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EL PERIÓDICO
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Del bloqueo del CGPJ a la antipolítica populista


Bloquear, bloquear, siempre han bloqueado los mismos. Porque es precisamente en base a estos largos periodos de interinidad, el actual de más de mil días, gracias a los que la derecha ha logrado copar la mayoría de las presidencias de las salas del T. Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a pesar de haber gobernado menos años.

A ello hay que sumar el hecho de que nuestro sistema electoral, teóricamente proporcional pero en la práctica mayoritario, ha favorecido que los gobiernos con mayorías amplias de la derecha tengan normalmente mayor facilidad para negociar y pactar la renovación de las instituciones.Por eso la derecha prefiere el bloqueo filibustero continuado, aunque sea a riesgo de la degradación de la institución, en este caso el CGPJ y del deterioro de su supuesto papel de partido de Estado y como alternativa responsable de gobierno, antes que cualquier renovación de las previstas en tiempo y forma en nuestra Constitución y en las leyes que la desarrollan.Para lograr este objetivo no han dudado en utilizar las escusas más contradictorias y más peregrinas para el bloqueo a lo largo de los años. Últimamente, la más socorrida ha sido el propio hecho de la existencia del gobierno de coalición, vetando que nadie de los comunistas de Unidas Podemos podía estar en la negociación ni entre las proouestas de un pacto de Estado sobre el órgano de gobierno de los jueces, aunque formase parte del gobierno y de los grupos parlamentarios entre los que se debe explorar el consenso para conseguir la mayoría cualificada, más tarde cuestionando la competencia del gobierno para el nombramiento de la fiscal General del Estado o vetando a alguno de los jueces propuestos por el PSOE por su papel en el caso Gürtel, además de si las reacciones críticas del gobierno bolivariano frente a las resoluciones de la justicia, si las reformas en marcha para impedir los nombramientos fuera del periodo de vigencia del órgano podían poner en cuestión los futuros fondos europeos o ya más recientemente con la que se podría considerar una enmienda de totalidad: exigiendo la reforma previa de la ley del CGPJ para que sean 'los jueces los que elijan a los jueces', y a raíz de las últimas declaraciones del ministro de la presidencia, el rechazo de su papel como interlocutor y la exigencia de su dimisión inmediata como cuestión previa. Es decir, o haces lo que yo digo, como yo lo digo y con quién yo digo o rompo la baraja.

La prueba es que, a pesar de las profundas diferencias entre las instituciones aún pendientes de renovación, ocurre lo mismo con el bloqueo del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo, en su mayoría de extracción parlamentaria, cosa que nadie hasta ahora ha puesto en cuestión. Esa es la demostración de que es el PP el que bloquea por su propio interés y para ello esgrime solo excusas. Trata con ello además de seguir deslegitimando el gobierno de coalición de la izquierda y para ello de bloquear el cumplimiento de los plazos para la renovación de las instituciones.

Nuestro sistema actual de elección del CGPJ, después de uno judicial y otro parlamentario, es mediante un procedimiento escabinado en base a una serie de propuestas de las asociaciones de jueces y a una elección parlamentaria, un sistema aprobado en una legislatura de gobierno en mayoría del PP, respondiendo con ello al aval y las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la exigencia del PP, en coincidencia con las asociaciones mayoritariamente conservadoras de los jueces, consistiría en volver atrás a la elección de doce miembros del CGPJ por parte de los propios jueces, lo que exigiría la reforma previa de la ley actual y un largo trámite parlamentario antes de que ésta entre en vigor y se pueda renovar el Consejo.

El argumento para la reforma del actual procedimiento de elección de los miembros del mencionado consejo es su supuesta politización, como consecuencia de la elección parlamentaria y sobre todo de la negociación previa para seleccionar los candidatos entre los propuestos por las asociaciones judiciales. Sin embargo, la politización es la esencia de cualquier órgano que tenga como función la acción de gobierno, sea ésta democrático partidista, corporativa o mixta. Al parecer solo estaría en cuestión la democrático partidista. Además, ni una ni otra fórmula conllevan una mayor o menor garantía de independencia, porque se puede ser independiente o no con cualquiera de las distintas formas de elección. El argumento de las correas de transmisión es cosa del siglo pasado y ya hace tiempo que no funcionan. Las asociaciones, como los sindicatos, tienen autonomía responden ante sí mismas y lo han demostrado. Sin embargo, los intereses, los compromisos y la mentalidad de bandería parece que no importan tanto. El opuesto contrapuesto de la Corte Suprema italiana tampoco ha sido un ejemplo de despolitización, sino otro modelo de politización diferente, ahora en proceso de reforma.

Es evidente el deterioro y degradación del funcionamiento de la renovación ante la opinión pública, tanto de la fórmula corporativa en la dinámica interna de las asociaciones, y asimismo de la partidista como consecuencia de la negociación de los candidatos entre los grupos mayoritarios, incluyendo incluso el nombre del presidente del Consejo como ocurrió recientemente con el juez Marchena, pero tiene más que ver con la inercia del funcionamiento bipartidista que con problemas inherentes al sistema. Por otra parte, el veto sugerido en algunos ambientes profesionales a los candidatos que tengan carnet, simpatía o tan solo ideas políticas, es simplemente inconstitucional.Tener ideas políticas en democracia no puede ser motivo de desprestigio profesional ni de veto para ejercer ningún cargo. Por otra parte, lo del prestigio en un órgano político de gobierno siempre es discutible y discutido. Lo que sí se debe objetivar son los criterios para la designación de los altos cargos de la Justicia por parte del futuro CGPJ. Ese es el verdadero problema.

Por otra parte, la acusación que atribuye la preocupación política casi obsesiva por las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo prejuzga la corrupción como patología exclusiva de la política y su control como el único interés de los partidos por nombrar a los componentes del órgano de gobierno de la justicia. Por desgracia, la corrupción es una lacra que trasciende la política y es mucho más compartida, si bien es más escandalosa entre quienes tienen atribuida la responsabilidad de gobierno y de gestionar los recursos públicos.

En esta pandemia hemos tenido la oportunidad de ver que la polarización y el populismo no son patrimonio de los partidos. Se ha puesto de manifiesto también en los medios de comunicación, en la sociedad civil y en las decisiones de los tribunales de justicia.

La desigualdad social en Europa, así como en los EEUU, ha sido el germen de la polarización política desde los años noventa, y ya en el contexto de la crisis financiera y las políticas de austeridad al inicio de esta última década, de las explosiones de indignación y del populismo.

El problema pues no es solo la polarización política y si acaso de los alineados medios de comunicación. La antipolítica y el populismo se tocan.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.