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EL PERIÓDICO
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Llueve sobre mojado


Y, lamentablemente, sigue lloviendo. Mil días han pasado desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, renovado por última vez en 2013 gracias al acuerdo del PSOE (entonces en la oposición) con el PP (en el Gobierno con mayoría absoluta en ese momento). Muchas cosas han sucedido y cambiado desde entonces. Para empezar, que los papeles se han invertido y los que están ahora en la oposición (y acumulando derrotas electorales) son los miembros del Partido Popular. Lo que, desafortunadamente, no cambia es la irresponsabilidad del PP en la oposición, que sigue enrocado en el bloqueo sin (querer) entender que la renovación de los órganos constitucionales es una obligación constitucional, no una simple carta de oposición al Gobierno. Y se hacen llamar "constitucionalistas", ahí es nada.

A este ritmo, antes de que nos demos cuenta, cumpliremos tres años desde que el CGPJ comenzó a trabajar en funciones el 4 de diciembre de 2018. Teniendo en cuenta que la Constitución española establece un mandato de cinco años para el CGPJ y que de este órgano dependen todos los nombramientos del Tribunal Supremo, entre otros muchos, calculen ustedes las consecuencias de esta situación. No solo para nuestro poder judicial (en términos de funcionamiento, calidad, reputación...), sino también para toda nuestra democracia parlamentaria: se incumple la Constitución, se pone en jaque el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado y, encima, se falta de manera flagrante al respeto de los ciudadanos. ¿O de verdad piensan que alguien se cree sus excusas para bloquear la renovación?

Todos sabemos que lo que no quieren es perder la actual mayoría conservadora del CGPJ. Esta afirmación no es una elucubración mía, es un hecho, tal como probaron las filtraciones en 2018 (la famosa pillada del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, remarcando el control de su partido de “la sala segunda [del Tribunal Supremo, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] desde detrás”). Y, como llueve sobre mojado, solo tenemos que hacer memoria para comprobar cuál es la realidad. En 1995, gobernando el PSOE, el PP bloqueó por primera vez la renovación del CGPJ para retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones de 1996, que ganó este partido. En 2006, gobernando el PSOE, tocaba de nuevo renovar, pero el PP de nuevo bloqueó el acuerdo y no cedió hasta después de las elecciones de 2008, que perdió. Llegamos entonces a 2013, nueva renovación, esta vez sin retrasos, con el PP gobernando. Y ahora, desde 2018, baten su propio récord con 1.000 días de bloqueo. ¿Ven ustedes el patrón? Luego dirán que se sentaron a negociar de buena fe en febrero de este año y que la culpa de que se rompieran las negociaciones es del Gobierno, no de ellos y de su negativa a aceptar el nombramiento del juez José Ricardo De Prada, clave en la sentencia del caso Gürtel (oh casualidad).

España y los españoles no pueden ser rehén por más tiempo de este desvergonzado filibusterismo. El PP debe superar de una vez ese complejo de chiringuito que les domina (recordemos aquello de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros") y asumir que España es una de las mejores democracias del mundo, precisamente porque nuestras instituciones funcionan. Todas menos las que ellos bloquean.

Diputado del Parlamento Europeo por España.

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