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El precio de la luz: valentía y miseria


El 14 de septiembre el Gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para mitigar el impacto en el recibo de la luz del precio de la electricidad, fijado por el mercado mayorista. Las reacciones de la oposición, tildando de chapuza y de parche dicho decreto, expresan una vez más el estado de indigencia política en que se han instalado estos partidos.

El decreto se añade a la reducción del IVA y a la supresión temporal del impuesto de generación, que habían sido aprobados unas semanas antes, y toca varios aspectos:

  • La creación de un suministro mínimo vital
  • La reducción del 5,1% al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad
  • La obligación a las grandes empresas generadoras de ofertar mediante subastas la contratación a largo plazo de una parte de su producción
  • La obligación a las tecnologías no emisoras de devolver una parte de los beneficios sobrevenidos como consecuencia de la alta cotización del gas
  • La fijación cada mes de caudales mínimos y máximos a los embalses de explotación hidroeléctrica, de forma que las empresas concesionarias no puedan desembalsar agua a su voluntad con el único objetivo de maximizar sus beneficios

La primera medida persigue la protección de los consumidores vulnerables y que no se les pueda privar de un suministro mínimo durante un periodo máximo de seis meses; la segunda, se añade a las anteriores rebajas impositivas e incide directamente en la disminución del recibo de la luz; la tercera, persigue achicar la cantidad de consumidores afectados por las oscilaciones del mercado mayorista, de forma que tengan garantizado un precio estable durante varios años; y, la quinta, pretende acabar con la vergonzosa especulación que han realizado las empresas, ofertando energía hidroeléctrica —prácticamente, de coste cero— a precios por encima de los 100 euros el MWH. Como explicamos en un artículo anterior (https://fundacionsistema.com/a-vueltas-con-el-precio-de-la-electricidad/), el mercado mayorista retribuye por igual todas las tecnologías de la subasta al precio de la más cara, que suele ser una central de gas. A veces ha sucedido, que la última tecnología subastada ha sido una central hidroeléctrica pero, si esta no hubiera sido ofertada, hubiera entrado en su lugar una de gas. Las compañías han aprovechado esta circunstancia para vender la energía hidroeléctrica a un precio muy próximo al del gas.

La cuarta medida es la más controvertida y, en mi opinión, la más valiente. Pretende que las empresas devuelvan el exceso de beneficios obtenido como consecuencia de los altos precios del gas y aplicar esos beneficios a pagar los costes fijos del recibo —distintos peajes y primas producto de cargas contraídas en el pasado—, disminuyendo de este modo su cuantía final.

A estos beneficios extra se les denomina a veces caídos del cielo porque no responden a ningún coste real soportado por las empresas y no fueron contemplados en los cálculos de amortización hechos cuando se realizaron las inversiones de esas centrales no emisoras —nucleares, hidroeléctricas y las primeras eólicas—. En realidad, sería más adecuado llamarles apropiación indebida de rentas, porque son rentas extraídas de los consumidores y de las empresas, que ven aumentado artificialmente el precio de la energía sin que ello responda a un aumento de los costes reales de la misma.

Las empresas generadoras y los bancos de inversión ya han amenazado con emprender acciones legales contra el decreto, alegando inseguridad jurídica y disminución de rentabilidad. Incluso han amenazado con cerrar anticipadamente las centrales nucleares, lo que provocaría un colapso del suministro eléctrico. Suponemos al Gobierno suficientemente pertrechado de razones y recursos legales para hacer frente al desafío de las empresas. La parte positiva de este revuelo es que sacará a la luz un debate largamente postergado y que los ciudadanos conocerán las cifras reales de los costes y beneficios del oligopolio eléctrico. Comprobarán entonces que este ha venido lucrándose en exceso durante los dos últimos decenios a costa de que los consumidores hemos soportado unos precios de la energía de los más altos de Europa.

Ante la emergencia de la subida desorbitada de la electricidad en el mercado mayorista durante los meses de agosto y septiembre, una oposición responsable debería haber reaccionado con una batería de propuestas dirigidas a paliar los efectos de la misma en el recibo. No debe olvidarse que el precio de la energía se fija en un mercado supuestamente competitivo y que los gobiernos no tienen autorizado intervenir dichos precios. Las actuaciones han de ser, pues, necesariamente indirectas. En lugar de propuestas, el Partido Popular y Ciudadanos se han dedicado en el Congreso a acusar al Gobierno de la subida de precios —¿sabrán que vivimos en un sistema capitalista?— y a tildar de chapuzas y parches sus medidas, apenas salió el decreto a la luz.

Con posterioridad, el señor Casado ha hecho una propuesta consistente en sacar del recibo todos los costes regulados, y parte de los impuestos, y cargarlos a los Presupuestos del Estado. Es decir que, en lugar de pagar la luz en el recibo, propone que la paguemos en forma de impuestos, que es de donde salen los Presupuestos. Todo menos tocar los sacrosantos beneficios de las empresas, aunque una buena parte de estos sean una evidente apropiación de rentas.

Ciudadanos ni siquiera ha tenido a bien hacer una propuesta. Deben de considerar que con criticar al Gobierno ya han cumplido su misión.

La regulación del sistema eléctrico es algo muy complejo que tiene numerosas restricciones provenientes, por un lado, de la Unión Europea y, por otro, de compromisos contraídos en el pasado que no se pueden cambiar arbitrariamente —como sí hizo el señor Rajoy con las primas de las renovables—. La comisión aprobada en el Congreso para estudiar propuestas de reforma de dicho sistema es el lugar apropiado para que todos los partidos se retraten y nos den a conocer sus ideas sobre el particular, si es que las tienen.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.

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