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¿Al final unas elecciones verdaderamente históricas en Cataluña?


Como se recordará, las elecciones al Parlamento catalán de 2015 fueron unas elecciones históricas, incluso con aires referendarios. La historicidad de esas elecciones estaba justificada porque los partidos independentistas creían que iban a obtener unos resultados que les permitirían convocar un referéndum de autodeterminación y, adicionalmente, proceder a la Declaración Unilateral de Independencia. Como los independentistas se habían acostumbrado desde el 11 de septiembre de 2012 (primera Diada cuya organización fue encargada a la Asamblea Nacional de Cataluña con participación masiva) a celebrar frecuentes jornadas históricas, la jornada electoral de 2015 se celebró bajo una calificación igualmente histórica, pues se suponía que los partidos independentistas obtendrían mayoría absoluta de votos y escaños para organizar la convocatoria unilateral de un referéndum y, llegado el caso, la soñada Declaración Unilateral de Independencia.

Pero, más allá de las ensoñaciones que produjeron Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus seguidores en 2015, lo cierto es que las elecciones del 14 de febrero de 2021 sí pueden ser, esta vez, unas elecciones históricas. Y pueden ser históricas porque, por vez primera desde que existe la Comunidad Autónoma, el PSC podría ser el primer partido en escaños (el PSC sólo fue el primer partido en votos en 1999 y 2003, nunca en escaños) y, sobre todo, porque por vez primera desde las elecciones de 2012 se podría formar un Gobierno no independentista en Cataluña. Decimos desde 2012, porque si bien las elecciones de 2010 las ganó CiU en votos y en escaños, su ideario aún no era de ruptura unilateral como empezó a germinar en 2012.

Por ende, unas elecciones verdaderamente históricas. ¿Por qué?

1) Porque un Gobierno no independentista cambiaría toda la política catalana.

2) Porque trastocaría la relación de Cataluña con España y con el Estado.

Un Gobierno no independentista cambiaría toda la política catalana. Cataluña ya no es la Comunidad Autónoma envidiada, sino la que ha perdido cientos de empresas y la que sufre una escisión social que la aproxima a dos comunidades enfrentadas. Una Comunidad Autónoma donde una parte de sus ciudadanos vivieron el delirio de creer que estaban en la independencia y donde la política de varios partidos (Junts, Esquerra, CUP) es la antipolítica: nada de políticas públicas que puedan favorecer los intereses de los ciudadanos, sino una acción pública meramente propagandística de confrontación con el Estado y de lucha a muerte a ver qué partido independentista destaca sobre los restantes en bofetadas verbales contra el Estado opresor. Añadamos que se ha creado un clima de acorralamiento de los “españolistas”, a los que se trata desde una supuesta superioridad moral de los independentistas; pero, como es “españolista” la mitad de la población, como poco, la marginación de unos a los otros crea una fractura social que hace irrespirable el ambiente.

Un Gobierno no independentista contribuiría a superar esa fractura social, porque los independentistas ya no tendrían todos los resortes de poder que permite ejercer el activismo antiestatal, facilitaría que los medios de comunicación dejaran de ser el principal instrumento de agit-prop independentista y, sobre todo, sería un Gobierno que gobernaría para satisfacer las necesidades existenciales de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia, fomento de la economía). Además, la extensa red de asociaciones y organizaciones independentistas que vive gracias a los Presupuestos de la Generalidad no podría ejercer su constante y agotadora acción de propaganda y de confrontación. Sería, en definitiva, un Gobierno que gobernaría, no un Gobierno de agitación y de guerra. Como ha dicho Illa, hay que “acabar con 10 años de bloqueo, de parálisis, de decadencia” (El Mundo, 3 de febrero de 2021).

A este respecto, conviene leer las diversas entrevistas que ha concedido Laura Borràs, candidata de Junts (por ejemplo, la de El País de 3 de febrero, donde la entrevistada acaba atacando a los entrevistadores), con un permanente lenguaje de guerra, de lucha contra el Estado, de recuerdo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en otoño de 2017 y de legitimación, una vez más, de las medidas inconstitucionales adoptadas en septiembre y octubre de aquel año. La actitud belicista de los independentistas se resume en estas palabras de Borrás el citado 3 de febrero: “El límite no debe ser la Constitución, es la democracia”, lo que explica que el programa electoral de ese partido diga que su futuro Gobierno legislará más allá de las competencias estatutarias, pues lleva a sus últimas consecuencias la marginación del orden jurídico en beneficio de una inaprensible noción de democracia.

En una palabra, si el PSC pudiera formar Gobierno Cataluña tendría un Gobierno encargado de aplicar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos, con lo que la mitad de la población podría salir del ghetto donde está confinada desde 2015, como mínimo. Y ese Gobierno podría influir en la opinión pública y en sus medios para ir rebajando el agobiante bombardeo de propaganda independentista que se ha adueñado de la opinión catalana.

Esta visión optimista podría aminorarse si pensamos en los eventuales socios de un Gobierno del PSC. El primer y más fácil socio de Gobierno del PSC serían los Comunes, por paralelismo con el Gobierno de coalición del Presidente Sánchez. Pero, dejando a un lado que es muy posible que los escaños de los Comunes no permitan formar Gobierno, el problema de este partido es que, como dijo la dirigente socialista Eva Granados, los Comunes actúan como “agente comercial de Esquerra Republicana al apostar por un referéndum, que divide a los catalanes” (La Vanguardia. 1 de febrero de 2021). Este posicionamiento ideológico, más una cierta actitud agresiva contra el PSC y su candidato (como los ataques de Jaume Assens contra Illa cuando aún no había dejado de ser Ministro), muestran que formar un Gobierno orientado hacia los Comunes no será fácil.

Más complejo será si hay que llegar a algún acuerdo con Esquerra Republicana, idea que no se puede descartar. El PSC debe gobernar tous azimuts, por lo que no es imposible algún entendimiento, expreso o tácito, con Esquerra; pero ésta nunca ha sido fiable: forzó a Puigdemont a no convocar elecciones en octubre de 2017, obligó a celebrar elecciones en abril de 2019 por no apoyar el proyecto de ley de Presupuestos, impidió la elección de Miquel Iceta como Presidente del Senado, boicoteó la prórroga del estado de alarma y, hace pocos días, votó en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, se ha de tratar con este partido como se trata al ladrón que se sabe que te acabará robando la cartera. Pero, no es imposible llegar a acuerdos con estos veletudinarios independentistas y aprovechar la cara responsable que a veces ofrecen.

Y si puede ser necesario pactar con Esquerra, otro tanto se debe decir con los partidos de la derecha. Ciudadanos ya lo ha ofrecido y es posible que el Partido Popular y Vox se vean en la tesitura de apoyar al PSC o permitir que formen Gobierno los independentistas. Igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, Valls tuvo que optar entre Colau o Ernest Maragall, es posible que Partido Popular y Vox tengan que decidir si dejan gobernar al PSC o a los independentistas con la CUP, o también, quizá, que se celebren nuevas elecciones.

Por acabar este punto, hemos de insistir que un Gobierno no independentista puede orientar los medios de comunicación hacia un tono neutro que no abone la opción independentista frente a la opción no independentista, como ahora ocurre. Si un Gobierno del PSC logra horadar la hegemonía ideológica del independentismo, la tensión política en Cataluña disminuirá.

Un Gobierno que trastocaría la relación de Cataluña con España y con el Estado. No hace falta leer el centenar largo de libros que se han publicado sobre la rebelión catalana del siglo XXI para entender que Cataluña necesita una situación política que huya de la confrontación con el Estado, pues ningún Estado compuesto aguanta mucho tiempo la guerra consciente de uno de sus territorios contra el Estado central. Es lo que está ocurriendo en Cataluña, donde los independentistas han llevado al Gobierno autonómico la guerra contra el Estado democrático, con continuas desobediencias y provocaciones verbales. Al día de hoy, la Generalidad de Cataluña no tiene otro fin que deslegitimar al Estado democrático español y eso no puede aguantar mucho tiempo. Sabemos, porque lo cuenta en todas sus entrevistas, que el programa electoral de Junts -que explica Laura Borràs- es un programa de desobediencia y de deslegitimación; pero, sin llegar a esos extremos, Esquerra va por esa línea, aunque parece haber aparcado la Declaración Unilateral de Independencia.

Esa situación insostenible puede cambiar (debe cambiar) con un Gobierno presidido por Illa. El PSC permite un diálogo entre Gobiernos y entre fuerzas políticas no condicionado por las presiones que Esquerra pueda hacer en las Cortes Generales y de este diálogo pueden salir medidas que, sin romper el modelo constitucional, ayuden a distender la relación entre el Estado y la Generalidad.

Por todo esto, es posible que las elecciones del 14 de febrero sean elecciones históricas y que Cataluña empiece a recuperar los niveles de consenso político y social que CiU fue aminorando durante todos sus Gobiernos, de Pujol hasta Puigdemont.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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