Fuerzas Armadas Españolas en el proceso de transición política. Comparación con las Fuerzas Armadas en la URSS

Por el contrario, si intentamos estudiar la transición política en la URSS, nos encontramos con un asunto muy complejo, y que, por supuesto ha significado enormes cambios, pero que en ningún caso podemos afirmar, que de una nueva democracia se trata.

Aún así, hay autores como O'Donnell, y Schmitter que encuentran analogías entre el proceso de transición español y el soviético:

1: Según ellos, el origen de todas las transiciones políticas se inicia con un período de glasnot, como liberalización. El referéndum que Suárez realizó en España en 1.976 sobre la "Ley para la Reforma Política" puede ser comparado con la posibilidad de la vuelta de Sajarov de su confinamiento en Gorky en diciembre de 1.986, lo que significaba un primer acercamiento de la glasnot de Gorbachov a la consecución de un apoyo por parte de la inteligencia.

También en 1.989, en una visita a Ucrania, Gorbachov pidió apoyo contra los que se oponían a sus reformas.

2: Otro elemento de comparación sería la votación de las Cortes franquistas avalando la "Ley para la Reforma Política" (suicidio colectivo), con la decisión del Soviet Supremo en 1.988 de apoyar las nuevas leyes para las elecciones y una reforma constitucional.

3: En la URSS en marzo de 1.990 el Congreso de Diputados del Pueblo con el apoyo de Gorbachov, abolió el artículo 6 de la Constitución que garantizaba el monopolio del PCUS en el poder, lo que clarificaba la posibilidad del surgimiento de otros partidos. En España, Suárez se vio obligado a legalizar al PCE.

Por todo ello, el objeto de este trabajo va dirigido a estudiar el papel del ejército español y del soviético, ya que ambos ocuparon un papel vital a lo largo de un período totalitario, y su protagonismo en la transición resultó algo más que evidente.

Pero lo que resulta más interesante es la participación de ambos en un golpe de Estado, fracasando en los dos casos y cuyas consecuencias marcaron una mayor rapidez en los cambios estructurales.

En España tras el golpe del 23-F se produjo una victoria electoral sin precedentes del PSOE, lo que de alguna forma contribuyó a consolidar el sistema democrático.

En la URSS, tras la derrota del golpe de agosto de 1.991, se produjo la desintegración definitiva de la Unión Soviética; la prohibición del PCUS; y el abandono de la política de Gorbachov. 

El régimen franquista se articuló de manera más compleja que una simple dictadura militar, aunque las Fuerzas Armadas, que habían aglutinado y vertebrado el bloque social y político antirrepublicano durante la guerra civil, fueron siempre su pilar más sólido. El régimen las utilizó básicamente de dos formas:

1.- Como instrumento de represión política, haciéndolas invadir las tradicionales competencias judiciales y tutelar a las fuerzas policiales.

2.- Como cantera de reclutamiento de dirigentes políticos¹.

Desde comienzos de los años sesenta se produce una disminución de su poder y su protagonismo político-institucional. En los años setenta, acontecimientos como la muerte de Carrero Blanco, la revolución portuguesa y la crisis del Sahara, contribuyeron a la pérdida del monolitismo de las anteriores décadas. Prueba de ello es la existencia de una importante corriente profesional -encabezada por el general Díez-Alegría, partidario de la modernización técnica de las FFAA, proporcionada por una política de defensa eficaz y elaborada por un sistema político capaz de asegurar su propia legitimidad- y la Unión Militar Democrática (UMD), constituida por un grupo de jóvenes militares demócratas. La UMD nació en Barcelona en 1.974 creciendo rápidamente hasta llegar a tener trescientos miembros, la mayoría capitanes, aunque también había jefes y tenientes del Ejército de Tierra. Su objetivo consistía en hacer proselitismo democrático dentro de las FFAA. La UMD se autodisolvió después de las primeras elecciones de junio de 1.977. Anteriormente esta organización fue descubierta y nueve de sus dirigentes fueron condenados a penas de hasta ocho años de prisión y expulsados de las FFAA.

Lo anterior evidencia un proceso de cierto distanciamiento de las FFAA respecto del régimen en los últimos años del franquismo, lo que no impediría que por su primacía tradicional, tuvieran una importancia capital durante la transición democrática en España, hasta el extremo de que no es exagerado sostener que esta transición no es más que una transferencia del poder de los militares a los civiles, retirándose aquéllos a los cuarteles en el marco de un ordenamiento constitucional cuya emergencia tutelaban².

Este proceso no siempre fue fácil y estuvo sometido a fuertes tensiones y contradicciones. Los intentos militares para romper o condicionar el proceso democrático se quisieron justificar en muchos casos, mediante argumentos proporcionados por la ideología militar. Aunque esta hunde sus raíces en épocas anteriores, reaparece durante la transición de la mano de militares golpistas y de los partidarios de la teoría del poder militar autónomo. De acuerdo con esta doctrina, las FFAA tienen una función tutelar sobre las instituciones y sobre la vida política que las obliga a intervenir cuando, a juicio de sus intérpretes, circunstancias extraordinarias ponen en peligro la existencia misma de la nación y del Estado. Algunos, incluso, intentaron apoyar la autonomía del poder militar en el artículo 8 de la Constitución, en su apartado 1 que se refiere a la naturaleza, composición y misiones de las FFAA, instrumentando de esta forma a la ley para enfrentarse a la ley misma.

Desde esta perspectiva, el fenómeno terrorista fue utilizado para alimentar la presión militar sobre el proceso político y propiciar la indisciplina y las intentonas involucionistas.

Durante el período histórico aquí estudiado, se produjeron al menos cinco intentos de golpes de Estado. Entre ellos los más graves fueron: la llamada Operación galaxia, en noviembre de 1.978, el organizado por un grupo de coroneles para el 27 de octubre de 1.982, víspera de las elecciones generales, y sobre todo, el golpe del 23 de febrero de 1.981. Este último, a pesar de contar con el rechazo total de las fuerzas políticas, de los grupos sociales y económicos más importantes y de la inmensa mayoría de la opinión pública, sólo fue neutralizado por la decidida intervención del Rey, que contó con la lealtad de algunos generales situados en puestos clave.

Las otras formas de intervención que se dieron, especialmente por parte de la cúpula militar podemos situarlos en los niveles de "influencia" o de "chantaje".

La primera de ellas fue la dimisión forzada, a finales de septiembre de 1.976, del general De Santiago, vicepresidente del Gobierno, por oponerse a la tramitación de un anteproyecto de la ley sobre libertad sindical. El siguiente incidente tendría lugar en abril de 1.977 con la legalización del PCE. Esta decisión provoca la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, y una dura respuesta del Consejo Superior del Ejército mediante una nota en la que rechazaba la medida.

En septiembre del mismo año, un grupo de tenientes generales se reunieron en Játiva con la intención de redactar un memorándum, que iría dirigido al Rey y al Ejército, para exigir la paralización de la Reforma. Aunque parece que el documento nunca fue remitido a sus destinatarios, el sólo hecho de que la reunión se celebrase con ese fin, muestra la hostilidad de una parte importante de los altos cargos militares hacia el proceso democrático.

Por último hay que resaltar la presión militar sobre el proceso de redacción de la Constitución. Los sucesivos proyectos fueron modificados al menos en tres artículos como consecuencia de esta presión: no se prohibieron los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración militar; se modificó el artículo 30 en lo que se refiere a la objeción de conciencia; y la abolición de la pena de muerte no se incluyó en el proyecto aprobado por el Congreso, teniendo que corregirlo el Senado.

LOS INICIOS DE REFORMA MILITAR:

La dimisión del general De Santiago abrió la posibilidad para que el presidente Suárez nombrara al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, asociado a las ideas reformistas del general Díez-Alegría, en el cargo de vicepresidente para Asuntos de Defensa, quien, con la creación del Ministerio respectivo, asumió luego como Ministro de Defensa.

Bajo la dirección de Gutiérrez Mellado se desarrollan básicamente dos tipos de medidas. Uno se refiere a medidas internas destinadas a resolver problemas parciales y a preparar reformas de más largo alcance y otro se refiere a medidas orgánicas generales tendentes a promover la centralización de los órganos superiores y la coordinación entre las fuerzas. La más importante de estas últimas fue la propia creación del Ministerio de Defensa.

Entre las primeras destaca el Real Decreto-Ley 10/1977, que regula las actividades políticas y sindicales de los miembros de las FFAA, orientado a promover la neutralidad política y el respeto a las autoridades de gobierno y militares. También se promovió la dedicación exclusiva al empleo militar, para lo que fue un aliciente el incremento de las remuneraciones.

Es de destacar, también, la creación por la Junta de Defensa Nacional de la Comisión redactora de las Nuevas Reales Ordenanzas para las FFAA, destacando como novedad los límites de la obediencia: ningún militar está obligado a obedecer órdenes que impliquen actos contrarios a las leyes o que constituyan delito, en particular contra la Constitución. Esta comisión culminó sus trabajos casi simultáneamente con la Comisión redactora de la Constitución, con la que se coordinó para aspectos específicos.

En el campo de las medidas orgánicas generales se avanza por dos vías:

1.- Mediante la creación del Ministerio de Defensa que pretende centralizar la dirección política de la defensa nacional.

2.- Mediante la institucionalización de la Junta de Jefes de Estado Mayor, encaminándose a establecer las bases de la coordinación de los ejércitos.

En este proceso reformista se producen situaciones transitorias muy curiosas tales como el desmantelamiento de los antiguos ministerios militares, cuyas funciones y dependencias principales no fueron traspasadas al nuevo Ministerio de Defensa, sino a los Estados Mayores de cada ejército. Ello fortalecería a los cuarteles generales de los ejércitos frente a las nuevas estructuras del gobierno para dirigir el área de defensa.

De este modo el nuevo Ministerio de Defensa sólo absorbió inicialmente servicios secundarios desde el punto de vista de la política militar y de defensa, como los servicios sociales y de previsión.

Se debió, sin duda, al propósito de Gutiérrez Mellado de vencer suspicacias e ir gradualmente integrando dependencias paralelas de los diversos ejércitos en las áreas menos sensitivas a las prerrogativas previamente adquiridas por separado.

Por otra parte, la Constitución dejó planteada cierta ambigüedad respecto de las facultades de la Corona y del gobierno sobre las FFAA, que irían resolviéndose en favor del último, sólo en legislación posterior.

La Constitución estableció las dependencias jerárquicas fundamentales definiendo la función de las FFAA. Separó las funciones policiales de las militares, ordenó la elaboración posterior de la Ley Orgánica de Defensa Nacional y definió principios para legislar en el terreno de la justicia. En este período se inician, con lentitud, los trabajos de reforma del Código de Justicia Militar.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional se tramita y se aprueba durante la gestión del ministro Agustín Rodríguez Sahagún, lo que será el hito principal de su gestión, aparte de la importancia simbólica de ser el primer civil a cargo del Ministerio de Defensa.

El conjunto de estudios e iniciativas siguió recayendo sobre equipos militares en el Ministerio, o en los cuarteles generales. Los intentos de dar contenido a los nuevos organismos encargados de promover la coordinación planificación conjunta quedaron atrapados, sin embargo, en resistencias corporativas y burocráticas: el Plan Genera de Defensa y el Plan Estratégico Conjunto todavía eran más, buenas intenciones que realidad.

DEBILIDAD POLÍTICA Y CRISIS MILITAR:

La debilidad política de Suárez frente a su propio partido y ante los militares, posibilitó el debilitamiento de Gutiérrez Mellado como líder de la reforma.

El enfrentamiento entre Adolfo Suárez y el Ejército ya provenía de abril del año 1.977 tras la legalización del Partido Comunista. La reacción militar fue de tal magnitud que provocó el pronunciamiento oficial del Consejo Superior del Ejército de Tierra y la dimisión del Ministro de Marina. Después de este incidente, Suárez no recuperaría su ascendencia sobre las FFAA.

Otros procesos asociados a la reforma, extendieron la desconfianza militar a partidos y parlamentarios. El intento de incluir en la ley de amnistía a los oficiales de la UMD que habían sido procesados fue una nueva ocasión de presión militar, aunque sin trascender públicamente. Esta inclusión habría hecho posible la reincorporación de estos oficiales al ejército, cuestión inaceptable para los generales. Mientras se debatía en las Cortes, en octubre de 1.977, Rafael Arias Salgado, coordinador general de la UCD y encargado de Relaciones con las Cortes, fue llamado desde la Moncloa por Fernando Abril, quien lo remitió a otro despacho donde se encontraba Gutiérrez Mellado acompañado de un gran número de generales de uniforme. Mientras éstos permanecían en silencio, Gutiérrez Mellado le hizo ver a Arias Salgado que no podía garantizar el orden en las FFAA si se daba curso a la posibilidad de reincorporación de los ex-miembros de la UMD³.

El debate constituyente y el texto final aprobado originó también nuevas desconfianzas militares, al constatarse la legitimidad que alcanzaba el uso del término nacionalidades y otras inclusiones. Sin duda, las FFAA vivían este proceso con gran incertidumbre, pues el llamado consenso fue gestándose a lo largo del proceso de dar curso a la Ley para la Reforma Política y sobre todo durante el propio debate de la Comisión redactora del proyecto de Constitución. No hubo pacto previo, que hubiera dado garantías a los militares sobre los límites de las decisiones posteriores, y un marco de referencia claro para la percepción del comportamiento militar. Fue, por el contrario, un proceso abierto.

El aumento de la tensión se fue produciendo a medida que las acciones terroristas se venían incrementando teniendo a los militares como objetivo principal. La reacción militar reforzaba la sensación de tolerancia gubernamental frente al terrorismo. Ello contribuía a devaluar la imagen del gobierno frente a los militares, además por los efectos de las crecientes divisiones en la coalición gubernamental. Ante este panorama, ni Suárez ni Gutiérrez Mellado podían imponerse sobre las crecientes señales de descontento militar. Más aún, éste se sustentaba también en los efectos internos específicos de la política militar. El temor a las arbitrariedades y a la frustración de las aspiraciones personales que inevitablemente resultarían de ciertas medidas de reforma, para nada ayudaba a fortalecer el liderazgo de Gutiérrez Mellado.

Los criterios de ascensos y designaciones se orientaban a debilitar a los sectores más contrarios al cambio y la reforma, pese a que se aplicaron con moderación y con sujeción a las normas existentes.

A la pérdida de legitimidad del presidente y vicepresidente entre los militares, se unió la sensación entre estos de que el Rey, mientras tomaba una actitud de mayor distancia frente a Suárez, también prestaba mayor oído al descontento de los generales. Grupos militares extendieron esta sensación hacia la creencia de que el Rey apoyaba a los sectores más descontentos. Esto se basó, en parte, en el nuevo acercamiento del Rey hacia el general Armada y en su interés en que fuera destinado como subjefe del Estado Mayor del Ejército⁴.

En parte, esta es la situación que antecede al golpe militar del 23 de febrero de 1.981, que da salida al resentimiento acumulado en un amplio sector de militares.

La pluralidad de tramas sediciosas que convergen en el asalto al Congreso, dan cuenta de la incapacidad de los sectores involucionistas de superar sus divisiones.

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO:

-Para todos sus oyentes, las palabras pronunciadas por Suárez en su despedida evocaban la amenaza de una intervención militar en la marcha de la política...

En noviembre de 1.980, los generales De Santiago e Iniesta, con la colaboración del coronel José Ignacio San Martín, antiguo responsable de los servicios de información de la Presidencia, de los editores del diario ultraderechista El Alcázar y de algunos políticos franquistas como Gonzalo Fernández de la Mora, o Federico Silva, dieron vida al colectivo Almendros y comenzaron a publicar desde mediados de diciembre artículos en los que se propugnaba abiertamente la necesidad de un golpe de Estado.

El rearme militar recibió nuevo aliento con la renovada ofensiva de ETA, que a finales de enero había secuestrado al industrial valenciano Luis Suñer, por cuya liberación exigió una fuerte suma de dinero, y al ingeniero José Mª Ryan, que aparecería poco después asesinado de un tiro en la nuca al no aceptar la compañía Iberduero la destrucción de las instalaciones de la central nuclear de Lemoniz exigida por los terroristas. La repulsa a ETA expresada en una huelga general y en grandes manifestaciones quedó, sin embargo, empañada unos días después por la muerte del etarra Aquirre Izaguirre a consecuencia de las torturas recibidas en una comisaría de Policía en Madrid.

El mayor activismo del nacionalismo radical vasco tuvo, durante el mismo mes de febrero de 1.981, una expresión política en los abucheos y las protestas del grupo de diputados de Herri Batasuna en la Casa de Juntas de Guernika con motivo de la visita de los Reyes. Coincidieron así, en el momento de la crisis de UCD y de la dimisión de Suárez, todos los elementos que habían alimentado el descontento militar: un evidente vacío de poder con la crisis de gobierno abierta por la dimisión de Suárez, un deterioro del orden público con los secuestros y asesinatos de ETA y lo que se podía entender como una activa amenaza a la unidad nacional durante la primera visita de los Reyes al País Vasco.

Fue este el momento en que las diversas líneas de conspiración militar que tenían en los generales Milans del Bosch, Armada y Torres Rojas y el Teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero a sus principales protagonistas, fundieron en la decisión de avanzar los planes del golpe al momento de la investidura del candidato centrista a la presidencia de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.

La operación finalmente diseñada consistió en la ocupación del Congreso de los Diputados mientras se procedía el 23 de febrero a la segunda votación del candidato de UCD, que no había logrado superar la primera vuelta con la mayoría cualificada exigida, al negar su apoyo las minorías vasca y catalana, y abstenerse parte de Coalición Democrática. Mientras el coronel Tejero secuestraba a la totalidad de ministros y diputados, el capitán general de Valencia declaraba el estado de excepción y se hacía cargo del orden público con objeto de arrastrar en su acción al resto de los capitanes generales de todas las regiones militares. En Madrid, la División Acorazada Brunete debería tomar los puntos neurálgicos de comunicaciones y desde la Radio y la Televisión, haría saber a todo el país el éxito del golpe. Con el Parlamento y el Gobierno secuestrados, el general Armada se presentaría en el Congreso con objeto de formar un gobierno de salvación nacional, presidido por él mismo con el respaldo del Rey y la caución parlamentaria. Se mezclaban así, en una sola operación los diferentes planes de golpe duro, a la turca, preconizado por Tejero y Milans, y de golpe blando, a lo De Gaulle, de que era partidario Armada.

Pieza esencial en la operación tenía que ser el mismo Rey, de quien los generales rebeldes esperaban un apoyo decidido. Era dudoso que los capitanes generales de las diferentes regiones militares se decidieran a declarar el estado de excepción y sacar los tanques a las calles, como había hecho el de Valencia, si no contaban con el acuerdo del Rey o si el mismo Rey no se lo ordenaba. El Rey, sin embargo, adoptó desde el primer momento una actitud claramente contraria al golpe militar e informó a los capitanes generales que nadie, excepto él mismo, podía hablar en su nombre. Pasadas las once de la noche y mientras Armada, se dirigía al Congreso de Diputados con objeto de proponer, con el apoyo de los parlamentarios, la formación de un Gobierno de salvación nacional, el Rey grabó un mensaje que sería emitido por televisión a todo el país pasada ya la medianoche, a la 1,24 de la madrugada del día 24.

El golpe, a partir de ese momento estaba derrotado aunque los rebeldes todavía tardaron unas horas en deponer su actitud.

Libres ya de la presencia militar, los diputados pudieron proceder finalmente, a votar la investidura de Calvo Sotelo. Felipe González ofreció el apoyo del PSOE para la formación de un gobierno de coalición, idea propugnada desde antiguo por el PCE y a la que siempre habían sido reacios los socialistas. El Rey, por su parte, recibió en el palacio de la Zarzuela a los líderes de todos los partidos políticos.

El golpe sirvió para consolidar la monarquía parlamentaria como forma de Estado aceptada y apoyada por la mayoría de los españoles. Tres días después de la asonada, la totalidad de los dirigentes de los partidos políticos, desde la derecha de Manuel Fraga hasta la izquierda de Santiago Carrillo, salían a la calle encabezando gigantescas manifestaciones en favor de la democracia. Fue, en verdad, el momento en que todo el desencanto del que la prensa se había hecho eco, se volvía una viva manifestación de repulsa al golpismo. La monarquía parlamentaria recibió aquel día, en la calle, el suplemento de legitimidad que aún le podía faltar para su definitiva consolidación como forma política del Estado español.

CONSECUENCIAS:

Como consecuencias de esta intervención militar se producen una serie de acuerdos políticos, que pueden ser característicos de una democracia vigilada:

- La promulgación de la ley antiterrorista, conocida como "Ley de defensa de la democracia".

- La aceleración del proceso de integración en la OTAN.

- La ley 44/1982 de 7 de julio de 1.982 sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las FFAA, que garantizaba un poder adquisitivo mínimo real y acumulativo sobre los créditos de ese año del 4,432%.

- La participación directa de los militares en la lucha antiterrorista, impermeabilizando la frontera terrestre y marítima con Francia.

- El cambio táctico del PSOE y su ofrecimiento para formar parte de un gobierno de coalición.

- Un juicio corporativo a los golpistas reduciendo su trama conspirativa civil y militar y las penas al mínimo indispensable.

Tras el triunfo electoral del PSOE en 1.982 por mayoría absoluta, se produce la asunción del propio Felipe González de los temas militares desde el traspaso de poderes del gobierno de Calvo Sotelo y la designación de Narcís Serra como Ministro de Defensa.

El cambio de actitud del PSOE sobre el atlantismo político y la celebración del referéndum sobre la permanencia en la OTAN puede ser considerado como el hito fundamental de este período.

El ejército de Tierra reveló su postura contraria al ingreso en la OTAN, mientras que por el contrario tanto la Armada como el ejército del Aire tuvieron una postura favorable al mismo.

La estrategia socialista se encaminó a la subordinación del poder militar al civil. Comenzó una política de gestos y declaraciones que destruyó la idea de confrontación, lo que desesperó y sobre todo sorprendió a los militares más politizados. Los rasgos principales de esta estrategia socialista fueron:

1.- Continuidad de personas y programas, llegando incluso a mantener a personas abiertamente hostiles en centros decisorios del Ministerio de Defensa, cooptando a los militares proclives a la reforma organizativa y a la modernización de los equipos y sistema de armas.

2.- Una cuidadosa política informativa y de relaciones públicas institucionales, basado en la mayor discreción sobre las políticas y decisiones futuras para evitar posibles antagonismos, disminuyendo la visibilidad de las FFAA en los medios de comunicación de masas.

3.- Profundización en los objetivos alcanzados mediante desarrollos graduales y ritmos pausados, negociación y reconocimiento mutuo de legitimidad.

4.- Acentuación de los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Esta estrategia consiguió imponer el principio de supremacía civil, pero con una dependencia excesiva en los planteamientos castrenses sobre la política militar propiamente dicha.

NOTAS:

¹Julio BUSQUETS, El militar de carrera en España. Ariel. Barcelona, 1.984 pag. 264.

²Andrés de BLAS GUERRERO, Ramón GARCIA COTARELO, Teoría del Estado y Sistemas Políticos II. UNED; Madrid, 1.987.

³Julio BUSQUETS, Los generales impidieron la Amnistía Militar. Hª de la Transición. Diario 16 cap. 34.

⁴José ONETO, La verdad sobre el caso Tejero. Planeta. Barcelona. 1.982