En Catalunya tiene más valor el voto rural que el urbano. Por una ley electoral catalana respetuosa con la democracia

El origen de tan llamativa carencia hay que buscarlo en un pacto de mutuo interés entre la derecha española (UCD de Suárez) y la derecha nacionalista catalana (CDC de Pujol) subscrito a finales de los años setenta, cuyo objetivo era frenar a las izquierdas catalanas (PSC y PSUC), que habían ganado claramente en Catalunya las primeras elecciones generales democráticas (en 1977) y las primeras municipales (en 1979), evitando que pudieran gobernar tras las primeras elecciones autonómicas catalanas, celebradas en 1980.

Catalunya se quedó pues sin ley electoral, y hubo que tejer un remedo con retales diversos incorporados sucesivamente a un verdadero Frankenstein legal, que ha llegado hasta hoy. Así, la legislación electoral en Catalunya está compuesta por la Constitución española de 1978, la ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006. Al carecer de ley electoral propia, Catalunya se rige en funciones por una disposición transitoria aprobada en 1977 por el gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, refrendada como tal el 18 de diciembre de 1979, hace ya 40 años, y también en 2006.

En esencia, el reparto territorial de escaños favorece de modo descarado a las provincias catalanas menos pobladas, en claro detrimento de Barcelona, la provincia más poblada con mucho. El electorado de esas provincias beneficiadas ꟷrural, conservador, católico y nacionalista catalánꟷ ha sido y es imprescindible para que el nacionalismo pujolista primero y ahora el postpujolista, mantengan su hegemonía en el Parlamento catalán. Y es que, con un número de votos populares relativamente pequeño, Lleida y Girona eligen un número de diputados desproporcionado: un voto de la provincia de Girona vale por el de dos y medio votantes de la provincia de Barcelona, y uno emitido en la de Lleida vale por el de tres votantes y medio de la provincia barcelonesa.

Esta estafa electoral ꟷno tiene otro nombreꟷ, que escarnece el principio universal “un ciudadano, un voto”, resulta de todos modos casi democrática comparada con la ley electoral de Euskadi, que asigna por igual 25 escaños autonómicos a cada una de las tres provincias vascas, sin tener en cuenta las diferencias de población entre ellas. Otro apaño pactado en su día, éste por Suárez y Arzalluz, que pretendía dejar Gipuzkoa y la margen derecha de Biskaia para el PNV, y Álava y la margen izquierda vizcaína para la derecha española, con la idea de laminar a un PSOE históricamente fuerte en Gipuzkoa y la margen izquierda vizcaína. A la corta y a la larga el gran beneficiado del enjuague fue, evidentemente, el PNV en todas partes, y secundariamente, las sucesivas franquicias de ETA en Gipuzkoa; UCD y después el PP, hubieron de conformarse con las migajas alavesas.

En Catalunya, en tiempos del Tripartito de izquierdas formado por PSC, ICV y ERC, que presidieron primero Pasqual Maragall y después José Montilla, se hizo algún tímido intento de poner en discusión la necesidad de disponer de una ley electoral catalana. La iniciativa chocó en el interior del propio Gobierno de la Generalitat con la oposición del tercer socio, ERC, entonces nada interesada en esa ley por su condición de fuerza con escasa presencia en el Área Metropolitana barcelonesa (5’5 millones de habitantes, de los 7’5 millones de catalanes), dependiente por tanto del electorado de la Catalunya profunda, que en buena medida compartía ꟷy se disputabaꟷ con la coalición pujolista CiU.

El retorno de los pujolistas al Gobierno catalán enterró definitivamente cualquier asomo de propuesta de una ley electoral propia. Posteriormente, la crisis del nacionalismo catalán (con el estallido de CiU, la crisis económica y social de 2008, la “revuelta roja” del 15-M, y finalmente, la activación del Procés independentista), aparcó definitivamente durante años toda iniciativa tendente a la redacción de una ley electoral catalana.

En la legislatura presente, sin embargo, podría echar a andar una iniciativa en ese sentido. Al parecer, ERC está interesada ahora en poner en marcha una ponencia que prepare ese proyecto de ley. El partido del presidente Pere Aragonès ya habría sondeado a los demás partidos del Parlamento catalán, con la excepción de Vox. El PSC y los Comuns serían receptivos a la idea.

Para entender por qué ERC quiere una ley electoral catalana después de tantos años de boicotearla, basta con echar una mirada a los últimos resultados electorales de esta formación política. En los últimos años, ERC ha devenido progresivamente una fuerza con voto más urbano, con amplia presencia en municipios medianos e incluso en algunos grandes (en Barcelona ciudad se disputa la primera plaza con el PSC en las generales y autonómicas, y con Comuns en las municipales). Sigue fracasando en su intento de conquistar el primer puesto en las grandes ciudades del Área Metropolitana barcelonesa (como les ha ocurrido siempre a todos los partidos nacionalistas), pero en casi todas ellas fue segunda fuerza en votos en las últimas elecciones autonómicas, por delante de JuntsxCat y de los Comuns.

Se trata pues de un cambio de actitud significativo, aunque evidentemente nacido del interés electoral propio: a ERC le interesa ahora dar más peso al voto urbano. En anteriores legislaturas arrumbaron los intentos hechos por los socialistas para elaborar una ley en ese sentido, pero ahora quieren consolidar sus avances urbanos y segar la nutrida representación rural que tiene JuntsxCat, formación política con quien ERC ha empezado a disputarse a cara de perro el voto independentista.

Desde Vox ya se han manifestado con su dureza acostumbrada en contra de la creación de la ponencia. Se trata en realidad de una pura gesticulación dirigida a su público (recordemos que no les han invitado a participar en los trabajos previos), pero lo cierto es que al partido fascista le interesa también una mejora en la representación en escaños del voto urbano, pues es en las grandes ciudades donde obtienen sus mejores resultados. Ciudadanos y el PP, por su parte, todavía no se han pronunciado, lo que en el caso del partido de Arrimadas no es extraño, dada su situación agónica en Catalunya y en toda España. El PP, como en tantos otros asuntos catalanes, seguramente espera a conocer la postura definitiva de los socialistas para, sea cual sea, denunciarla de inmediato como vendida a quienes rompen España.

Tampoco se ha pronunciado JuntsxCat, y éste sí es un silencio de mayor relevancia, al menos en el espacio del independentismo. Los apoyos electorales de la derecha nacionalista postpujolista se ven, elección tras elección, progresivamente constreñidos a los procedentes de personas mayores residentes en poblaciones pequeñas situadas en las comarcas agrícolas del interior del país, con una presencia cada vez menor en las grandes ciudades y entre los jóvenes y profesionales. En defender la sobrerrepresentación política de la Catalunya profunda le va a JuntsxCat su propia supervivencia política.

Quizá en los próximos meses veamos arrancar la ponencia sobre la ley electoral, tal vez como un fruto colateral de la Mesa de diálogo. Quizá.