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EL PERIÓDICO
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Desmontando el lenguaje del secesionismo


Es sabido que, en una guerra, la primera víctima es la verdad. Con una ligera adaptación, podríamos decir que, en la lucha partidista, la primera víctima es el lenguaje. Quien mejor se apropie de las palabras en su beneficio, tendrá ganada de antemano una considerable ventaja sobre sus oponentes. Para muestra, un botón: la señora Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid y su apropiación de la palabra libertad.

A los secesionistas catalanes no se les cae de la boca la palabra democracia. Todo lo que hacen, lo llevan a cabo —según ellos— en nombre de la democracia. Declararon unilateralmente la independencia de Cataluña, siguiendo el “mandato democrático” de su referendum ilegal de septiembre de 2017 en el que el 89% de los votos se pronunciaron a favor. Se les olvida decir que, debido precisamente a la ilegalidad de la consulta, no hubo ninguna garantía democrática, ni durante las votaciones, ni en el escrutinio final. Ellos mismos reconocieron una participación de solo el 43% del censo. Obviamente, los no secesionistas no acudieron a la cita.

Dejando de lado que su concepto de democracia permitiría votar cualquier cosa a cualquier grupo arbitrario de ciudadanos —por ejemplo, los vecinos de Móstoles podrían decidir romper relaciones diplomáticas con Marruecos, o declarar su territorio libre de homosexuales—, les faculte la ley para ello o no, tenemos un modo de saber si son tan demócratas como afirman: evaluar la práctica de la democracia en la comunidad que gobiernan.

La Unidad de Inteligencia de The Economist, en su 13 edición del Índice de Democracia, analizó 167 países en base a 60 indicadores que evalúan, entre otros aspectos, los procesos electorales, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política y cómo se ejercen las libertades de expresión, de manifestación, etc. España figura en el número 22 entre las democracias plenas, por delante de Francia, Estados Unidos, Portugal, Italia, Bélgica e Israel que se consideran, entre otras, democracias imperfectas. También concluye que el 49,4% de la población mundial vive bajo una democracia de algún tipo y tan solo el 8,4% lo hace en democracias plenas. Es decir, no hay duda de que España —en contra de lo que afirman constantemente los secesionistas— se encuentra entre el pequeño grupo de países y ciudadanos del planeta que disfrutan de una mejor democracia.

La universidad de Gotemburgo publica cada cuatro años un Índice de Calidad de Gobierno que compara las percepciones ciudadanas sobre los gobiernos regionales de los países de la Unión Europea. En este caso, el índice se basa en un cuestionario de 40 preguntas que respondieron ciudadanos —600 en el caso de cada región española— de cada una de 238 regiones europeas, elegidos con criterios similares a los de las encuestas de opinión. En la edición de 2021, España figura como uno de los países que presenta mayor dispersión en los datos de sus gobiernos regionales.

En la figura[1], un índice 0 representa la media europea, las desviaciones positivas suponen una mayor democracia y, las negativas, menor. Mientras el promedio español está prácticamente en la media europea, la región española mejor valorada casi alcanza la media de los mejores países, tales como Finlandia, Dinamarca y Suecia, mientras que la peor valorada está cerca de la media de países como Italia, Hungría o Polonia. Pues bien, la región peor valorada es precisamente Cataluña, cuyo índice ha ido descendiendo en cada una de las ediciones del estudio. La mejor es el País Vasco y tienen índices positivos La Rioja, Navarra, Asturias, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares y Cantabria. El resto de las comunidades —que curiosamente incluye a todas las gobernadas por el Partido Popular— suspende. En otras palabras, la democracia de Cataluña es significativamente peor que la del resto de las comunidades españolas.

La Asamblea Nacional Catalana, una organización cívica que ha tenido una participación destacada en el procés, establece en su hoja de ruta actual que se ha de prohibir a los ayuntamientos que contraten a compañías “españolas” y que “los puestos de responsabilidad en el seno de la sociedad civil, desde las asociaciones de vecinos y culturales hasta los colegios y asociaciones profesionales, las federaciones y clubs deportivos, los gremios, etc, serán ocupados por personas partidarias de la independencia”. Todo un ejemplo de como entiende el secesionismo la democracia.

Alguien podría objetar que se trata de una organización privada, pero que los poderes públicos son otra cosa. Nos podemos remitir entonces a TV3, televisión pública financiada por todos los catalanes. Son muy abundantes los testimonios de manipulación de la misma. Por ejemplo, Lidia Guinart afirma en Infolibre (16.05.21) que “el paradigma de la falta de pluralismo es sin duda TV3, la televisión pública catalana… la ciudadanía catalana no puede sentir como suyo un medio público con marcado sesgo ideológico al servicio de los partidos que gobiernan, que ningunea e incluso vapulea a los partidos políticos que no son independentistas y que impregna toda la programación de un universo simbólico que no conoce límites”.

Conviene recordar, que en las elecciones autonómicas de 2017, un 51,7% de los votos lo fueron a partidos no independentistas. En las de 2021, con una participación mucho menor, estos partidos todavía obtuvieron el 49,5% de los votos. Es decir, TV3 ningunea y vapulea a la mitad de los ciudadanos de Cataluña tan solo porque los partidos secesionistas, merced a un sistema electoral sesgado, obtienen unos pocos escaños más en el Parlament.

En definitiva, las lecciones de democracia que los partidos secesionistas catalanes pueden dar a lo que —como parte de su estrategia de cosificación del adversario— ellos llaman “el Estado” son más bien poquitas.

Ahora que se va a poner en marcha la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña, no estaría de más que a las exigencias fuera de la ley de los secesionistas se les opusieran otras, dentro de la ley y mucho más sencillas de implementar: mejorar el índice de democracia en Cataluña y respetar los derechos de la mitad de su población. ___________________________________________________

[1] Fuente: Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. Nicholas Charron, Victor Lapuente, Monika Bauhr. The Quality of Government Institute, University of Gothenburg, April 2021.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.

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