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EL PERIÓDICO
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La derogación de hecho del estado de alarma ante las pandemias


Esta opinion es honrada:

procure siempre acertarla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal, .

defendella, y no enmendalla.

Las “Mocedades del Cid”, de Guillén de Castro

Parece que después de la polémica sentencia sobre la primer estado de alarma del mes de Julio, la muy conservadora mayoría del Tribunal Constitucional prepara un nuevo informe que al parecer considerará también inconstitucional el segundo estado de alarma declarado por el parlamento a instancias del gobierno para hacer frente a las posteriores olas de la pandemia, desde el mes de Noviembre de 2020 a Mayo de 2021 por un periodo de vigencia de seis meses.

Con ello, las previsiones pesimistas del inicio de curso, relativas a bloqueo y el papel activo en la oposición política de algunas significativas instituciones contramayoritarias, se empezarían a cumplir, poco menos que de manera inexorable: Primero con la legitimación del bloqueo de la renovación del CGPJ y al tiempo con la deslegitimación del indulto del gobierno a los condenados del Procés, todo por parte de su actual presidente en funciones Sr Lesmes. Ahora toma el relevo del Tribunal Constitucional en la oposición a la gestión de la pandemia, a destiempo y de forma estrepitosa.

Las nuevas razones del TC cerrarían el círculo de las esgrimidas en la primera sentencia, que consideró inconstitucional la declaración de la Alarma debido al alto nivel de limitación de la movilidad del confinamiento domiciliario, extendiéndola ahora al plazo de seis meses considerado como excesivo, a su escaso control parlamentario y a la delegación de la gestión de las medidas restrictivas de derechos en los ejecutivos autonómicos de esta segunda declaración de alarma.

Aspectos todos ellos que pueden ser objeto de una valoración crítica, tanto política como jurídica, pero que no pueden desvincularse de la prioridad absoluta de contener la trasmisión del virus para evitar las infecciones graves, el colapso sanitario y la sobremortalidad en la evolución de una pandemia en condiciones de incertidumbre, así como de la distribución de competencias y la gestión con las CCAA en una materia compartida como es la salud pública, y en consecuencia de los mecanismos de control parlamentario de un Estado descentralizado en que además del Pleno del Parlamento, intervienen sus propias Comisiones de Sanidad, así como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la presencia del ministro y los consejeros del ramo, sin perjuicio de los mecanismos de control y dación de cuentas previstos en los respectivos parlamentos autonómicos.

De confirmarse finalmente está sentencia, asistiríamos a la derogación total por la vía de hecho de la ley reguladora del Estado de alarma en los previstos casos de pandemia y a la correspondiente confirmación del Estado de excepción como único instrumento para restringir derechos fundamentales, también en calamidades o pandemias y por razones de preservación de la vida y la salud pública. Un despropósito político y jurídico que no quiso en su momento el legislador y que a falta de la necesaria flexibilidad en su interpretación, obligará a cambiar la ley o en caso de no haber mayorías para ello, a mantener sucesivos estados de excepción en cadena para la gestión de futuras pandemias. Eso sí que supondrá un peligro para la salud pública y también para la preservación de los derechos y libertades democráticas.

De nuevo, como ya ocurriera con la restricción o anulación del derecho a la movilidad en el primer estado de alarma, el TC vuelve los viejos maniqueos, está vez en relación la gestión de las limitaciones o restricciones de derechos individuales por parte de los gobiernos en un estado descentralizado, sin posibilidad alguna de compartirla o delegarla en los gobiernos autonómicos en las sucesivas olas de la pandemia, como contempla la ley del estado de alarma con la siguiente redacción: "a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte solo a todo o parte del territorio de una comunidad".

Está falta de flexibilidad se produce también con respecto a las regulaciones de los plazos y el control parlamentario del segundo estado de alarma, a pesar de que la ley no precisa los plazos de las sucesivas prórrogas y de que es el Congreso quien establece los procedimientos de control parlamentario, que por otra parte se han producido en reuniones periódicas de la comisión de sanidad y en el propio pleno en el control semanal y a mitad de periodo de forma especifica.

Por otra parte, el alto tribunal ignora una vez más el carácter global de la epidemia así como la respuesta de los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que nos encontramos, que han sido muy similares en cuanto a plazos y control de las limitaciones, y elude en consecuencia su estudio y la valoración con criterios comparativos, así como las decisiones de sus tribunales homólogos en esta pandemia, entre los que el TC español es una vez más la excepción.

Con todo ello se cerraría la puerta, solo entreabierta parcialmente a partir de la segunda ola de la pandemia, para articular en el futuro una intervención más cooperativa y eficiente de las administraciones con competencias en materia de salud pública, hoy compartidas entre el gobierno central y los ejecutivos autonómicos. La ya famosa cogobernanza.

En definitiva, nos encontramos ante una interpretación dogmática de la Constitución, con la que el alto Tribunal confirmaría que no ejerce su papel genuino de control de constitucionalidad de las leyes y de tutela de los derechos fundamentales, limitándose sin embargo a la exégesis de textos, cuando no degradando su alta función en un instrumento más de oposición política de coyuntura, en manos de las posiciones más conservadores sino reaccionarias.

Un deterioro de la institución que se agrava aún más, no solo con su sesgada composición actual y el bloqueo de su renovación, algo que con el ruido del CGPJ ha pasado casi desapercibido, al que se suma la práctica de la imposición de las posiciones conservadoras de la mayoría, precisamente cuando más necesaria sería la búsqueda de aproximación de posiciones sino de consensos. Parece que los errores de la polémica sentencia del Estatut de Cataluña y del papel de garante del inmovilismo frente al huida hacia adelante del Procés, continúan y se agravan. Sostenella y no enmendalla.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.