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EL PERIÓDICO
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Persiste la utilización política del poder judicial


En las dos últimas semanas se han ido produciendo noticias relacionadas con el Poder Judicial que refuerzan una idea que va calando en la opinión pública: que la derecha política y la derecha judicial, en santa alianza, están utilizando ese poder para alcanzar objetivos políticos que no podrían conseguir a través de procedimientos democráticos. Esos objetivos políticos son: para la derecha política, controlar el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores, tanto para obtener la confirmación judicial de algunas de sus políticas, como proteger al número creciente de eminentes militantes del Partido Popular que van siendo imputados por problemas de corrupción; para la derecha judicial, controlar el Consejo General del Poder Judicial es disponer de una plataforma para repartir los cargos judiciales, para que se perciba que afiliarse a las asociaciones conservadoras (que actúan como verdaderos sindicatos de clase) es rentable y también para cortar el paso al Gobierno y al Parlamento en la gestión del Poder Judicial; y ambas derechas, de consuno, para debilitar al Gobierno al que consideran ilegítimo.

¿Cómo han actuado ambas derechas durante los últimos días en la manipulación política del Poder Judicial al servicio de sus fines? Una primera noticia, que saltó en la prensa, ha sido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional revocando la del Juzgado de la misma Audiencia sobre el cese del Coronel Pérez de los Cobos como asesor en el Ministerio del Interior. Todos los juristas que leyeron la Sentencia del Juzgado advirtieron el error garrafal de declarar nulo el cese de un puesto de trabajo de libre designación, donde el cese es potestativo y discrecional de la autoridad que efectuó el nombramiento, conforme a la legislación de funciones civiles del Estado y conforme a la legislación de la Guardia Civil. Cualquier jurista mínimamente impuesto en ambos bloques de legislación lo sabe…, pero el Juez se inventó una legislación ad hoc para infligir un castigo al Gobierno, lo que ha paliado la Sala de la Audiencia Nacional. Siempre puede haber un Juez ignorante o atrabiliario, pero resulta que se van acumulando en los últimos tiempos decisiones judiciales de diverso tipo que de una forma u otra vienen a desautorizar al Gobierno o a las expresiones políticas progresistas.

Algunos otros ejemplos:

  • La imputación de la anterior Ministra de Asuntos Exteriores y de su Director de Gabinete por la llegada a España del Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (que para más inri tiene la nacionalidad española).
  • El intento de hipotecar una aeronave de la línea aérea Plus Ultra para garantizar la devolución del rescate acordado por el Gobierno… cuando la nave no es propiedad de la compañía aérea.
  • La imputación de un Director General del Ministerio de la Presidencia por la denuncia de un particular… vinculado a la extrema derecha.
  • El procesamiento de agentes de la Policía Nacional por irrumpir en una vivienda del barrio de Salamanca de Madrid para interrumpir una fiesta en medio del Covid-19.
  • El desestimar la denuncia contra carteles de Vox por racismo y xenofobia.

Da la sensación de que, si bien el grueso de los miembros del Poder Judicial actúan como funcionarios responsables y respetuosos con el ordenamiento, hay una minoría belicosa de Jueces que actúan como francotiradores y aprovechan cualquier ocasión (es decir, cualquier denuncia al amparo de la acusación popular) para entorpecer la acción del Gobierno. Eso sí que es utilización política del Poder Judicial y no el muy legítimo procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Otro asunto que denota también cierta manipulación política del Poder Judicial son las dos entrevistas que sostuvo el 21 de septiembre el Comisario de Justicia, Didier Reynders con las asociaciones judiciales españolas. Llama la atención que estas asociaciones, al igual que Casado y los independentistas catalanes, vean en el nivel internacional o comunitario la instancia que puede resolver los problemas españoles. Es un reflejo colonialista, de acudir a la metrópoli para que resuelva los problemas de la colonia. No es procedente que estas asociaciones acudan a “chivarse” a Bruselas para que el Comisario de turno tire de las orejas a las autoridades o a los partidos españoles. Y todavía es menos procedente que las tres asociaciones conservadoras pidan a Bruselas que se modifique una legislación legítima y constitucional.

Estamos ante un intento muy serio de desestabilización de la democracia española.

Desestabilización en tres sentidos:

  • Utilizando francotiradores para que, al socaire de la acusación popular, anulen actos políticos y administrativos del Gobierno legítimo, con el consiguiente desprestigio de este órgano y del propio Estado.
  • Imponer torticeramente opciones políticas que los partidos conservadores no pueden imponer en el Parlamento; opciones que no son inocuas, porque pretenden proteger penalmente a dirigentes del Partido Popular.
  • Imponer un Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional del Estado, independiente de los demás órganos estatales, para que gestione la Justicia sin control político externo. Es muy, muy grave que se intente configurar un órgano estatal gestionado por sus propios funcionarios sin participación de otros órganos representativos, cuando esos funcionarios dictan decisiones que afectan a los intereses del resto de los españoles. A fortiori, cuando la Constitución se refiere al órgano de gobierno del Poder Judicial, no al órgano de autogobierno, que es lo que pretende el Partido Popular y las asociaciones judiciales.

Esta es la verdadera politización del Poder Judicial, no la democrática participación parlamentaria en la elección de su órgano de gobierno. No ha de extrañar por ello que el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (y Magistrado de profesión) declare en La Razón que la mayoría de los miembros del Poder Judicial apoya al Partido Popular. Y en la euforia por asegurar esa alianza, el Partido Popular quisiera invitar a las asociaciones judiciales a un acto del partido en Valencia. Menuda trampa de la que han tenido que escaparse las asociaciones. Pero nada de esto es politizar el Poder Judicial.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.