En la Brunete togada hay ruido de sables contra los indultos

Son cuatro figuras políticas distintas y distantes, ubicadas en la izquierda y todas muy potentes. Coinciden en la oportunidad de los indultos por razones de estricta eficacia política, es decir por razones impulsadas por la sensatez y el deseo de distensión.

Enfrente de esa posición se ha vuelto a situar el cálculo político barriobajero que mueve a la derecha radical y a la extrema derecha en este asunto como en tantos otros, y el rencor y el revanchismo que propulsa al grupito de ex dirigentes socialistas que patalean por su protagonismo perdido.

Pocas veces las cosas han estado tan claras en la política española.

Sin embargo, una sala del Tribunal Supremo parió por unanimidad a finales de mayo una resolución que tal parece redactada en la sede central del Partido Popular dado su alto contenido político derechista radical, oponiéndose al indulto de los políticos presos por el Procés secesionista y descalificando la iniciativa del Gobierno Sánchez precisamente por ser "política". Entre los argumentos que manejan los magistrados, el más torticero es que "no hay arrepentimiento" de los penados.

Resulta que el Supremo es el mismo tribunal que en su día avaló el indulto, entre otros, para los generales golpistas Armada (el famoso Elefante Blanco del 23-F) y Milans del Bosch (el que echó los tanques a las calles de Valencia), cuyo triunfo habría sumergido España entera en un baño de sangre. Y también es el mismo alto tribunal que en 1993 intentó que se indultara a Tejero por razones de “utilidad” (sic), invocando la “conveniencia pública” (sic) ya que, según ellos, perdonar a Tejero suponía “una aceptación social que contribuiría al olvido” (sic) de unos hechos que, dijeron, “deben quedar ya en el pasado” (sic), y todo ello a pesar de reconocer explícitamente que el guardia civil golpista Antonio Tejero no estaba para nada arrepentido de sus delitos probados (como tampoco se arrepintieron nunca los indultados Armada y Milans).

Es obvio que la Justicia española como concepto podrá ser ciega, pero también lo es que sus instrumentos judiciales "nacionales" se ponen y se quitan los ojos a voluntad: todo depende del color político de lo juzgado.

Los indultos de Oriol Junqueras y compañía son políticamente imprescindibles, no para solucionar nada en Catalunya sino precisamente para que se abra la posibilidad de empezar a avanzar hacia una solución. Los indultos son una decisión política en un asunto político, y nada tienen que ver con la justicia. Y, en fin, si estamos donde estamos es en buena parte porque el Gobierno del PP nos metió en esta cristalería, primero con la inacción de Don Tancredo/Rajoy y su Gobierno pasmado, y después comportándose como una manada de paquidermos furiosos que intentaron ahogar un desafío político a golpe de porra el 1 de octubre de 2017.

Irresponsables hasta el fin, el PP y sus peones intentan sabotear cualquier movimiento hacia una solución de la crisis catalana porque saben que el garrotazo y tente tieso les reporta a ellos votos en la España profunda y cafre, y a los independentistas en toda Catalunya (lo que perjudica a la izquierda catalana real, el PSC y Comuns). El PP fomenta la crispación en Catalunya porque la crispación le rinde suculentos réditos electorales.

Entiéndase, no estoy diciendo que a los políticos presos en Can Brians se les haya de poner una alfombra roja a la salida de esa cárcel, tan poco rigurosa con ellos por lo demás. Entre paréntesis, daba risa oír hace unos días al flamante president Aragonés García exigiendo el fin de la "represión generalizada" (sic) en Catalunya. Lo dice él, vástago de una familia de multimillonarios catalanes que lo son desde los tiempos del general Franco, recién elegido presidente de la Generalitat de Catalunya con los votos de los diputados independentistas del Parlament catalán, y que “denuncia” esa fabulada represión desde el control absoluto que el secesionismo catalán ejerce sobre la televisión y la radio públicas catalanas. Ya les gustaría en Bielorrusia o Birmania que les reprimieran así.

Pero incluso una prisión tan atenuada como la que tienen los líderes del Procés resulta claramente desproporcionada como castigo a las "malifetes" reales que cometieron en su día. En justicia, nunca debieron ser condenados a penas de cárcel. Tendrían que haber sido inhabilitados políticamente, expulsados de todo cargo público de por vida, y punto. Ninguno de ellos merece volver a participar en la vida democrática española ꟷincluida, por tanto, la catalanaꟷ no por ser independentistas, sino por conspirar para destruir la democracia que mal que bien y con tanto esfuerzo hemos levantado entre todos.

Pero la pena, insisto, debió ser proporcionada al delito real cometido: no es lo mismo conspirar en reuniones de la republiqueta catalana ficticia ꟷque solo existió en algunas mentes y en unos pocos papeluchosꟷ, que sacar los tanques a la calle teniendo preparadas listas negras de ciudadanos para asesinarlos por millares. Y, sin embargo, a los criminales de uniforme del 23-F se les indultó en unos casos y se intentó hacerlo en otro (los del 18 de julio de 1936 siguen teniendo calles a su nombre), mientras que a los políticos secesionistas se les niega el indulto por falta de contrición.

Cuestión de ideología, pues. Los amigos del Tribunal Supremo y otros aparatos judiciales del Estado no deberían enseñar tanto el pespunte de la toga en público: tal conducta dice poco de su presuntamente inmaculada independencia.