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Recordando a las víctimas del franquismo


Una foto de febrero de 1939 en la que soldados republicanos españoles huyen de España y llegan a Francia después de la victoria del general Franco durante la Guerra Civil española. / Archivo / Foto coloreada por El Obrero. Una foto de febrero de 1939 en la que soldados republicanos españoles huyen de España y llegan a Francia después de la victoria del general Franco durante la Guerra Civil española. / Archivo / Foto coloreada por El Obrero.

Todos los años, mucha gente de bien, se reúnen durante el mes de agosto para honrar y recordar a las víctimas del franquismo. Coinciden estas fechas con la barbarie perpetrada, una y otra vez, cada vez que la turba que acompañaba a los militares franquista iban ocupando poblaciones que se habían mantenido leales al Gobierno democrático de la Segunda República.

Hace poco tiempo, concretamente desde el 20 de diciembre de 2019 cuando debatimos y aprobamos en un Pleno de la Asamblea la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura lo realizamos contando y amparándonos en una norma específica que nos protege.

Un enorme avance en nuestra tierra para ponernos en paz con las víctimas de la Dictadura y con sus familias.

La memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y de la Dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un inexcusable deber moral en la vida pública y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos. La consolidación de nuestra democracia nos permite hoy mirar y afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado.

El olvido no es opción para una democracia. El silencio, no es el camino.

La violencia política y la violación de los derechos humanos constituyó un rasgo transversal de la Dictadura franquista hasta prácticamente los últimos momentos de la vida del dictador. El castigo físico, las depuraciones profesionales, la incautación de bienes y las sanciones económicas fueron los pilares en los que se sustentó la represión sobre los vencidos.

El entramado jurídico represivo inicial sobre los opositores al franquismo se perfeccionó a lo largo de la Dictadura en las Leyes de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940. Leyes de Orden Público y de Rebelión militar de 2 de marzo de 1943, la de bandidaje y terrorismo de 1947 y de Orden Público de 1949. Y no olvidemos que en 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) que mantuvo hasta enero de 1977 una renovada actividad represiva contra las nuevas generaciones de luchadores por las libertades y la democracia.

Organismos internacionales como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han corroborado en su informe de París del 17 de marzo de 2006 que, durante la Dictadura, en época de paz, “Franco acometió una política de represión contra todo individuo susceptible, según él, de representar una amenaza para el nuevo régimen. Miles de republicanos fueron sumariamente ejecutados o encarcelados y un número innumerable fueron sometidos a diversas formas de sanción política o económica”.

El tratamiento asimétrico entre las víctimas de los vencedores y vencidos en la Guerra Civil Española fue evidente a lo largo del franquismo.

No puede haber equidistancia en este sentido. No cabe decir que todos fueron igualmente considerados. El final de la Dictadura y la llegada de la Transición apenas modificó el imaginario excluyente y asimétrico de la Dictadura.

Las reparaciones económicas aprobadas desde 1978 y especialmente la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, han impulsado políticas públicas de reconocimiento y dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, de exhumaciones de fosas comunes y de conocimiento de la verdad, que se vieron paralizadas, todos lo hemos podido comprobar, durante siete años con la llegada del PP al Gobierno en 2011. Políticas que se han reanudado con el Gobierno socialista con la creación por primera vez en nuestra historia democrática de una Dirección General para la Memoria Histórica. A lo que podemos sumar, la culminación del procedimiento administrativo para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, cuya anomalía democrática hemos sido capaces de corregir, la elaboración de un estudio exhaustivo sobre la situación actual del proceso de exhumación de fosas o la implementación de los procedimientos para la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

En los próximos meses tendremos una actualización y reforma de la Ley 52/2007. De ello se encargarán de debatir en el Congreso y en el Senado durante toda su tramitación parlamentaria. Por cierto en esta nueva Ley de Memoria Histórica se insiste, entre otras cuestiones, en la necesidad de la realización de homenajes y actos de Estado.

En este sentido, vemos como a nivel internacional son habituales los gestos que allanan el camino a una reconciliación histórica en países con un periodo que dejó numerosas heridas que aún permanecen abiertas en sus sociedades.

Con mayor motivo deben afrontarse estas iniciativas en España, en unos momentos en los que cada vez son menos los presos políticos del franquismo que aún viven y cuando la dulcificación de la Dictadura y los discursos negacionistas de la represión franquista están experimentando un cierto resurgir en nuestro país. Un tiempo en el que contemplamos con preocupación cómo los discursos xenófobos, racistas y cercanos al fascismo vuelven a tener un cierto eco en nuestra sociedad.

Transcurridos 80 años desde el final de la Guerra Civil Española y más de cuarenta años desde la promulgación de nuestra Constitución, la condena por parte de las fuerzas políticas democráticas de las prácticas represivas franquistas y el rendimiento público de tributo a las víctimas de los vencidos y a los presos políticos del franquismo, luchadores por la democracia y las libertades, constituye un deber moral, un deber de memoria y un deber de reparación del Estado español que contribuye a cerrar heridas que aún permanecen abiertas y enlaza con los valores y virtudes que consagra nuestro texto constitucional.

Por todo esto, los socialistas y más en estos días estamos dispuestos, entre otras cosas a:

1. Condenar el franquismo (el cual supuso un secuestro por la fuerza de la soberanía nacional y popular), instaurado violentamente por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y, especialmente, las diversas prácticas represivas y violentas del franquismo, que constituyeron una sistemática y gravísima violación de los derechos humanos y están contemplados como crímenes de lesa humanidad por los organismos internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos.

2. Reprobar el negacionismo de la represión franquista y los discursos xenófobos, racistas, cercanos al fascismo y contrarios a nuestros valores constitucionales.

3. Hacer público su reconocimiento a las víctimas del franquismo, luchadores por las libertades y la democracia, que hará visible a través de un homenaje a los presos políticos de la Dictadura.

4.- Impulsar la actualización y reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, teniendo en cuenta las recomendaciones de los mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

5.- Institucionalizar con carácter anual fechas de homenaje y reconocimiento de Estado a las víctimas de la Dictadura franquista y del exilio.

En resumen: condenar el franquismo, rechazar el negacionismo, dignificar a las víctimas, modificar la Ley 52/2007, e institucionalizar las fechas de homenaje a las víctimas de la Dictadura franquista.

Doctor en Historia. Profesor de Enseñanza Secundaria. Autor de numerosos libros y artículos. Conferenciante, ponente y coordinador de Cursos de Formación. Jefe de Servicio en la Consejería de Educación. Ha recibido premios en Congresos de Historia y formó parte de un equipo de investigadores de la UEX y de otras asociaciones. Miembro de varios Jurados culturales, así como del Consejo Asesor de Publicaciones de la Institución Cultural El Brocense. Secretario de Educación en la Ejecutiva Local del PSOE de Cáceres, de Análisis de Historia del Socialismo en la Provincial de Cáceres y de Memoria Democrática en la Regional de Extremadura. Colaborador habitual en la prensa escrita regional y en medios digitales. Analista político en programas de radio. Diputado autonómico en la IX y en la X Legislatura.