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EL PERIÓDICO
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Te pasas o te quedas, pero en pandemia nunca aciertas


Asistimos al ocaso del equilibrio, de la proporción y la medida, si es que algo quedaba de ellos todavía, en el final de la pandemia.

En la que bien podría ser la fase resolutiva de esta larga y dolorosa pandemia, y a pesar del éxito del avance de la vacunación y la consiguiente reducción paulatina pero sustancial de la incidencia, la ocupación hospitalaria y sobre todo de su rastro más dramático, la muerte, en lugar de la lógica esperanza y del optimismo nos seguimos debatiendo entre la polarización política, los maniqueos, la infodemia y el olvido.

Algunos de los ejemplos más recientes son el desacuerdo entre gobierno y autonomías, primero sobre el final del estado de alarma y luego del carácter y el contenido de las actuaciones coordinadas en la última desescalada, mas tarde en relación a la combinación o no de la segunda vacuna de AstraZeneca en menores de sesenta años, debate al que se han sumado expertos y medios de comunicación, o ya en la actualidad sobre la toma de decisión y el momento más adecuado para dar por finalizada la obligatoriedad legal de las mascarillas al aire libre.

Poco importa si el tiempo ha dado y quitado razones: Todavía hoy hay quien sigue hablando de caos pandémico y de vacío legislativo como consecuencia del final del estado de alarma a pesar de la progresiva recuperación de la normalidad, que no se da por enterado de que la combinación de la segunda vacuna es algo normalizado y cada vez más frecuente en Europa y Canadá, en particular por debajo de la edad de sesenta años, o que amenaza con la nueva variante delta del virus para pedir el aplazamiento de la decisión de prescindir de la mascarilla en espacios al aire libre el próximo 26 de Junio.

Pero además, como si no bastase con los momentos finales de la pandemia para tener motivos de discordia, también nos volvemos a enfrentar mirando al pasado, con respecto a los primeros momentos de la crisis, a raíz de la filtración de la ponencia del Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso de Vox contra el estado de alarma considerado como un estado de excepción encubierto.

La ponencia ha tardado hasta ahora quince meses con dos ponentes sucesivos y dos conclusiones diferentes, sino opuestas, sobre la adecuación o no de la declaración del estado de alarma. La primera, la progresista que afirma que es la medida adecuada a la restricción de derechos en una pandemia y la segunda, la consevadora, que asegura que debería haberse aprobado el estado de excepción, porque en realidad se trataría, más que restricción, de una anulación total de el derecho fundamental a la libertad de movimiento. Llama la atención que tal anulación, calificada de total, haya sido compatible con el ejercicio de un abanico de actividades esenciales e incluso con el derecho de manifestación en el momento de confinamiento domiciliario más estricto, avaladas en algunos casos por los propios tribunales de justicia.

Pero es que además, si el estado de alarma no sirviera frente a una pandemia como la actual, como está previsto en la propia ley, y sin embargo se requiere declarar el estado de excepción, la duda es cuando estén en peligro las instituciones democráticas, los derechos fundamentales y los servicios públicos esenciales, qué figura sería la adecuada o qué modificación de la ley sería necesaria para servir de cobertura legal ante tales amenazas excepcionalísimas.

Otra paradoja es que mientras el ponente conservador valora si calificar las medidas de confinamiento como estado de excepción, las recientes sentencias del Tribunal Supremo no tienen ninguna duda de que se trata de un estado de alarma y rechazan el intento de la extrema derecha recurrente de politizar la justicia, como una batalla más de su particular lawfare.

En todo caso, el TC de mayoría conservadora y con dos ponentes sucesivos pone en evidencia una situación crítica de la institución que puede terminar afectando a su prestigio y obliga a cumplir efectivamente con la previsión Constitucional de su urgente renovación. Porque en este proceso de deterioro se ha quebrado el buen hacer de la búsqueda de resoluciones consensuadas por amplia mayoría, para pasar a la imposición del rodillo de la mayoría conservadora, precisamente por parte de un órgano, que como el CGPJ, tiene una parte de sus componentes, con su periodo de ejercicio caducado, que están pendientes hace años de un acuerdo político para su renovación.

Sin embargo, no parece que se dejen de buscar excusas para eludir el compromiso político de renovación, ni que entre tanto la derecha vaya a adoptar ningún mecanismo compensatorio ni ejercitar sus funciones en base a la proporción o el matiz, alejándose de la polarización ambiental. Algunos en este mismo TC han tenido la delicadeza de abstenerse para no dar lugar a recursos ante los tribunales europeos, lo que demuestra que la lógica de bandería no es ineludible.

Se prevé que la sentencia del TC se produzca dentro de la legislatura, para contribuir con ella a polarizar aún más la vida política. Sobre todo, cuando se trata de caracterizar al gobierno de izquierdas como un gobierno liberticida. Una parte más de la estrategia de desestabilización y criminalización del gobierno, como las querellas contra el gobierno, los recursos al Supremo, al TC y en su momento la moción de censura, todo ello con los mismos argumentos negacionistas y de defensa cínica de las libertades de la extrema derecha europea e internacional con el acicate del clima favorecido por la pandemia.

Al inicio de la pandemia con el primer estado de alarma, uno de los confinamientos más estrictos y eficaces que quedó oculto tras el conflicto político por las prórrogas y los criterios para la desescalada y al final por la supuesta asimetría en las medidas de control y aislamiento. Luego, con las medidas de respuesta temprana y las actuaciones coordinadas como métodos de cogobernanza, y después con el segundo estado de alarma con descentralización de la gestión en las CCAA. Más tarde con la interrupción y luego con la combinación de vacunas ante los efectos adversos y los problemas de disponibilidad y al final, con el carácter obligatorio de las actuaciones coordinadas para la desescalada, que estaba previsto en las leyes de coordinación y calidad y de jurisdicción de las administraciones públicas, aprobadas a propuesta de gobiernos del partido popular y que hoy son repudiadas por la derecha, como ya lo fuera el estado de alarma, obligando al gobierno a convertirlas en meras recomendaciones.

Ahora ocurre también con la fecha del final de la obligación de las mascarillas en los espacios al aire libre. Una retirada del uso obligatorio de mascarillas en lugares al aire libre, que había venido siendo reclamada por algunas CCAA de forma insistente, creando un clima de polarización mediática una vez más, y que sin embargo ahora es motivo de discordia por el hecho de que lo protagonice el presidente del gobierno y no el consejo interterritorial del SNS, un órgano de coordinación recientemente devaluado por los mismos que hoy lo reclaman. Son los mismos maniqueos que nos han acompañando durante toda la pandemia impidiendo los matices, la aproximación de posiciones y con ello las posibilidades de acuerdo, cada día más remotas.

El problema es la perplejidad en que quedamos la mayoría de los ciudadanos que seguimos intentando guiarnos por la confianza, la actitud crítica y la responsabilidad sobre las medidas para atajar definitivamente la pandemia.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.