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EL PERIÓDICO
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Salvar vidas, prioridad máxima


Si hay un error en el que acostumbran incurrir jueces y periodistas profesionales, es el que confunde objetividad y neutralidad. Lo que equivale a mezclar la forma y el fondo de sus decisiones, relativas al juicio o a la opinión, respectivamente. La obtención de hechos contrastados y verificables de forma documental, testimonial o experimental, es un requisito imprescindible para fundamentar la aplicación de la Justicia o para ejercer cabalmente el análisis dentro del Periodismo de Opinión. En tal base factual tiene la objetividad su fundamento. Pero, por su parte, la neutralidad implica una valoración estimativa de esos hechos así extraídos, enmarcados en su contexto y que no cabe identificar con los hechos considerados en sí mismos, ni con su reproducción mecánica y formal.

Para entendernos: un dato puede dar noticia de un hecho. “Arden seis hectáreas”. Pero no permite interpretarlo, ni averiguar sus causas, ni sus efectos. Es preciso pues un proceso que permita conocer el significado del dato que noticia tal hecho. Averiguar sus causas y sus efectos. Se trata de dos momentos distintos, aunque conectados. Sin significado, el dato a secas resulta inútil; y sin hecho previo, no hay significación posible.

La objetividad de los hechos comprobados, y su interpretación, su valoración, obedecen pues a procesos de naturaleza bien distinta. Observar es una cosa; y valorarla, otra bien diferente. Pese a sus diferencias, juzgar y opinar cabalmente tienen por denominador común la opción a la hora de emitir un juicio o una opinión. Y ese albedrío optativo que les acompaña, abre paso a la subjetividad del juez o la del periodista, a la individualidad que afloran necesariamente con una intencionalidad determinada.

Para impedir que esa subjetividad intencional impregne con sus sesgos individualizados la decisión judicial o la opinión periodística, será preciso contrastarla primero con los hechos y luego, necesariamente, con las referencias sociales que presenta la escena donde van a surgir una y otra. Y ello porque es en el ámbito de los demás, en la sociedad que nos acoge, donde solemos hallar las referencias intelectuales, culturales y morales, de criterio, mediante las cuales descubrimos que nuestros actos son buenos o malos, aptos o no aptos y nos regimos de manera conforme a ellos.

La sociedad, que generalmente es más versada, experimentada y sabia que cada uno de nosotros, más que el individuo aislado, guía el criterio personal y sanciona si se adecua o no a las metas propuestas. Los seres humanos somos seres sociales, por excelencia. Casi todo lo que tenemos y que tienen los demás es heredado de la familia, la comunidad o el entorno: lengua, hábitos, gustos, costumbres, cultura, recuerdos... Muy pocos atributos nos pertenecen en exclusiva, salvo la capacidad de mezclar a nuestro albedrío esos ingredientes que todos a grandes rasgos heredamos; y ello nos permite combinarlos en una proporción que solo a cada uno de nosotros corresponde. En esta capacidad de mezcla reside la lo más íntimo y libre de la individualidad.

Hay determinadas circunstancias en las cuales los dilemas de todo tipo se sustancian de una manera encaminada a superar las contradicciones que implican. Y tal superación puede hacerse de manera o bien eficaz o bien superficial. Lo escrito hasta ahora tiene mucho que ver con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual, declara inconstitucional la decisión gubernamental que estableció el Estado de Alarma para hacer frente a la pandemia del Covid 19, en su arranque explosivo, en marzo de 2020. Es preciso resaltar que aquella decisión fue consensuada en el Parlamento con el voto a favor del mismo partido político de ultraderecha que planteó el recurso de inconstitucionalidad.

Una vez remansadas las aguas de la actualidad acuciante, cabe reflexionar sobre una sentencia de un alcance insólito como ésta.

¿Qué tenemos aquí? Varias cosas. Haciendo abstracción de consideraciones sobre la malevolencia o benevolencia personales de los magistrados del Tribunal Constitucional .que sin duda las hay- lo que hay es una reñida votación de reñido desenlace, tras la cual sale a flote una sanción de inconstitucionalidad decidida por seis magistrados contra cinco, es decir, por un magistrado; tal decisión se fundaba en la supuesta desatención a la obligada declaración del Estado de Excepción, a la que insta la sentencia, frente a la promulgada declaración del Estado de Alarma, de inferior rango, a la hora de poder cancelar temporalmente derechos fundamentales. Es decir, la decisión del alto tribunal se pronuncia por una medida mucho más grave, la excepcionalidad plena, de mucho mayor alcance, y cuyo trámite, en plena erupción viral de la pandemia, incluía unos recovecos procesales, judiciales, parlamentarios y políticos cuya resolución, en términos presumibles de plazos de tiempo, auguraba que la letalidad del virus pudiera segar hasta 450.000 vidas más de las 24.000 que ya ha llegado a segar.

Lo que cabe observar es que el formalismo se ha impuesto a la realidad acuciante. Los magistrados que han votado a favor del veredicto de inconstitucionalidad se han mostrado más proclives a la atención a la supuesta norma que al apremio por salvar vidas que movió al Gobierno a promulgar la medida de alarma.

Veamos. El artículo 3 del Código Civil español establece que, en Derecho, la aplicación de la ley debe acomodarse a los cambios sociales que se experimentan en la sociedad sobre la que se aplica. Esta es la tradición jurídica en los países de nuestro entorno; en la de Italia, cuyo código deriva a su vez del napoleónico de Francia, donde hunde sus raíces el código español. Recordemos que Bonaparte estaba más satisfecho son su Código Civil que con las batallas ganadas en combate.

Sin embargo, hay una tradición del Derecho anglosajón que prima y se asienta, sobre todo, en los precedentes jurídicos. Ello determina un conservadurismo muy consolidado, que atiende más a la lógica jurídica que al latido de la sociedad. El caso es que la justicia puede ser aplicada en sí –esto es, según criterios sociales, de utilidad pública- o para sí, conforme a preceptos jurídicos previos y propios. Dentro del seguidismo de pautas foráneas que caracteriza tantas actitudes importadas en nuestro país -la jurídica no es una excepción-, esta adscripción a las normas anglosajonas desentona abiertamente con las aquí vigentes.

¿Y si en España no existen antecedentes jurídicos ni sentencias semejantes ante un hecho insólito como el de una pandemia de este tipo? Al no constar un precedente de alarma o excepcionalidad extrema ¿a qué norma acogerse, a la inexistente o a la usual aquí?

Todo indica que la sensibilidad social de algunos importantes magistrados permanece herméticamente blindada o se ha evaporado del todo ante un hecho sobre el cual han proyectado una intencionalidad propia, que no ha pasado por el cedazo de la sociedad, del criterio, la cultura, la experiencia y la sabiduría social. Y ello porque todo indicaba que no era la forma jurídica lo que había que salvar, sino, por encima de todo, las vidas de centenares de miles de personas en riesgo de perderlas, de no adoptarse una medida tan urgente y de adopción tan breve como la que procuraba la declaración del Estado de Alarma.

Como referencia a la que cabe atenerse por parte de jueces y opinadores profesionales, sirva una cita de un científico social estadounidense, Barrington Moore junior, que salió al paso de la polémica entre neutralidad y objetividad evocada al principio de este artículo. Y lo hizo con una frase en la que abordaba esta cuestión con un razonamiento que ¡ojalá! decorase activamente los despachos de los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces en general, así como los de las redacciones periodísticas. Decía más o menos lo siguiente: “La simpatía por las víctimas de los procesos históricos y el escepticismo ante las demandas de los poderosos es la mejor salvaguarda contra las engañosas mitologías dominantes”.

Tal vez la contemplación de esta frase escrita sobre los muros de ambos tipos de recintos, podría situar a cada cual ante su propia conciencia e impedir que proliferen, como ha sido el caso, los errores y las intencionalidades más desconectadas de la realidad y del bien social.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.