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EL PERIÓDICO
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El papel de las derechas en el debate de la Ley de Memoria


  • Escrito por Arturo Peinado Cano
  • Publicado en Opinión

“Cada día es más evidente el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia”. Así comentábamos en la cuenta de Twitter @foromemoria las declaraciones del exministro de la UCD Ignacio Camuñas sobre quién fue responsable de la Guerra Civil. A su lado, callando y otorgando, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Las democracias europeas que se construyeron sobre la victoria contra el nazismo y el fascismo en 1945 realizaron políticas dirigidas a conseguir la condena y el rechazo social de sus respectivas dictaduras.

Que en nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado políticas específicas que desmontasen la falsificación de la historia de los cuarenta años anteriores ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto. Perdura en buena parte de la sociedad el relato sobre la 2ªRepública, la guerra y la dictadura que el franquismo difundió, mediante cuarenta años de apabullantes políticas de memoria, para desacreditar a sus enemigos y negar o justificar sus tropelías. Décadas de adoctrinamiento dejan huella en varias generaciones y no se pueden revertir de la noche a la mañana, sobre todo cuando el régimen democrático posterior ni siquiera lo ha pretendido. La mitología franquista no ha sido censurada o desautorizada por las instituciones democráticas. Las consecuencias -cada vez más evidentes- para la democracia española, son demoledoras.

Escuchamos cada día, por parte de la derecha política y mediática, manifestaciones de apología de la dictadura, minimización de sus crímenes, e invocaciones a no recuperar un pasado que hay que olvidar. Cuando insisten en que es “mejor no reabrir heridas”, lo que buscan es que el relato de la dictadura se perpetúe socialmente, y que los medios de difusión y el sistema educativo no pongan en evidencia los mitos del franquismo, que mucha gente da aún como ciertos.

No es una cuestión de mera nostalgia para la derecha española, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la dedicación e insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por controlar que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención última de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros.

La gran pregunta es: ¿la derecha español es demócrata o franquista? El golpe de 1936 y la inversión posterior en terror ha garantizado a la derecha española 85 años de estatus social, de poder político y económico, que jamás ha sido cuestionado. Nunca se han pedido responsabilidades de ningún tipo. Entonces, ¿por qué van a condenar el franquismo? Es más, en vista de tales réditos, ¿por qué no iban a repetir la agresión a la democracia, si se dieran las circunstancias y la oportunidad?

Pablo Casado ha anunciado que, si vuelven al gobierno alguna vez, una de las primeras medidas a adoptar será la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se va a debatir próximamente en el Congreso, para sustituirla por una “ley de concordia”. Es decir, volver a ocultar un pasado que les deja en evidencia para imponer su versión mítica e interesada de la Transición. Aparte de que sea una actitud previsible, muestra la relevancia que le dan al asunto.

Pero el anuncio de las intenciones del Partido Popular de derogar la Ley de Memoria Democrática no significa que el Proyecto de ley, tal y como lo conocemos, cubra las expectativas. Durante la tramitación de la anterior Ley de Memoria en 2007 se utilizó la oposición frontal de la derecha para justificar sus limitaciones, e incluso para presumir ante la opinión pública de la supuesta audacia de la misma.

En 2007 la oposición sistemática de la derecha política y mediática facilitaron que algunas fuerzas parlamentarias inicialmente críticas aprobasen finalmente la Ley, participando de un falso juego del sí/no, todo o nada. La mayoría de los medios se centraron en ese debate episódico, obviando que, aparte de los exabruptos de la derecha, existía una crítica razonada al Proyecto del Gobierno, por parte de organizaciones de Derechos Humanos, diversos colectivos memorialistas y de víctimas, y algunas asociaciones profesionales, en defensa de la aplicación en la Ley del derecho internacional. El tiempo ha dado y quitado la razón.

En 2021 sería lamentable que el Gobierno, proponente de este proyecto, tuviese la tentación de reproducir la situación de 2007 para garantizarse los apoyos parlamentarios que actualmente no tiene asegurados.

Porque en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el 20 de julio siguen sin asumirse plenamente las exigencias de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento y respeto a los estándares internacionales son los que deben definir la ley, no la confrontación con los discursos exaltados de los negacionistas de los crímenes de la dictadura.

No va a haber otra oportunidad; no podemos esperar otros catorce años a la “ley definitiva”. Entre 2007 y 2021 nos han dejado muchas víctimas directas y muchos de sus hijos e hijas, con quienes este país tenía una inmensa deuda, que no ha sido reparada ni siquiera simbólicamente.

Las fuerzas democráticas tienen ahora la oportunidad de desmantelar definitivamente la impunidad del franquismo. Es una cuestión de Justicia, de deuda con las familias de cientos de miles de represaliados, y de homologar de una vez al Estado español con los estándares internacionales de Derechos Humanos.