Moción de censura y recuperación económica

El lado positivo de la moción es que el PP marcó distancias y se enfrentó con su voto a Vox (sin que ello signifique la rotura de la foto de la Plaza Colón), en su lucha por mantener la hegemonía dentro del bloque de derechas y después de constatar la tendencia electoral a la baja del PP (en beneficio del partido ultra) y de que Pedro Sánchez culminará, a pesar de su precaria relación de fuerzas en el parlamento, su mandato en esta legislatura. También el bloque que votó la investidura de Pedro Sánchez salió reforzado- no sin duras críticas al Gobierno-, lo que facilitará, probablemente, la aprobación de los PGE-2021 y una salida progresista de la crisis.

La lucha contra la pandemia está resultando un problema mayúsculo, agravado por las resoluciones judiciales y la compleja coordinación preventiva con las CCAA, así como por las fuertes diferencias suscitadas entre el Gobierno del Estado y las derechas, abanderadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta intolerable pugna política está situando a la sanidad madrileña en un lugar secundario y supeditado a intereses opacos. El argumento de carácter ideológico utilizado por Díaz Ayuso -partidaria de “primar el negocio por encima de las personas”- no tiene ningún rigor ni fundamento científico. En la actualidad, el problema económico es de demanda y, por lo tanto, no se resolverá mientras no se superen las incertidumbres y se erradique finalmente el virus, lo que requiere reforzar la inversión en sanidad preventiva y básica (médicos y enfermeras, atención primaria, rastreadores, medicación paliativa y vacunas) y no en obras faraónicas (construcción de grandes hospitales) y, desde luego, confinar sin reparos a personas, empresas y ciudades si es absolutamente necesario.

En todo caso, el atajar la pandemia –bajo el paraguas jurídico de un nuevo estado de alarma decretado finalmente por el Gobierno- debe ser compatible con la recuperación económica a lo largo de la legislatura. En este sentido, las ayudas de la UE son de suma importancia para apoyar a sectores y empresas, generar empleo y mantener la protección social, además de corregir el déficit y reducir la abultada deuda pública. Lugar destacado ocupa la distribución de las ayudas y la planificación de las inversiones, que se deben comenzar a concretar en los PGE-2021. En coherencia con ello, el Gobierno debe potenciar su organización, coordinación y gestión ante la crisis, lo que exigirá contar con las CCAA, ayuntamientos, interlocutores sociales y la colaboración pública privada, dando un particular protagonismo al cambio de nuestro modelo productivo, la digitalización, la transición energética y al empleo de calidad: sobre todo de jóvenes, mujeres y parados de larga duración, lo que exigirá reforzar, entre otras medidas, las políticas activas de empleo y reformar los servicios públicos de empleo y su relación con las agencias privadas que intermedian en la contratación.

En cuanto al empleo y el mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar sin demora las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales, a pesar de las serias reservas del Gobierno y la fuerte oposición de la CEOE. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio que regule sus condiciones de trabajo, jornada y salarios. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en ámbitos inferiores y en los centros de trabajo. Además de abordar, de una vez por todas, la intolerable precariedad de nuestro mercado de trabajo (contratación temporal, a tiempo parcial, falsos autónomos, trabajo sumergido…), lo que exigirá recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios.

En este contexto económico y social, la inversión en los servicios públicos es también absolutamente prioritaria. Si algo ha puesto de manifiesto la profunda crisis que nos afecta es la importancia de la sanidad (ciencia e investigación) y de la enseñanza pública y los efectos perversos de las políticas de austeridad practicadas. Por lo tanto, es el momento de revisar a fondo su financiación y de potenciar al máximo dichos servicios combatiendo firmemente la aspiración ideológica de las derechas de privatizarlos en detrimento de todo lo público (el ejemplo de Madrid es altamente significativo), lo que aumentaría considerablemente las desigualdades y disminuiría la protección social de los más vulnerables.

Efectivamente, la protección social es básica para frenar en la actualidad las colas del hambre y la creciente desigualdad social. Por eso, el Gobierno debe trabajar a fondo para reforzar la protección social (pensiones, dependencia, desempleo e IMV) y defender un porcentaje de gasto suficiente del PIB. En cuanto a la Seguridad Social (SS), el Pacto de Toledo, entre otras medidas, ha recomendado recientemente la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, racionalizar el gasto (eliminar las subvenciones a la contratación, desincentivar las jubilaciones anticipadas, reducir las subvenciones a los fondos complementarios de pensiones individuales), además de buscar ingresos alternativos: separación de fuentes e ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad del Sistema. Por lo tanto, es el momento idóneo para que el Gobierno concrete sin demora, con los interlocutores sociales, estas recomendaciones sin olvidar nunca que la sostenibilidad de la SS depende, en buena medida, de que se superen las fuertes carencias de nuestro mercado de trabajo: alto índice de desempleo, intolerable precariedad, escasa protección social y bajos salarios.

Finalmente, los PGE-2021 deben comenzar a marcar tendencia en cuanto a los futuros ingresos fiscales. En este sentido, antes de plantear la necesaria subida de impuestos a los que más tienen (altos ingresos y reparto de dividendos), hay que racionalizar el gasto, perseguir el fraude y la economía sumergida y revisar en profundidad las desgravaciones fiscales. Al margen de plantear en la UE el problema de la elusión y la evasión fiscal y trabajar a fondo para alcanzar la armonización del Sistema Fiscal en este ámbito. El propósito es ambicioso e inaplazable: dotar a España de una `política de ingresos que garantice la suficiencia, la progresividad y la equidad fiscal.

Para ello es imprescindible mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra el elevado fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, es necesario acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, es relevante potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. En relación con este asunto, los sindicatos proponen equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas; establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas edulcorantes); establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

Retos mayúsculos que van a marcar la agenda de la clase política y el quehacer de los interlocutores sociales a corto y medio plazo. En coherencia con ello, los partidos políticos (Gobierno y oposición) deben actuar con responsabilidad, lealtad y eficacia, sin necesidad de buscar atajos y sobreactuar en un contexto político, económico y social excepcional. En todo caso, sería muy positivo y estimulante que se alcanzaran acuerdos políticos, de carácter y estratégico, para dar una respuesta firme a la dramática situación económica y social, comenzando por aprobar los PGE-2021 presentados por el Gobierno en el parlamento.

Por último, es el momento de reafirmar el valor que tiene la centralidad del trabajo en la actualidad, de impulsar la participación de los trabajadores en las empresas (“democracia económica”) y de garantizar la participación de los sindicatos en las políticas de empleo, la protección social, la digitalización en el trabajo, la transición energética… En definitiva, de intervenir a fondo en todas las medidas encaminadas a recuperar nuestra economía y mantener el Estado de Bienestar Social, que deben ser el fundamento de la acción política y de la movilización social en los próximos meses.