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Vacunas: el derecho humano a la salud frente al afán de lucro


El gobierno, después de utilizar las bajadas de impuestos y de benéficas llamadas a la responsabilidad social de las compañías eléctricas, finalmente ha presentado un paquete de medidas para paliar la subida de los precios de la electricidad y el gas en el que incluye la intervención de un mercado regulado frente a los beneficios excesivos de las compañías con base en la subida de los precios del gas y la especulación del pago por las emisiones de CO2, adelantándose con ello a la ley que acaba con los llamados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares y de las hidroeléctricas. Asimismo el gobierno refuerza y amplía las medidas para evitar la pobreza energética de los hogares acogidos a la tarifa de último recurso y favorece nuevas subastas de suministro a las empresas. Todo ello para evitar el empobrecimiento de los consumidores finales en los hogares y garantizar la competitividad de las empresas españolas ante el abusivo incremento de precios.

Ante el paquete de medidas en que se redistribuye con los beneficios de las empresas energéticas una parte del esfuerzo por la contención de precios de la electricidad y el gas en España, las compañías afectadas han contestado con la amenaza de acciones judiciales e incluso con un rechazo furibundo, amenazando incluso con el cierre de la centrales nucleares. A pesar de ello el gobierno ha mantenido la prioridad del interés público, e incluso, a tenor de las últimas declaraciones, parece dichas medidas pudieran contar próximamente con el apoyo de la Comisión Europea y también con su aplicación en los próximos días por parte de otros gobiernos europeos, donde el problema del incremento desbocado de los precios de la electricidad viene siendo parecido.

Lo que uno se pregunta es si un problema, mucho más grave, como es el acaparamiento por unos pocos y el desabastecimiento de vacunas de la mayoría frente a la pandemia y sus nefastas consecuencias, de efectos dramáticos para la salud pública, al mantener un elevado saldo de morbimortalidad para la sociedad y en particular en los países empobrecidos, no merecerían con más razón un paquete de medidas urgentes similar, si no más contundente y generalizado, al que se ha puesto en marcha en España y puede desarrollarse en Europa frente a los desmesurados precios de la energía.

Sobre todo cuando el veinte por ciento de la población que vive en los países más ricos está acaparando más del ochenta por ciento de las vacunas y no parece que ni siquiera ahora, cuando éstos cuentan con un alto índice de vacunación vayan a empezar a compartirlas, sino que prefieren buscar excusas como la supuesta necesidad de terceras dosis, que carecen de evidencia científica y de recomendación alguna al efecto por parte de los organismos internacionales. Muy al contrario, todos los organismos internacionales de salud pública, incluida la OMS, el ECDC y más recientemente el CDC norteamericano han considerado que la prioridad es la aplicación de la primera dosis de la vacuna en los países empobrecidos, haciendo una angustiosa llamada a la moratoria de las terceras dosis en los países ricos. Porque la mejor tercera dosis es la primera dosis, mientras haya continentes como el africano que no llegan al diez por ciento de inmunizados y dentro de él haya países como Tanzania, Nigeria o Etiopía donde apenas se alcanza el 1% de población vacunada.

En este sentido, lo escandaloso no solo es el nacionalismo vacunal sino también el carácter obsceno del desmedido afán de lucro, ya que los beneficios de las empresas farmacéuticas productoras de la vacuna frente al sar_scov2, tan solo en el primer semestre de 2021 ascienden a más de venticuatro mil millones de euros, un 66% más que el semestre anterior. Unas cantidades muy superiores a lo invertido en la investigación y a la mejor espectativa de beneficios del mercado. Sin embargo éstas compañías mantienen su rechazo a suspender y compartir la sacrosanta propiedad intelectual, y con ello impiden la producción y distribución urgente y masiva de vacunas en el tercer mundo. Por si fuera poco, la Alianza People's Vaccine, afirma que las farmacéuticas que fabrican las vacunas de ARN mensajero contra el covid-19 pagan tan solo entre un 7 y un 15% de impuesto de sociedades a nivel global, mientras mantienen el monopolio en la producción e incluso duplican precios para ampliar sus ya enormes beneficios.

La consecuencia es que mientras el incremento de la vacunación y de la consiguiente inmunidad ha conseguido el logro de reducir drásticamente la gravedad y la mortalidad de la pandemia entre los vacunados, por el contrario tanto las nuevas variantes más transmisibles, como sobre todo la enfermedad grave y las muertes siguen cebándose fundamentalmente con los habitantes de los países subdesarrollados y en general con los sectores más pobres, vulnerables y sin acceso a la vacuna y a la atención sanitaria universal en todo el mundo, que han sido por otra parte los más afectados por los determinantes sociales de la transmisión y las patologías de riesgo de la enfermedad grave.

Es por eso que los efectos de la pandemia en los países empobrecidos siguen siendo a día de hoy escalofriantes. Por ejemplo en la India donde se calcula que en vez del casi medio millón de fallecidos comunicados, han muerto en realidad más de cuatro millones de personas como consecuencia de ella. Estos datos trasladados a los notificados en el mundo supondría que en vez de cinco millones de muertos provocados por la pandemia, en realidad el balance sería de al menos quince millones. Una catástrofe que sin embargo todavía estamos a tiempo de paliar mediante una vacunación urgente y masiva.

Resulta urgente, antes que nada, el cumplimiento de lo ya comprometido y a estas alturas todavía incumplido del programa COVAX con el objetivo de una inmunización global de al menos el treinta por ciento de cobertura vacunal en países de bajos ingresos antes de finalizar este año 2021, y para ello de poner a su disposición los dos mil millones de dosis comprometidas, de las que a penas se les ha facilitado una quinta parte. Pero para ello ya no basta con compartir el volumen de vacunas excedentes del primer mundo, cuando ni la distribución, ni la logística ni la administración de las vacunas puede estar garantizada en países con sistemas sanitarios débiles, inaccesibles o inexistentes. Es preciso asimismo acabar con las dilaciones de los organismos de comercio internacional y más en concreto de la OCDE en adoptar una decisión definitiva sobre la solicitud de un buen número de países de una urgente suspensión de las patentes.

Tampoco parece que la reacción a la suspensión de la propiedad intelectual, después de haber instado sin resultados a una producción compartida, vaya a provocar menor resistencia de las multinacionales farmacéuticas de la habida por parte de las compañías eléctricas españolas. La cuestión es que merece la pena, cuando llevamos año y medio y millones de muertos como consecuencia de la pandemia, sin que las compañías de vacunas hayan hecho nada por equilibrar sus principios de la propiedad intelectual y el afán de lucro ( de la libre competencia ni hablamos) con las necesidades de la inmunidad general frente a la pandemia y de la salud pública de la humanidad. La responsabilidad de los poderes públicos, tanto estatales como internacionales, es ponerlas a disposición de los que más las necesitan, independientemente de su capacidad de producción y de la renta de sus habitantes. Es una cuestión de derechos humanos. La gran mayoría lo creemos así y además no podemos esperar.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.