viviendas que hace tiempo que no están habitados o que nunca lo han sido: no existe la ocupación en viviendas habitadas que son morada de una persona, pues eso constituye violación de domicilio y capacita a las fuerzas de seguridad a actuar con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho.

Eso deja sin sentido las creencias de muchas personas que piensan que si salen a comprar al volver puede que les hayan ocupado el domicilio y no puedan regresar; nada más lejos de la realidad.

En la actualidad, el domicilio de las personas o morada, es uno de los derechos más salvaguardados de nuestra legislación, así que pueden salir tranquilos.

Dicho esto, nos gustaría mostrar algunas cifras objetivas para disponer de una fotografía más cercana a la realidad de la ocupación en Cataluña que es la región con mayor incidencia de este fenómeno y que seguramente con pequeñas correcciones podrían extrapolarse a otras regiones de España.

El 82% de las viviendas ocupadas pertenecen a grandes tenedores: entidades financieras, fondos de inversión, entidades de gestión de activos como la SAREB, lo que supone que una cifra superior a 4 de cada 5 viviendas sean de este tipo de entidades.

De este porcentaje de pisos ocupados de grandes tenedores, 7 de cada 10 pertenecen concretamente a bancos y son procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

El 87% de las personas que ocupan una vivienda tienen más de 26 años, y más de la mitad, el 56% para ser exactos, tienen más de 36 años.

Que el 68% de las personas que ocupan conviven con la familia, que en más de la mitad de los hogares – el 55% - hay menores; que en el 3% de los casos hay personas mayores de 65 años y en el 4% viven personas en otras situaciones de dependencia.

Que el 56% de las personas que ocupan son mujeres, y de éstas, el 88% tienen más de 26 años, y más de la mitad, en concreto el 57%, se encuentran entre los 36 y 65 años.

Que hasta el 77% de las mujeres conviven con la familia o en pareja, frente al 62% de los hombres y, encima, es 12 puntos porcentuales más probable que estas vivan con personas en situación de dependencia a su cargo.

Que el 73% de las personas que ocupan viviendas son españolas.

Que el 75% de las personas que llevan a cabo una ocupación lo hacen por un motivo vinculado a la falta de ingresos en relación con los precios del mercado inmobiliario.

Que el 93% de las personas que están ocupando actualmente tienen ingresos por unidad de convivencia inferiores a 1.000 € € mensuales y de estas, el 79% tienen ingresos mensuales por hogar por debajo de los 705 € y el 37% se encuentran en la franja de ingresos de menos de 400 € mensuales incluyendo aquellas personas que no tienen ingreso alguno.

Con estas cifras se puede afirmar que 93% de los hogares ocupadas están en riesgo de pobreza.

Que el 80% de las personas que ocupan, buscan otra opción residencial antes de hacerlo. Es pues, una decisión forzada y no deseada en la mayoría de casos.

Que el 87% de las ocupaciones se llevan a cabo sin un intercambio económico, es decir, sin que exista ningún negocio y sólo un 13% de las ocupaciones pueden vincularse a mafias.

Podíamos dar muchas cifras mes, pero con estas que hemos puesto sobre la mesa podemos ya hacer una fotografía del okupa tipo: Mujer mayor de 50 años, con hijos, española, sin ingresos suficientes y en riesgo de pobreza, que por necesidad ocupa un piso vacío de banco que esta entidad obtuvo por una ejecución hipotecaria.

Y ese es el verdadero problema de la ocupación.

Hay que acabar con la ocupación, sin duda, y para ellos hay que afrontar la base real del problema principal, hay que dar respuesta a una necesidad real y tangible de nuestra sociedad como es el acceso a una vivienda digna a precio asequible y no podemos hacer como si este problema no existiera.

Frente estas ocupaciones hay que buscar soluciones de consenso; es necesario que las administraciones tomen medidas destinadas a facilitar lo que es una garantía constitucional como es el acceso a la vivienda, una Constitución que no sólo debemos blandir cuando nos interesa, no: tenemos exigir siempre su cumplimiento. Pero si hemos de ser exigentes para hacer frente a la pobreza, también hemos de serlo con las garantías para con la propiedad privada.

Como ya hemos comentado, un 18% de las viviendas ocupadas pertenecen a pequeños propietarios, segundas residencias que no pueden disfrutar.

Mientras que ante las otras ocupaciones de necesidad defendemos que haya que tomar medidas paliativas, contra estas ocupaciones hay que luchar, sin duda, promoviendo las reformas legislativas y procedimentales necesarias para acelerar la expulsión de los ocupantes ilegales de estas viviendas.

Por eso aplaudimos iniciativas como la del Ministerio del Interior de modificar el protocolo sobre este tipo de delitos a la hora de redactar las diligencias de prevención que aceleren su tramitación o la iniciativa impulsada por el Colegio de Abogados de Mataró para promover la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Todas las cifras contenidas en el presente escrito están extraídas de "El informe sobre ocupación de vivienda vacía en Cataluña" de la Obra Social Barcelona, ​​del año 2019, y del informe de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) del Área de Derechos Sociales de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ​​de septiembre de 2016, ambos informes disponibles en sus respectivas webs.

Portavoz socialista del Ayuntamiento del Masnou. Primer secretario de la Agrupación de Alella, El Masnou i Teià.

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