Por la Memoria

Pertenezco a una de esas familias de Moguer (aunque nacido en Sevilla, toda mi rama materna es del pueblo de Juan Ramón Jiménez) que sufrió en sus carnes las rigores de la represión. Una familia que posiblemente por miedo o una mal entendida prudencia calló y no transmitió (o lo hizo parcialmente) lo ocurrido a las generaciones siguientes. Gracias a investigaciones como las de Antonio Orihuela, muchos hemos podido conocer la historia y desventuras de nuestros ascendientes. Pasar página, propiciar nuestra desmemoria, no querer rescatar lo vivido es tanto, según palabras del profesor, como “aceptar que nuestro presente esté construido sobre el genocidio, la violencia, el olvido y la lectura triunfalista de la Historia“.

Desde esta experiencia personal, celebro cada paso que damos en la recuperación de nuestra verdadera historia, cruelmente silenciada por los golpistas que ganaron la Guerra Civil e implantaron un régimen de terror durante cuatro décadas. Toda conquista que arroje luz sobre nuestro pasado, que restituya a los represaliados y que reconforte el dolor y el sufrimiento de sus familiares supone el refuerzo de nuestra democracia y de nuestros valores.

El Gobierno de España tiene prácticamente ultimada la nueva ley de memoria democrática, un texto que significará otro impulso en pos de la verdad, la justicia y la reparación. La norma vigente desde 2007 ha cumplido parcialmente sus objetivos, entre otras razones, por su paralización de facto durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, pero ha sentado las bases para hacer políticas públicas dirigidas al reconocimiento de las víctimas del franquismo. Transcurridos trece de años desde su aprobación, también se hace necesario un marco actualizado que tenga en cuenta y haga frente a nuevas necesidades, a demandas del movimiento memorialista, a recomendaciones de organismos internacionales y al desarrollo legislativo en las Comunidades Autónomas. (Por cierto, Andalucía, mi tierra, pionera siempre en este ámbito, sufre ahora el frenazo de su ley, que es muy avanzada, por el capricho de un gobierno autonómico de derechas y el peaje que paga a la extrema derecha).

El anteproyecto que está elaborando el Gobierno presidido por Pedro Sánchez amplía el reconocimiento de las personas que padecieron persecución y violencia por parte del franquismo desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 hasta la promulgación de la Constitución española de 1978. El segundo eje es la recuperación y difusión de la memoria democrática. O dicho de otra forma, es el deber de mantener viva la memoria como garantía de no repetición de estos episodios trágicos para nuestro país. De esta forma, la memoria democrática entrará en la escuela, se fomentará la investigación, se impulsarán programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas o se procederá a la resignificación del Valle de los Caídos.

Entre otras novedades, las administraciones públicas asumirán el liderazgo en la búsqueda de los desaparecidos (España, con unos 100.000, es el segundo país con más desaparecidos del mundo), se anularán las sentencias arbitrarias de los tribunales de excepción franquistas, se creará una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, se recuperará el papel activo desarrollado por las mujeres o se hará una auditoría sobre los bienes expoliados por razones ideológicas, conciencia o creencia religiosa.

Estamos ante un propuesta ambiciosa que entronca con lo más avanzado del derecho internacional humanitario, que dignifica a las víctimas y fortalece nuestra democracia. Recuperar nuestra memoria es una obligación ética y democrática, lo que es realmente escandaloso es la nostalgia de los sectores conservadores y sus titubeos para cortar de raíz con el pasado. La pertinencia de esta nueva ley es total aunque la derecha grite, patalee y se niegue a cerrar desde la reparación su deuda con nuestra historia. Dijo Óscar Wilde que “si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido”. Por la Memoria.