Familias, ¿derechos o asistencialismo?

El objetivo fue restablecer el valor de la familia como unidad básica de la civilización, concienciando sobre los beneficios educativos de esta institución a la infancia, y garantizando el bienestar de sus integrantes a través de los cuidados que ésta misma ofrece, con el fin de alcazar una integración social en convivencia “sana” donde se respetasen las reglas sociales establecidas. Ya en el nuevo milenio los temas recurrentes de la ONU dan testimonio de ese espíritu conservador que intenta virar hacia un tenue progresismo, con temas como “La necesidad profunda y universal de la figura paterna en las vidas de las familias” (2008), “La importancia imperecedera de las madres en las familias y comunidades” (2009), “¿Los hombres a cargo?, Igualdad de género y derechos de los niños en las familias contemporáneas” (2015), apuntalado con propuestas de tipo asistencialista: “Lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social” (2011), o este año 2021 “Las familias, una vida sana y un futuro sostenible”, se quiere impulsar el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, en respuesta a la pandemia del COVID-19.

A pesar de la timidez de las iniciativas, el Día compromete que se muevan recursos hacia las políticas de familia instando a los Gobiernos, pero también, y sin querer negar la necesidad de planes y programas de apoyo a las familias por parte de los Estados, que incluyan pertinentes transferencias monetarias hacia las más vulnerables por derecho, también sirve de excusa para movilizar un elenco de actuaciones asistencialitas (que no asistenciales) desde las instancias públicas y privadas mas reaccionarias, mediante una artimaña mercantil de carácter patriarcal enmascarada de benevolencia, que se contrapone al empoderamiento ciudadano y en particular de las mujeres, ya que rehusando analizar las causas que generan la pobreza, persiguen solo eliminar los posibles conflictos sociales y con ello las acciones transformadoras de las condiciones estructurales que provoca la situación de desigualdad, perpetuándose la exclusión de parte de la población en privilegio de una minoría.

En definitiva, la práctica de un asistencialismo al margen de la inclusión social, que se resiste a la redistribución de la riqueza, y que busca como sujeto de sus prestaciones solo a los más pobres e indefensos para exigirles el ajuste a cualquier regla arbitraria del mercado laboral, lo que contribuye al mantenimiento y reproducción de la causa que provoca su situación de precariedad. Y es que las medidas asistenciales solo pueden tener lugar mediante el previo reconocimiento de los derechos subjetivos de las personas, condicionadas al cumplimiento del principio de igualdad, porque la renta no lo es todo.

En este terreno entra a jugar gran papel el trabajo doméstico y de cuidados gratuito, o a lo mucho indirectamente subsidiado, que realizan mayormente las mujeres en beneficio de sus familias, y que inhibe a los Estados de la responsabilidad de constituir sociedades igualitarias. Ello no solo dificulta que las mujeres accedan al mercado de trabajo (salvo cuando es necesario utilizarlas como reserva de mano de obra barata), si no que se socialicen las tareas domesticas y de cuidado, pudiendo ser delegadas en los servicios públicos, lo que liberaría a las mujeres para vivir las relaciones personales y familiares que decidieran y como quisieran, caminando hacia la igualdad de genero y el final de un patriarcado hasta hoy asentado en la represión sexual, la explotación de la capacidad reproductiva y la dependencia económica de las mujeres, aunque ello en un primer momento consistiese más en la transformación de dicho patriarcado privado en uno público.

Es por ello que la batalla ha de darse en el terreno de los derechos subjetivos individuales de las personas dentro de las familias, con independencia del grupo familiar de pertenencia, como sujetos de derechos incuestionables e intransferibles, impulsar normativas en los diferentes países de carácter internacional y vinculación nacional, y en específico dirigido todo ello a las mujeres dentro de las familias, con refuerzo de políticas de empoderamiento y participación en la toma de decisiones en el ámbito intrafamiliar y comunitario.

Mas lo anterior hace imprescindible una reforma radical del Derecho de Familia, que elimine costumbres globales ancestrales como la continua vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dentro y fuera del matrimonio, la iniquidad en las relaciones intrafamiliares, la cultura de la violencia de genero y el patriarcado, así como la diferencia de trato que se produce en relación a las familias en su diversidad racial, de clase, y de orientación sexual, mediante la deconstrucción de esa alianza de patriarcados, tal que maraña de relaciones de solidaridad entre los hombres (con independencia de su raza, clase u orientación sexual) que pretenden el control del trabajo y la sexualidad de las mujeres y los/as hijos/as, ésto que se postula constantemente a través de contratos de sujeción, como el matrimonio heteronormativo no igualitario (incluido el infantil) y laborales precarios (feminizados) con la excusa de la existencia de obligaciones familiares que se hacen pasar como inherentes al sexo “femenino”.

Por lo común predomina la familia tradicional de padre sustentador y madre a tiempo completo que invisibiliza a las otras realidades familiares o las hace de segunda, un obstáculo a la igualdad de género en el empleo y la vida social. No cabe duda que la transformación de la vida familiar, profesional, y la aparición de nuevos modelos familiares, que llama a la reforma urgente del Derecho de Familia, tiene su origen en la liberación sexual de la mujer y su trabajo fuera del hogar, aunque subsista la familia patriarcal donde los roles de género continúan siendo diferenciados priorizando los intereses patermos, motivo de la dificultad de la conciliación en el mercado de trabajo, que en su generalidad afecta sobre todo a las familias monomarentales.

Aquí toman su importancia dos realidades sociales urgentes de solucionar a través de la reforma del Derecho de familia, que perjudican en particular a la emancipación de las mujeres, y derivan de la omnipresencia de la familia tradicional:

1. La penalización de la soltería, de modo que las dificultades comienzan a la hora de vivir una sexualidad libre y maternidad elegida, muestra tenemos que en España las familias monomarentales de madres solteras carecen de la misma cobertura social que las conformadas por viudas y sus hijos/as. Así mismo, la pareja de hecho o no casada carece de los derechos civiles, laborales, sociales y fiscales que sí son reconocidos a los matrimonios, y de los beneficios que otorga el Estado, sin ir más lejos las familias numerosas sin vinculo matrimonial no son reconocidas como tales para disponer del correspondiente título de familia.

2.- La subordinación de la madre, el llamado “ derrocamiento del derecho materno” , cuyo ejemplo tenemos en España, con las dificultades de acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas o sin pareja masculina en la sanidad pública. Otro ejemplo es la imposibilidad de filiación conjunta de los/as hijos/as concebidos mediante reproducción asistida, por ambas madres de la familia homomarental, salvo si previamente éstas se casaron entre sí. Y es que el patriarcado se resiste a entender que la maternidad es una decisión exclusiva de las mismas, que las mujeres no necesitan de la intervención masculina para ser madres, y que el dicho popular “madre no hay más que una” se ha caído.

La ONU reconoce que la familia ha cambiado, las estructuras familiares son múltiples y fluidas, no circunscritas a la monogamia heterosexual, y las necesidades se diversifican, gran parte de los problemas específicos de la diversidad familiar están relacionados con la desigualdad de género, que continua perpetuándose desde la infancia, el papel subordinado de las mujeres y su lucha por un empoderamiento progresivo, en definitiva, los intereses de la mujer desde que descubrió que la primera división del trabajo no fue entre clases, sino en base al sexo, con la mujer como sirvienta... ello que impulsa el continuo cambio de estructuras y la generación de nuevos modelos familiares. Pero a pesar de todo lo anterior, perdura el espíritu conservador y con ello el asistencialismo de corte filantrópica o caritativa en detrimento del reconocimiento de los derechos subjetivos.

Llegando a la conclusión, es importante admitir que las grandes oportunidades para las mujeres, han ido veloces de la mano del desarrollo científico y tecnológico (por ejemplo los anticonceptivos, la informática y las comunicaciones, si olvidar la domótica), como divulga la ONU, pero también recordar la influencia del movimiento feminista en la transformación social a través del impulso de la reforma del Derecho de Familia (entre otras, como el acceso de las mujeres a la formación, el empleo y el emprendimiento) . Si los movimientos sociales resurgen cuando se dan las condiciones para que se puedan cumplir sus reivindicaciones, porque hay abundancia de recursos, o todo lo contrario, carencia extrema de los mismos, lo que que induce a acometer urgentemente el cambio, sin duda este el momento idóneo para dar una vuelta más de tuerca, con la ONU o sin ella.