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2021: En busca de la "nueva normalidad"


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La aprobación de los PGE-2021 cierra un periodo político complejo presidido por la acelerada carrera en busca de apoyos al proyecto presupuestario del Gobierno. También abre una etapa esperanzadora en la búsqueda de soluciones para erradicar la COVID-19 y mejorar paulatinamente la situación económica y social profundamente deteriorada por los efectos perniciosos de la Pandemia.

El debate parlamentario, como viene ocurriendo en los últimos meses, fue muy bronco, ideológico y poco edificante. La oposición de derechas rehuyó debatir los asuntos relevantes de los presupuestos. No se divulgaron tampoco sus propuestas y alternativas fundamentales, como no fuera insistir en la bajada de impuestos, reducir la cuantía de la protección social y limitar al máximo las transferencias monetarias para mejorar la dotación de los servicios públicos y las condiciones de trabajo y salarios de sus empleados (sanidad, educación y servicios sociales).

Como era de esperar, los partidos independentistas e, incluso, los nacionalistas, aprovecharon la débil relación de fuerzas del Gobierno en el parlamento para exigir contrapartidas a sus necesarios apoyos. Nada nuevo bajo el sol que no ocurriera en anteriores legislaturas, cuando un partido ganaba las elecciones (“bipartidismo”) pero no alcanzaba la mayoría absoluta. En ese caso, los partidos nacionalistas hacían de bisagra o inclinaban con sus votos la balanza apoyando al gobierno de turno. El caso más sonoro, por su significación histórica- recogido por Pepa Bueno en El País (02.12.2020)-, fue el pacto suscrito entre Aznar y Pujol, en 1996, que eliminó el servicio militar obligatorio, suprimió la figura de los gobernadores civiles, cedió el 30% del IRPF a las CCAA y traspasó las competencias a Cataluña de la Dirección General Tráfico.

En esta ocasión, el Gobierno- calificado por las derechas de “filo comunista” y muy criticado por “subastar a España”- hizo concesiones a ERC y a Bildu y, además, al PNV y a otros partidos minoritarios en el parlamento a cambio de apoyos. Esta circunstancia fue duramente criticada por las derechas, en coherencia con su oposición frontal a los PGE-2021. Efectivamente, las derechas criticaron fuertemente los apoyos recibidos por el Gobierno aprovechando que nadie en la actualidad- y en su sano juicio- se echa en manos de ERC y Bildu, sino es por absoluta necesidad (hacer de “la necesidad virtud”). Sin embargo, sus críticas carecieron de la mínima credibilidad ante la falta de alternativas a los mencionados presupuestos, lo que puso de manifiesto su falta de voluntad política para alcanzar acuerdos- como hubiera sido deseable en las actuales circunstancias- y su reiterada actitud contraria a que el Gobierno acabe la presente legislatura.

En este contexto político, tampoco faltaron críticas- con un gran impacto mediático- de ex responsables cualificados del PSOE al Gobierno por aceptar los votos de los partidos independentistas (ERC y Bildu). Críticas sin consecuencias al no contar con una relación de fuerzas favorable en un partido desmovilizado y limitado- con muy poco debate y participación- a apoyar al Gobierno. Incluso, Unidas Podemos (UP) aprovechó la debilidad del PSOE para recuperar la iniciativa política, muy disminuida en los últimos meses, planteando asuntos sociales muy sensibles para los ciudadanos e, incluso, asuntos extremadamente polémicos relacionados con Cataluña. En todo caso, las fuerzas discrepantes no fueron capaces de ofrecer soluciones prácticas a la actual situación: el hipotético gobierno de concentración se ha demostrado inviable y los votos de Ciudadanos por sí solos no suman y resultan muy controvertidos, entre otras cosas porque ello hubiera exigido la derechización política del Gobierno lo que, previsiblemente, no fuera aceptado por el PSOE y UP.

A todo ello hay que añadir que, la no aprobación de los PGE-2021, hubiera sido una solución pésima en el actual contexto político, económico y social. No debemos olvidar que esta grave decisión política nos hubiera obligado a celebrar unas nuevas elecciones generales en medio de la Pandemia, pendientes de las elecciones en Cataluña (14 de febrero) y de reconstruir el país con el apoyo de las ayudas económicas pendientes de la UE. Lo que no cabe la menor duda es que con los presupuestos aprobados- y una vez celebradas las elecciones de Cataluña- se abrirá una nueva etapa, diferente y más estable en términos políticos al tener el Gobierno la certeza de que acabará la legislatura. En este escenario, el PSOE, previsiblemente, asumirá un mayor protagonismo y, además, confirmará que el proyecto del Gobierno no contempla en absoluto desmantelar el Estado- como denuncian con insistencia las derechas- y que negociar con ERC y, sobre todo con Bildu (mientras no condene la violencia y el terrorismo de ETA), es algo excepcional y rechazable, en coherencia con la defensa de la Constitución que ha sido la norma y conducta del PSOE desde la transición democrática.

Los contenidos de los PGE-2021 se conocen a grandes rasgos y, según las manifestaciones optimistas del Gobierno, su máxima aspiración es salir de la crisis: gestionar con rigor las medidas aprobadas y generar una serie de expectativas con voluntad de que se puedan llevar a la práctica. De entrada, lo primero que pretenden es incrementar la dotación de fondos económicos, contando con las ayudas de la UE y con la mejora de la coyuntura económica (en el año 2021 se invertirán 27.000 millones de euros de la UE). Efectivamente, el reforzar el combate contra la COVID.19 y la reconstrucción económica y social dependen de las ayudas de la UE y, desde luego, del aumento de la recaudación fiscal. Por eso, la pretensión final debe ser que nuestro país se equipare paulatinamente a la UE en ingresos fiscales. Recordar que, según UGT, España recauda 6,3 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, lo que significa recaudar casi 80.000 millones de euros menos anuales. Sin duda, ello obligará al Gobierno, en esta legislatura, a emprender una reforma fiscal integral con la pretensión de incrementar los ingresos e, incluso, las cotizaciones sociales.

En este sentido, los sindicatos insisten en equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas; establecer un mínimo en el impuesto de sociedades; evitar la competencia fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales); revisar en profundidad las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar a fondo la composición del IVA; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras. Además de reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la Agencia Tributaria para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera rápida y decidida, con los porcentajes de fraude más bajos de la UE.

Como se ha señalado anteriormente, los PGE-2021 pretenden impulsar un crecimiento sostenible de la economía y avanzar hacia el cambio de nuestro modelo productivo. Se pretende favorecer a sectores y empresas tractoras capaces de generar valor añadido y, sobre todo, empleos de calidad, dignos y con derechos. El cambio de modelo productivo debe impulsar decididamente la actividad industrial (con el fin de que alcance el 20% del PIB desde el 14% que tiene en estos momentos) y, por lo tanto, medidas relacionadas con la transición energética, la investigación y la mejora de la inversión en la transformación digital. Particularmente se deben reforzar los sectores estratégicos de nuestro país: sanitarios y educacionales, energía, automóvil, pequeño comercio, agricultura… Y, de manera muy especial, al turismo, que representa casi el 15% del PIB y genera casi 3 millones de empleos.

También, los PGE-2021 hacen mucho hincapié en la creación de empleo, al margen de corregir la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo. Lo que requiere financiar adecuadamente las políticas activas de empleo, reformar los servicios públicos de empleo, para que participen activamente en la intermediación de nuestro mercado de trabajo, así como facilitar el diálogo social, apostar por prorrogar los ERTE, derogar las reformas laborales y propiciar una adecuada legislación laboral en un mundo digital y globalizado. Por último, impulsar la demanda interna y, en coherencia con ello, propiciar unos salarios dignos y suficientes (los sindicatos reivindican que el SMI alcance en el próximo año 1000 euros). En este sentido, es bueno recordar que, según UGT, la masa salarial en España cayó un 12,7% en los dos primeros trimestres del año por la reducción de las horas trabajadas y la pérdida de empleo.

Los presupuestos deben servir también para fortalecer la protección social y el Estado de bienestar social muy castigado por las políticas de austeridad y, actualmente, por la Pandemia. Entre otros asuntos, se debe revisar la protección por desempleo y mejorar la gestión del IMV (último recurso para los que no pueden acceder a un empleo) con la pretensión de reducir los destrozos causados por la crisis (aumento de la pobreza y de la exclusión social). Una última y obligada consideración; no debemos olvidar que la UE está dispuesta a financiar, sobre todo, proyectos relacionados con la cohesión social, la igualdad de género, el cambio climático y la transición digital. Ello pondrá a prueba la capacidad de gestión del Gobierno (y de las CCAA, instituciones y empresas) y su determinación en distribuir y gastar el dinero asignado con rapidez, fluidez y eficacia.

En resumen, el año 2021 está llamado a generar ilusión y esperanza. La experiencia y el mayor conocimiento adquirido en el combate contra el virus; las ayudas previstas de la UE; el previsible impulso de los PGE-2021 al crecimiento sostenible de la economía, al empleo y a la protección social; así como la esperada vacunación paulatina del conjunto de la población deben confirmar la salida progresista de la crisis a lo largo del próximo año. En todo caso, debemos ser todos muy prudentes en las tradicionales fiestas navideñas… A pesar de las circunstancias: Feliz año 2021.