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EL PERIÓDICO
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El Partido Popular se apoya en sondeos dudosos para pedir elecciones


La legislatura 1993-1996 se inició con la decepción de José María Aznar cuando creía que vencería al PSOE. El Partido Popular ideó la consigna “Váyase, señor González” y hasta pactó con Julio Anguita presentar conjuntamente en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en donde se pedía al Presidente del Gobierno que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, intentando así que el Congreso de los Diputados vulnerara la prerrogativa del Presidente del Gobierno de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones que establece el artículo 115 de la Constitución.

Al final, el Partido Popular ganó las elecciones de marzo de 1996 por la mínima, pero el Presidente González no disolvió las Cortes por la presión del Partido Popular, sino por la defección de CIU, que renunció a apoyar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996. Desde entonces, cada vez que la derecha está en la oposición, utiliza la misma forma de lucha, deslegitimar al Gobierno y sostener que ya no tiene apoyo ciudadano por lo que debe cesar, previa disolución de las Cámaras. Y como tenía que volver a ocurrir, el Partido Popular de Casado ha vuelto a las mismas tácticas de Aznar y de Rajoy, que consisten en dar por acabada una legislatura que ahora tiene una duración de año y medio, pedir la disolución y acompañar esta operación de una oposición a muerte que no da cuartel al Gobierno. Pero en este mundo de la hiperinformación no bastan las acusaciones sin pruebas, no es suficiente que el Presidente del Partido Popular, Casado, proclame en los medios o en el Parlamento que la legislatura está agotada.

Hay que fundar en algo de apariencia más sólida la condena del Gobierno, y para ello el Partido Popular, en connivencia con ABC, ha publicado el pasado día 24 una encuesta de la empresa GAD3 con una modesta muestra de 1200 personas (que en la práctica se reduce a unos 700, porque en este tipo de encuestas el 40 % no contesta sobre intención de voto) que otorga mayoría absoluta a la derecha (Partido Popular y Vox) y un descenso notable del PSOE y Unidas Podemos. Ya tenemos justificado el nuevo “Váyase, señor Sánchez”.

El tema es muy preocupante por las consecuencias y derivadas que tiene esta oposición destructiva del Partido Popular. Hemos visto esas consecuencias durante la pandemia, cuando la derecha atisbó la posibilidad de derribar al Gobierno (¿con qué Diputados?) y lo acabamos de corroborar con la crisis migratoria de Ceuta, donde el Partido Popular no sólo no ha dado ningún apoyo real al Gobierno sino que se ha reunido con enviados del Gobierno marroquí, actuando los populares como quinta columna del enemigo. No es ese el trato que el PSOE dio al Gobierno popular en la crisis del Islote de Perejil y en la crisis catalana de 2017.

Y más allá de negar el apoyo en crisis singulares, el Partido Popular ha adoptado un trabajo de termita, de horadar al Gobierno. Se horada al Gobierno en las sesiones de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, donde las preguntas orales de Casado, García Egea o Gamarra son cada miércoles, destructivas. Y se horada al Gobierno requiriendo (sin resultado) que la Comisión Europea redoble controles sobre la ejecución del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para que el Gobierno no pueda ejecutarlos. Finalmente, el trabajo de termita del Partido Popular emerge con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Al final, esta política destructiva se le puede ir de las manos al Partido Popular. El grado de tensión que comporta dividir al país en dos mitades, bloquear los órganos constitucionales, utilizar las Cortes para destruir y negar el apoyo al Gobierno en las crisis internacionales y sanitarias, acabará pasando factura. Pero cuando haya crecido el monstruo que lucha como enemigo, las derechas poco podrán hacer y Vox los habrá rebasado o Vox ocupará la dirección del Partido Popular.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.