Algunas claves sobre la situación actual en Colombia

En estos momentos, la reforma tributaria que se puso sobre la mesa y que fue uno de los detonantes de las marchas ciudadanas, ha sido archivada.

La comunidad internacional está vigilando ya con intensidad la acción policial colombiana, considerándose desde distintas organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos, que se están produciendo vulneraciones flagrantes. Las Naciones Unidas siguen la actualidad las muertes que se han producido en las calles y las investigaciones abiertas que apuntan a agentes de seguridad del Estado como posibles autores responsables.

La situación en las calles de Colombia es crítica. Se registran agresiones por personas sin identificar, a los que se considera “infiltrados”, así como actos de vandalismo y saqueo de comercios que por el momento se están atribuyendo a bandas organizadas que nada tienen que ver con las protestas y que en algunos casos podrían provenir de terceros países. Un hecho que se está investigando en estos momentos.

El pasado fin de semana, pudimos conocer la acción de una de las Mingas, que identificó y retuvo a una de las personas “infiltradas” hasta ser puesta en manos de las autoridades para que investiguen lo que está sucediendo.

Y es que, la población está ahora mismo sumida en el caos. No entienden quiénes son los que disparan a la población pacífica. Aparecen pistoleros, que en algunos casos se identifican como policías vestidos de civiles, pero en otros casos no se sabe bien de dónde vienen ni a qué responden. La cantidad de personas desaparecidas va en aumento y los líderes sociales y de los pueblos indígenas piden que la comunidad internacional alce la voz ante la injusticia que están viviendo.

Conozcamos, brevemente, alguna de las cuestiones que ha propiciado esta situación.

Clima pre electoral

El año que viene se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia. Y parte del estallido social que se está produciendo tiene que ver, precisamente, con la gestión del actual presidente, Ivan Duque.

Las últimas elecciones presidenciales se produjeron en mayo de 2018. Ningún candidato superó el 50% de los votos, y se tuvo que lleva a cabo una segunda ronda en el mes de junio. Fue así como Ivan Duque salió elegido presidente siendo continuación su gestión de las políticas de Uribe, de corte neoliberal.

Un panorama incendiado por las protestas sociales, por la situación de desigualdad económica de la población, por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y por los recortes sociales que se han agravado aún más a causa de la pandemia.

Las Mingas exigen respeto a los pueblos indígenas

En Colombia, el término “minga” no era conocido hasta que a finales del año 2017 comenzó a hacerse popular.

Era un término bien conocido para las comunidades indígenas, y a día de hoy está ocupando titulares en la prensa internacional. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana se daba a conocer lo sucedido con la Minga indígena de Cali, que capturó a una persona acusada de estar infiltrada y armada en las protestas ciudadanas. Se trataría de un policía del Estado, y la Minga lo retuvo de manera pacífica hasta que fue entregado a las autoridades para que se depure su posible responsabilidad por supuestos ataques a población civil.

https://www.youtube.com/watch?v=jDFweL90XvM

La Minga proviene, como término, del quechua, y hace referencia a una forma de socialización, de colectivización y de convivencia. Y cada vez más, hay regiones de Colombia donde se apuesta por la implementación de la Minga como forma de organización social . Entre las Mingas, destaca, por ejemplo, la Minga Amazónica Fronteriza, donde más de 180 personas de tres países (Perú, Colombia y Ecuador) trabajan por la preservación de la Amazonía.

La normativa en Colombia tiene el compromiso de respetar los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas. Y este es otro de los trabajos que vienen desarrollando las distintas mingas existentes.

Pero el descontento social no se centra únicamente en los pueblos indígenas, sino que la enorme desigualdad de la población, marcada por el índice GINI en 51,3, hizo salir a la calle a la población a protestar desde el pasado mes de septiembre, de manera intermitente, para protestar contra el abuso policial, contra las medidas tomadas durante la pandemia -que han limitado los derechos fundamentales, sin reforzar las garantías sociales ni los recursos de los más vulnerables-.

Manifestaciones masivas

Desde el pasado 10 de octubre del 2020, los integrantes de las distintas comunidades indígenas del Cauca activaron una marcha hacia la ciudad de Cali para defender sus territorios, la democracia, la paz y la convivencia. ¿Por qué lo exigían? Porque desde el año 2016 se vienen produciendo asesinatos y desapariciones forzadas de personas que son activas precisamente en estos movimientos promotores de paz, convivencia y respeto de los territorios y de los derechos de las poblaciones indígenas.

Exigen tener una conversación directa con el presidente Ivan Duque para trasladarle el sentir de los pueblos indígenas y exigir que se tomen medidas para respetarles en base a los Derechos Fundamentales, cumpliendo así los compromisos establecidos en el Ordenamiento Jurídico de Colombia.

Sin embargo, hasta el momento, el presidente Duque no se ha sentado a hablar con ellos, y mientras esto no suceda, según anunciaron los líderes indígenas, “las calles seguirán llenas de protestas”. Pacíficas, pero continuas.

Más de cuatro razones para protestar

En el mes de octubre eran cuatro las razones fundamentales de las protestas: en primer lugar, el asesinato de líderes sociales, en segundo lugar el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas FARC, en tercer lugar el incumplimiento de los pactos alcanzados en anteriores movilizaciones y en cuarto lugar, la preocupante concentración de poder en manos del presidente Duque.

El asesinato de Sandra Liliana Peña

El día 20 de abril, hombres armados, sin mediar palabra, entraron en la vivienda de una de las figuras más reconocidas entre las poblaciones indígenas del Cauca, Sandra Liliana Peña y le asesinaron.

Según ha explicado su hermana, Sandra estaba amenazada de manera pública y era “objetivo militar”.

https://www.youtube.com/watch?v=g0Hlz4cZYXY

Sandra, de 35 años, era Autoridad Indígena y Gobernadora del Resguardo de La Laguna desde el pasado 19 de diciembre. Una mujer especialmente valiente, que se dedicaba de manera activa a denunciar a los narcotraficantes de la región del Cauca.

https://www.youtube.com/watch?v=LtOdX4LBQeI

Este asesinato se sumaba a los 51 anteriores registrados, de líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en 2021 y un total de 1166 desde que se firmara el acuerdo de paz.

El asesinato de Sandra, en el contexto de un creciente malestar social y de protestas reiteradas, fue una de las gotas que colmó el vaso para salir a la calle de manera masiva.

Confluencia entre las mingas y los colectivos sociales

Las luchas sociales y de los pueblos indígenas se han unido, y desde el pasado 28 de abril, las calles de Colombia están llenas de gente que reclama paz, derechos sociales, justicia y garantías para la mayoría social.

Amenazas, asesinatos, desapariciones, corrupción, persecución de los pueblos indígenas, que se suma al descontento producido por las propuestas en reforma tributaria, que busca recaudar 23 millones de pesos (algo más de 6.000 millones de dólares) a costa de establecer impuestos a las clases trabajadoras y empobrecidas, mientras se han destinado enormes cantidades de dinero público a financiar, por ejemplo, gastos militares sin motivo.

Las medidas que se están planteando en términos tributarios no vienen a solucionar la brecha de desigualdad existente en Colombia, sino más bien todo lo contrario. Viene a reforzar a los que más tienen para sostener un sistema plagado de corrupción.

Desde el día señalado hasta el 5 de mayo se han registrado mas de 1.7000 casos donde se ha ejercido violencia policial desproporcionada contra la ciudadanía pacífica; ha habido alrededor de 400 personas que han sufrido violencia física por parte de la policía, 31 muertes que están siendo investigadas, más de 1,000 detenciones arbitrarias y cerca de 400 desapariciones de personas vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos. A estos números hay que sumar las lesiones producidas por pérdida de ojos, a causa de los disparos de la policía contra la población civil que se manifestaba pacíficamente, casos de abusos sexuales por las fuerzas públicas, entre otras cuestiones que se están denunciando.

Esta semana se retomarán las reuniones entre el Gobierno y los representantes de colectivos sociales y sindicatos. Es necesario tender puentes y rebajar la tensión, aunque en esta ocasión se exige de Duque que tome medidas inmediatas para que sus fuerzas y cuerpos de seguridad dejen de agredir a la población de manera totalmente desproporcionada.

Duque por su parte, siente en estos momentos cómo la comunidad internacional comienza a mirarle con recelo, motivo por el cual ha cambiado a su ministro de Exteriores. Pero todo apunta a que ese tipo de medidas no serán, ni de lejos, suficientes.