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EL PERIÓDICO
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La izquierda debe condenar las manifestaciones violentas


Se ha convertido en un lugar común que la violencia política no tiene sentido. Pero, vaya si tiene sentido, otra cosa es que sea moralmente reprochable y penalmente punible. La reciente violencia política de la extrema derecha populista en el Capitolio tenía como objetivo evitar la alternancia en la presidencia en los EEUU, pero sobre todo consolidar la imagen de una legitimidad patriótica, al margen de la legalidad y de las instituciones democráticas. La degeneración violenta, una vez más, en las calles de Barcelona, está vez con la excusa de la libertado de expresión, pretenden cerrar el paso a un gobierno transversal, como mensaje constructivo de las recientes elecciones y al tiempo consolidar la imagen de una España como régimen postfranquista frente al cual es legítima la desobediencia, la independencia unilateral al margen de la legalidad e incluso la violencia. En eso estamos.

Así, las manifestaciones de apoyo a Hasel de los últimos días han acabado en estragos, vandalismo e incluso actos de violencia con riesgo para las personas, que nada tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión ni con la expresión política de la disidiencia, y que tampoco es casual, sino que forma parte de una estrategia de impugnación de la democracia española en la sociedad de los medios y las redes sociales. No existes si no sumas grandes masas o en su defecto si la movilización no termina en un aquelarre de disturbios, saqueos, fuego y cristales rotos. Sí, cristales rotos.

Hay quien en los últimos días se ha extrañado de que a la violencia se haya añadido el saqueo en las tiendas de marcas conocidas del centro de la ciudad, cuando, en los últimos tiempos, en la sociedad de consumo digital en que vivimos, ésta forma parte consustancial también de la estrategia de la violencia nihilista de los grupos antisistema. Unos epifenómenos anti sistema que operan y se suman para esos y otros objetivos.

Por eso, la causa de estas movilizaciones solo remotamente tiene que ver con la libertad de expresión, como tampoco las canciones de rap de Pablo Hasel, cuando añade a expresiones de rechazo de las instituciones y del sistema democrático y a excesos verbales que no deberían tener reproche penal alguno, un rosario de amenazas, agresiones e incluso de apología del terrorismo, aunque con el atenuante se dirijan a organizaciones como ETA que hoy ya no existen. En este sentido, los juicios a los que se ha visto sometido abarcan bastante más que los límites de la libertad de expresión. Y es que el derecho termina en los derechos de los demás, que es otra forma de definir la convivencia democrática.

Igualmente, parece cogido por los pelos el apelar en última instancia, como justificación de los excesos en las movilizaciones, a la precariedad social, laboral y sin perspectivas de futuro de una parte importante de los jóvenes y a su reacción de rechazo del sistema democrático en el contexto de un modelo neoliberal y una pandemia que se ceba en especial con los sectores más vulnerables.

La utilización del caso Hasel forma parte, por el contrario, de la estrategia independentista para seguir caracterizando la justicia de venganza y a la democracia española de régimen autoritario heredero del franquismo, todo ello con la pretensión de retomar el mito del Procés y las vías unilaterales.

Por eso, con motivo de los operativos de la policía frente a la violencia, en un contexto de infiltración de la extrema derecha en los aparatos del Estado, al igual que ocurre en los EEUU, Alemania y en otros países, intentan además hacer de la excepción, de cualquier acción desproporcionada sujeta a investigación y sanción, la norma, con la injusta caracterización de la policía como un poder fáctico antidemocrático al servicio de la extrema derecha. Es en este sentido que el govern ha dejado caer a los mosos ante las críticas, abandonando así, desde una lógica populista, la responsabiliad a la que no puede renunciar ningún Estado para combatir la violencia y reclamar el monopolio de su ejercicio, principio básico del estado democrático. Entonces, surge una pregunta básica, ¿Sobre qué fundamentos de la tradición democrática se va a construir la república catalana que se teoriza? Los demonios de la caja de pandora populista no se podrían domesticar. La deslegitimación de las políticas policiales y de seguridad desemboca o el la reacción autoritaria, que es lo que vox espera, o en el caos.

Todo ello supone además, el mejor alimento para el populismo independentista ante la formación en marcha del nuevo gobierno catalán: una línea divisoria frente al mensaje electoral mayoritario que podría suponer una alternativa transversal de ERC con el PSC y los Comunes, y por contra la atribución de un papel decisivo a las CUP como garante de la unilateralidad más radical en un futuro govern, por supuesto independentista.

En definitiva, nos encontramos ante unas movilizaciones no tan espontáneas convocadas por las redes, y en realidad perfectamente coordinadas, sin comunicación previa y con una utilización de la violencia y la acción represión como reclamo publicitario para los medios de comunicación y las redes sociales. Al igual que ocurriera en el15M y sus movilizaciones de exposición, pero en este caso primando la violencia con pretensiones otra vez de ficción insurrecional. Nos encontraríamos así en plena transición en el independentismo del mito pacifista al mito revolucionario. El combustible del populismo es un clima de violencia épica o heróica juvenil que se contrapone a la capacidad del estado democrático para ejercer el orden. La irresponsabilidad afecta a la posibilidad misma de la convivencia.

Las declaraciones previas de Pablo Iglesias sobre la democracia limitada debido a la existencia de políticos, raperos y titiriteros presos o con condenas, además de totalmente desafortunadas, pueden interpretarse como una táctica para mantener la mayoría parlamentaria de investidura, una forma de revitalizar la vinculación a los problemas de los jóvenes airados, pero también como parte de una alianza estratégica con el independentismo en que unos y otros coinciden en el relato populista en relación a la Transición, sobre la casta judicial, en el derecho de autodeterminación y ahora en las movilizaciones sociales frente al autoritarismo del Estado.

En este sentido, el apoyo de Unidas Podemos a las movilizaciones de jóvenes radicales y la ambiguedad calculada ante la violencia (oradando, como decíamos antes un pilar básico del Estado de derecho) es un error fatal. Un nuevo factor de división que añadir a la inestabilidad del gobierno de coalición, que afecta a temas tan sensibles en democracia como la de la libertad de expresión, la legitimidad de la respuesta policial a la violencia y la independencia del poder judicial.

Un regalo también también para la oposición al gobierno de coalición en la delicada negociación de las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y de nuevo un acicate para la extrema derecha en su disputa por la hegemonía de la derecha y su infiltración en las instituciones.

A diferencia de ello, el movimiento obrero y la izquierda democrática, siempre han sido claros en el carácter pacífico de las movilizaciones y en el rechazo sin paliativos de la violencia, tanto por razones éticas como políticas. Tanto en el franquismo como en la Transición la izquierda ha sido la principal víctima de la violencia. La violencia es además un error político que provoca la deslegitimación de las demandas y su potencial carácter mayoritario. Las movilizaciones frente a la dictadura y las movilizaciones pacíficas en democracia son por un Estado fuerte y fuertemente democrático, pero no inerme.

Porque además, toda la lucha obrera es también una lucha por establecer deberes. La libertad es el espacio que surge tras la definición de deberes, aunque no sólo, y de la construcción del Estado como garante de los mismos. El Estado no inerme y su lugar social es que el define a la izquierda. Por eso populismo e izquierda no son términos que puedan coexistir conceptualmente. Sí puede definirse un populismo surgido de la cultura de la izquierda, pero la Izquierda se define por su conceptualización del Estado, que además ha de ser Social y por supuesto Democrático, pero nunca inerme ni pasivo, ni libertario en el sentido casi hiperliberal del término. La libertad de expresión es el ejercicio del derecho de otros a no ser agredidos y la mejor fórmula de su delimitación se establece jurisprudencialmente con fundamento en nuestros valores.

Podemos es heredero del movimiento social minoritario y de sus métodos de lucha que tras su fracaso en la transición (como en todas las transiciones democráticas) ha encontrado un contenedor en el neopopulismo español. No reconoce la autonomía de los movimientos sociales y pretende encabezar convocatorias propias o espontáneas. Podemos intentó ganar la partida con el 15M, tanto a los partidos como a los sindicatos provenientes del movimiento obrero. Incluso coqueteando con la posibilidad de un sindicato propio, cosa en la que ha fracasado.

Ahora vuelve intentando combinar la acción dentro y fuera del gobierno, como gobierno y oposición, y también dentro de las instituciones, frente a los medios de comunicación y en la calle apoyando movilizaciones con fines y métodos reaccionarios. La complejidad de la coexistencia en la pluralidad les lleva a obcecarse en una dinámica de polarización. La base social de la izquierda está hoy encallada en un referente populista.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.