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EL PERIÓDICO
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Democracia y "brutalismo"


La democracia requiere de unos mínimos consensos para funcionar. Si no se respetan esos mínimos, nos adentramos en el terreno de lo desconocido y las sociedades quedan al albur de todos los oportunismos y violencias.

Desde la moción de censura de junio de 2018, las formas por las que se conduce la democracia española dejan mucho que desear. Las elecciones de noviembre de 2019 y la inmediata pandemia del Covid-19 desencadenada a partir de marzo de 2020 tampoco han servido para sosegar el debate político. La razón última del impresentable tono bronco que tienen las intervenciones en el Parlamento y en los medios de comunicación es la no aceptación por parte de un amplio sector de la derecha –concretamente del representado por los partidos Popular y Vox– del resultado de las elecciones.

Desde el primer momento, tacharon al Gobierno salido de la investidura del 10 de noviembre de ilegítimo. Dicho Gobierno fue investido con 167 diputados favor –de PSOE, UP, PNV y varios partidos pequeños– y las 18 abstenciones de ERC y EH Bildu, que resultaron decisivas. Estos dos últimos partidos también han sido decisivos para la reciente aprobación de los Presupuestos de 2021. ¿Dónde está la ilegitimidad?

Esas derechas no han ahorrado adjetivos negativos para calificar ambos resultados, la investidura y los Presupuestos. Han inventado el mantra de “gobierno social-comunista-filoetarra-separatista” para descalificarle. Dicen que los Presupuestos están “manchados de sangre” –señor Casado–, que el Gobierno es “responsable de genocidio” –Vox–, que la Constitución está en peligro –señora Díaz Ayuso– y que España se encamina hacia un régimen bolivariano –señora Gamarra–.

Ya sabemos que las intervenciones públicas tienen mucho de teatro y que tienden a exagerar y a torturar los argumentos para aumentar el impacto mediático del discurso, pero ¿es todo admisible en democracia? Añado mi voz a las muchas que han denunciado estas actitudes para decir que no, que la democracia no lo soporta todo. Que esos comportamientos, a quien más daño hacen no es al Gobierno sino a la propia democracia.

Un consenso democrático mínimo es reconocer que todos los votos tienen la misma legitimidad y que las opciones políticas que les representan son respetables. Se puede estar en desacuerdo con el independentismo, pero es respetable que varios millones de ciudadanos piensen así y que voten a los partidos que defienden esta opción. No es respetable que los independentistas, ni cualesquiera otros, se salten las leyes, pero sí lo es que deseen y promuevan la independencia de sus territorios. Como es respetable ser anti-monárquico o comunista. Emplear estos términos como insultos demuestra una visión estrecha e intolerante de la política. Los comunistas españoles han prestado grandes servicios al país en su larga lucha contra la dictadura franquista y por la reconciliación de los españoles y el advenimiento de la democracia. Y defender una república en lugar de una monarquía, mientras se haga dentro de los cauces legales, es tan respetable como lo contrario.

En términos históricos, las fuerzas conservadoras españolas están acostumbradas a pensar que todos los que no coinciden con su visión de España –por lo demás, estrecha y excluyente– no son genuinos españoles y merecen la cárcel o el exterminio. Baste recordar la Inquisición española –una institución medieval del siglo XV–, que pervivió entre nosotros hasta 1834 y que sirvió fundamentalmente para ajusticiar liberales, o los sucesivos pronunciamientos carlistas contra el gobierno liberal de la Reina Cristina, o los que acabaron con la primera y con la segunda repúblicas. Como se ha visto recientemente en el chat de unas decenas de ex-militares, todavía quedan nostálgicos del franquismo que siguen pensando en el exterminio como “solución”. Con todo, lo peor no son estos nostálgicos marginales sino la actitud comprensiva hacia ellos por parte de políticos que se dicen democráticos y constitucionales como los de Vox o la popular Díaz Ayuso.

Agitar el fantasma de ETA diez años después de su desaparición es una muestra más de la tendencia necrófila de la derecha, que siempre utiliza a los muertos contra los gobiernos de izquierdas. EH Bildu tiene pendiente condenar su complacencia pasada con el terrorismo y su simpatía presente con los etarras excarcelados, y eso la inhabilita como socio de gobierno, tanto en el País Vasco como en la nación, pero ello no debe impedir llegar a acuerdos con ellos en medidas sociales o económicas. Son una fuerza parlamentaria legítima y el segundo partido más votado en el País Vasco. Además, el abandono de su apoyo al terrorismo y su integración en la política supone un triunfo de la democracia por el que hemos de felicitarnos. Les pedíamos que hicieran política y es lo que están haciendo. Parece, pues, contradictorio criticar que la hagan.

En democracia, los desacuerdos se combaten con argumentos, no con descalificaciones. Pero la derecha no tiene empacho en llamar antiespañoles, ilegítimos, anticonstitucionales o cómplices del terrorismo a los que no piensan como ellos. Eso no tiene nada que ver con la discrepancia o la crítica políticas y supone, en cambio, esparcir el discurso del odio contra el adversario y violar los límites de lo que es aceptable en democracia. Alimentar el odio desde la política polariza a la sociedad y dificulta la convivencia. Es embrutecedor y lo es más aún en una época en que las redes sociales amplifican los mensajes simplistas y descalificadores. El político no debe estar para alimentar las bajas pasiones de las masas sino, más bien, para lo contrario, para apaciguarlas e impedir que estas desemboquen en violencia. El discurso del odio puede ser fácilmente recogido por grupos fanatizados o con pocas luces y convertirse en acciones violentas y en atentados contra las personas.

El trámite parlamentario de los Presupuestos ha sido una buena muestra de lo que no debe ser un debate democrático. La derecha ha dedicado escasos minutos a argumentar contra las medidas económicas contenidas en los mismos y, en cambio, ha empleado casi todo su tiempo en descalificar a los que lo iban a votar, en hablar de la ruptura de España, del terrorismo etarra y de lo mucho que nos parecemos a Venezuela. Es decir, en sembrar odio.

Practicar el “brutalismo” –o sea, la brutalidad continuada– en política es peligroso. Rompe los mínimos consensos democráticos y también impide consensos en otras materias. Los desafíos que tenemos por delante como país son numerosos y complejos de abordar. Necesitan consensos que se extiendan más allá de una legislatura. Por poner solo algunos ejemplos, remediar la despoblación de la España interior, corregir nuestro atraso secular en ciencia o luchar contra el cambio climático necesitan políticas que se apliquen de forma continuada por lo menos durante una década. Es decir, se necesitan políticas de Estado, independientes de los gobiernos del momento. ¿Cómo se pueden acordar serenamente dichas políticas con quien todos los días le llama a uno ilegítimo, filoetarra y antiespañol?

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.