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EL PERIÓDICO
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Pedro Sánchez y la clemencia de Augusto


Muchas de las dudas que afronta cualquier gobernante al indultar a quien ha atentado contra la ley se encuentran en Cinna o la clemencia de Augusto, la tragedia de Corneille (1641). Los dilemas del emperador romano no eran tan distintos de los que se le plantean estos días a Pedro Sánchez a la hora de decidir si indulta a los líderes independentistas catalanes condenados a prisión por el intento de secesión en 2017.

El dilema que atormentaba al Augusto de Corneille sigue siendo relevante: perdonar ¿incita al beneficiario de la clemencia a volver a las andadas o puede pacificar una sociedad agitada? Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, afirmó en los Papeles federalistas: «En casos de insurrección o rebelión, con frecuencia hay momentos críticos en los que una oferta oportuna de perdón para los insurgentes o rebeldes puede restaurar la tranquilidad de la comunidad».

Menudo sindiós nos dejó Mariano Rajoy al hacer de don Tancredo y dejar un marrón monumental sobre la “cuestión catalana” y menudo sindiós es ver cómo partidos que entre todos no llegaron ni a la quinta parte de los votos en las últimas catalanas dicen tantas barbaridades sobre los indultos y sobre lo que necesita Cataluña. El PSC, el partido más votado en las últimas elecciones al Parlament, es partidario de la concesión de medidas de gracia a los presos del Procés. El PP, que en esas mismas elecciones fue el menos votado, parece no comprender bien la situación política y social que atraviesa Cataluña.

Hace años que los populares parecen estar lejos de saber interpretar la extraordinaria complejidad del conflicto político catalán, lo que hace albergar serias dudas sobre la desconocida estrategia de Génova para normalizar la cohesión social y las relaciones institucionales con Cataluña. Lo que tal vez deberían plantearse es, al menos, no hacer de perros del hortelano y permitir que sean formaciones con mejor conocimiento y mayor conexión con la sociedad catalana las que traten de llegar a un punto de encuentro que quienes, ajenos las fotos de Colón y al patrioterismo nacional de uno y otro lado, añoramos hace ya demasiados años.

El independentismo ha dividido a la sociedad catalana en dos mitades estables hasta ahora. Pero las encuestas indican que la mayoría de los catalanes quieren los indultos, sobre todo para empezar a cicatrizar la profunda herida consecuencia de los sucesos de 2017, de la parálisis política del anterior Gobierno de España y del enconamiento y autismo de algunos políticos, tanto los del “pacto de Colón” como de otros exlíderes cuyo renegar de los indultos produce desazón, irritación e impotencia, sobre todo porque es bien conocido que, según nos ha recordado Jordi Amat en El hijo del chófer, cuando algunos de ellos ostentaron la Presidencia del Gobierno practicaron el “indulto” de mirar hacia otro lado mientras que Jordi Pujol apaciguaba al nacionalismo catalán llenándose los bolsillos y practicando con descaro la evasión fiscal.

Los líderes del secesionismo catalán perpetraron en 2017 un atropello de los marcos de convivencia constitucional y autonómico que provocó un desgarro en las sociedades catalana y española. Fueron juzgados y condenados. Las sentencias contribuyeron a superar la fase más aguda de la crisis, pero no han resuelto de forma definitiva el desafío fundamental para la democracia española que supone el independentismo. Este es el contexto en el que debe considerarse la concesión de indultos por parte del presidente del Gobierno.

El ordenamiento jurídico español otorga al Gobierno la facultad de conceder el indulto con una mención a criterios de justicia, equidad o utilidad pública, pero requiere unos informes previos no vinculantes. La ley no exige el arrepentimiento como condición indispensable. El Tribunal Supremo (que juzgó en su momento a los hoy condenados) ha remitido al Gobierno su informe.

En él destaca la falta de arrepentimiento y de razones de equidad para fundamentar que el indulto “se presenta como una solución inaceptable”, pero el razonamiento no profundiza en el concepto de “utilidad pública”. La Ley de 18 de junio de 1870 que fija la reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, establece que dicha figura tiene naturaleza política —de ahí la inclusión de la “utilidad pública” en la ley—, no jurídica, y permite por ello que se conceda incluso en contra del tribunal sentenciador.

Desde que Josep Narcís Roca i Farreras, considerado el primer nacionalista catalán independentista, escribiera en 1886 Ni espanyols ni francesos, el primer artículo donde apareció claramente la propuesta de que Cataluña tuviera un Estado propio, la democracia española tiene pendiente de resolver el conflicto en Cataluña. Frente a esa propuesta se han arbitrado tres tipos de soluciones. La primera es la política intransigente de la mano dura, que inició en 1923 Primo de Ribera y que continuó con fruición otro militar dictador, Francisco Franco. La segunda, practicada desde la Constitución de 1978, ha sido el mantenimiento pasivo del statu quo. La tercera, iniciada en la Restauración a través de Francesc Cambó y continuada en la Segunda República, es el diálogo.

La mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que primero rebajen la tensión y progresivamente vayan recuperando en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español. No hay garantía alguna de que sentarse alrededor de una mesa surta efectos positivos, pero sí hay bastantes pruebas de que el “no a todo” del Gobierno Rajoy ha favorecido el crecimiento independentista en la última década. El propio Rajoy fue considerado en su momento como una “máquina de fabricar independentistas”.

Aunque la situación heredada por Pedro Sánchez es difícil, lo que resulta irracional es pensar que el “dontrancredismo” resolverá el problema catalán. Los indultos son probablemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para cambiar esta tendencia. Esta medida de gracia no debería entenderse como un gesto para con los líderes independentistas, de quienes cabe esperar muy poco, sino como un gesto de concordia para con los ciudadanos catalanes, quienes lo desean por amplia mayoría según las encuestas y cuyo anhelo es salir del oscuro túnel de años pasados.

Un análisis imparcial debe reconocer el enorme daño que con toda seguridad sufrirán con esta iniciativa los socialistas, Pedro Sánchez, el primero: los datos muestran que una abrumadora mayoría de españoles, incluyendo muchos votantes del PSOE, se opone al indulto. Pero, a pesar de todo, hay que evitar que más catalanes se sigan alejando del proyecto común y procurar que parte de los que se fueron regresen. Lograrlo es una tarea de la política y no de las instancias judiciales.

En el fondo, el problema de los indultos no lo tiene Pedro Sánchez, sino Pablo Casado. Desde diciembre de 2017, en que se celebraron las elecciones catalanas convocadas por Mariano Rajoy, la presencia electoral del PP en Catalunya y también en el País Vasco, donde el impacto electoral del 155 fue todavía mayor que en Catalunya, se ha reducido de manera tan notable, que políticamente es un partido casi extraparlamentario, aunque jurídicamente no lo sea. Con el sistema electoral de Galicia o Madrid el PP ya sería extraparlamentario en Catalunya.

Por eso, por la reducción de la presencia electoral de las derechas en Catalunya y País Vasco, el PP no tiene posibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria para una investidura. Los 35 escaños que han consolidado los nacionalismos catalán y vasco en el Congreso de los Diputados les proporcionan la posibilidad de vetar a cualquier candidato a la Presidencia. Tal como está el patio, Pedro Sánchez tiene un problema, pero puede intentar darle una respuesta para seguir gobernando. Los indultos le van a suponer un riesgo, pero también una oportunidad para consolidar una mayoría parlamentaria de Gobierno. Y no solamente para esta legislatura.

Con la estrategia que está poniendo en marcha Pablo Casado para enfrentarse a los indultos, no solo no podrá impedir que los indultos se aprueben, sino que se está cerrando la puerta para poder dialogar en el futuro con el nacionalismo catalán y vasco que le resultó indispensable a Aznar para la investidura en 1996 y que le costó a Rajoy perder la Presidencia del Gobierno en la moción de censura en 2018.

En política todo lo que se rehúye para evitar un conflicto acaba por provocar un conflicto mayor. Para resolver un determinado problema, resulta imprescindible entenderlo. El “Madrid de Colón” ha perdido el sentido de la realidad sobre lo que realmente pasa en ese trozo de España. Y lo que es peor: de nuevo Cataluña es para ellos arma y argumento político para cosechar votos en el resto de España por incapacidad de obtenerlos allí.

Catedrático de Universidad de Biología Vegetal de la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.

En la Universidad de Alcalá ha sido Secretario General, Secretario del Consejo Social, Vicerrector de Investigación y Director del Departamento de Biología Vegetal.

Actualmente es Director del Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá. Fue alcalde de Alcalá de Henares (1999-2003).

En el PSOE federal es actualmente miembro del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía y responsable del Grupo de Biodiversidad.

En relación con la energía, sus libros más conocidos son El fracking ¡vaya timo! y Fracking, el espectro que sobrevuela Europa. En relación con las ciudades, Tratado de Ecología Urbana.