Los disturbios contra el estado democrático: ¡Qué difícil es ser gobierno y oposición en Cataluña!

Antes de nada hay que recordar, como lo han hecho el Presidente del Gobierno y algunos otros dirigentes socialistas, que el encarcelamiento, ordenado por el Poder Judicial, de una persona que va acumulando condenas por sus actos y por sus expresiones violentas nunca justifica la salida a la calle con actitudes igualmente violentas, que además desembocan en saqueos de comercios, en destrucción de mobiliario urbano y en estragos e incendios que pueden provocar daños en personas y en bienes públicos y privados.

Los manifestantes no son “jóvenes antifascistas”, ni piden “justicia y libertad”, como se ha dicho. Con independencia de estar en la oposición o en el Gobierno, un demócrata, de derechas o de izquierdas, no puede “tuitear” tales expresiones, porque comportan alinearse con grupos violentos que no saben lo que fue el fascismo ni distinguen entre la dictadura y la libertad. Menos aún deben entender lo que hoy es la justicia (seguramente no han leído a Rawls). Expresarse de esa manera supone, simplemente, apoyar unos disturbios que, más allá de los daños materiales que producen, significan una declaración bélica contra el Estado democrático que, por principio, repugna de la violencia no amparada en el Derecho. Confundir a los alborotadores (con algún delincuente común encapsulado en su interior) con “jóvenes antifascistas” que piden “justicia y libertad” es conceptualmente preocupante, porque pone a su autor, por voluntad, por ignorancia o por oportunismo pre-electoral, en el lado de los enemigos de la democracia.

Pero si ese punto es serio, más serio y más grave es el marco catalán en donde se han iniciado y persisten los disturbios. Y es mucho más grave que las desafortunadas expresiones de un portavoz parlamentario, porque denota la gran crisis sociopolítica que vive Cataluña. Tras los disturbios del caso Hasél volvemos a ver la fragilidad democrática de una Comunidad Autónoma, donde conceptos antitéticos como democracia versus imposición, tolerancia versus deslegitimación del adversario, convivencia versus división social han ido asentándose paulatinamente desde 2015. Todo el procès se ha levantado en las instituciones y en la calle sobre la marginación y subordinación de media Cataluña y cuando se rompen los diques de la convivencia democrática la violencia aparece, normalmente con prontitud. A la violencia parlamentaria de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, donde medio Parlamento impuso Leyes inconstitucionales y antiestaturias a la otra mitad de la Cámara, siguió, con pocos días de diferencia, la violencia callejera ante la Consejería de Economía que promovieron los dirigentes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña, Cuixart y Sànchez. La violencia institucional (sobre media Cámara) volvió al Parlamento con las sucesivas declaraciones de independencia a lo largo de octubre del mismo año 2017 y acabó, tras la Sentencia de 14 de octubre del Tribunal Supremo de 2019, con los muy graves disturbios de Barcelona. Por cierto, ha sido necesario que la Junta Electoral prohibiera los cortes en la Meridiana de Barcelona para enterarnos que los cortes de tráfico que se iniciaron cuando la Sentencia de 2019 se siguen realizando, ante la pasividad del Ayuntamiento, de la Policía autonómica y, sobre todo, de la sociedad barcelonesa.

Porque uno de los problemas políticos principales de Cataluña es la incapacidad de las élites económicas de enfrentarse con éxito al vandalismo y a la violencia callejera. Vemos ahora a los representantes empresariales (no a la Cámara de Comercio, tomada por el independentismo ante la pasividad de la mayoría de los socios) quejarse de los saqueos a los comercios, pero no les vimos quejarse de la violencia de 2017 y no les vimos en el otoño de 2019 amenazar con la desinversión si continuaba el vandalismo que las propias autoridades animaban (especialmente el Presidente Torra). Y esa burguesía de los negocios y de la producción no puede enfrentarse con éxito a la violencia callejera y a las autoridades que la toleran, porque una parte de esa burguesía es independentista. No hace falta decir nombres ni marcas comerciales, marcas que se consumen en toda España.

Como los disturbios del otoño de 2019 dieron ímpetu al independentismo ante la pasividad de la burguesía y del Gobierno catalán, un asunto menor, como es el encarcelamiento de un violento, ha provocado otra vez la rebelión nocturna de Barcelona. Tienen técnica guerrillera, tienen experiencia y además todo pretexto es bueno para alzarse contra el Estado democrático. Por eso puede hablarse del fracaso de la burguesía catalana como clase dirigente, porque no es capaz de obligar al Gobierno catalán a parar el vandalismo que perjudica a la propia burguesía. ¿Por qué no es capaz? Porque en el seno de la propia burguesía hay una fracción independentista que sueña con una República que dominarían ellos mismos… y la extrema izquierda haciendo el juego a los impulsos de dominación de la fracción independentista de la burguesía.

Por eso, la esquizofrenia de partidos como Esquerra y Junts que, por una parte, saben que han de apoyar a una institución estrictamente catana como los Mozos de Escuadra, pero al mismo, presionados por la CUP, han de mostrar sus simpatías a los delincuentes y demás alborotadores callejeros. ¿Cómo resolver esa situación esquizofrénica? Lo resolverán mal, porque no caben medias tintas. El Consejero de Interior y el Presidente provisional de la Generalidad han dado tardío apoyo a la Policía, con lo que no satisfacen a nadie y, por cierto, lo mismo ha hecho la Alcaldesa Colau (a diferencia de Collboni, que siempre ha sido claro en la condena de los disturbios). Esa es la aporía del independentismo que necesita “estructuras de Estado” (que es el término que han inventado), pero al mismo tiempo han de hacer gestos positivos hacia una extrema izquierda que rechaza toda idea de institución y de Estado. Y la experiencia nos muestra desde 2017 que en la confrontación de ambas idea siempre gana la política antiinstitucional de la extrema izquierda que acaban asumiendo Esquerra y Junts.

Similar aporía sufre la burguesía catalana. Como clase con intereses económicos, necesita seguridad y orden, pero la fracción independentista tiene que apoyarse, como si fueran sus peones de infantería, en la extrema izquierda que va contra los intereses económicos de la propia burguesía.

Como conclusión, Cataluña se sigue aproximando a una sociedad fallida, con dificultades para formar Gobierno, con dificultades para que sus élites económicas y políticas puedan ofrecer un modelo de convivencia social y con dificultades para asegurar la seguridad ciudadana. Y media sociedad vive identificada con pendiente hacia el desgobierno…