Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

Presión permanente a los jueces


Para ser justos, es preciso señalar que los jueces españoles están siendo sometidos a una presión implacable. La obsesión de determinados dirigentes políticos por judicializar la política que ellos mismos son incapaces de imaginar y de aplicar, convierte al estamento judicial en una especie de pim pam pum: obligado a la fuerza a atender a los caprichos de aquellos políticos instalados en el No a Todo, el no a la política incluida.

Claro que algunos miembros del estamento parecen asumir sin rechistar tal carga, en la presumible creencia en que ello fortificará su ascendiente social y su poder corporativo. Desconocen que hay aquí un deterioro real de la imagen de la justicia. Esta erosión es fruto del estrés inducido que soportan. Pero se ve acentuada por un cúmulo de desaciertos propios que contraviene la lógica social más elemental.

Veamos algunos ejemplos. Primero: ¿cómo que era ilegal e inconstitucional no solo decretar el estado de alarma sino también el cierre temporal del Congreso durante una pandemia asesina, cuando la alternativa era la muerte de miles de personas y el propio Tribunal Constitucional se sometió a restricciones semejantes? La autodefensa social que implicaba la protección de la vida de la ciudadanía y las de los representantes parlamentarios del pueblo soberano era, es y será una prioridad que un poder del Estado como el Judicial no puede desatender en ningún caso. Atender a quienes plantearon la demanda fue un error que recae sobre el órgano judicial que la tramitó y sentenció.

Segundo: ¿cómo que es ahora constitucional la prisión perpetua revisable – en plata, cadena perpetua, - la misma que impide al ser humano que ha incurrido en conducta criminal enmendarla y reinsertarse en la sociedad a la que tan gravemente dañó? ¿Ha de devolver el Estado la crueldad recibida de quien a ha sido cruel o bien, la estatura ética de ese mismo Estado le confiere la capacidad moral de admitir y promover que el ser humano sea y es capaz de abandonar sus errores criminales y regresar a la sociedad de la que desertó?

Tercero: ¿cómo es que se admite a trámite el procesamiento contra una ministra de Asuntos Exteriores de la potencia administradora del Sahara, que decide acoger por razones humanitarias a un dirigente político de la ex provincia española gravemente enfermo, a petición de un país tan crucial aliado como Argelia? Hasta el más incauto de los mortales se plantearía que las acusaciones contra Ibrahim Ghali pueden haber sido cocinadas por los servicios secretos de Rabat; por si no fuera suficiente la acusación de genocida –a un combatiente por la independencia de su país ocupado militarmente por Marruecos- surge la imputación de supuesta violación a una mujer marroquí, lo que faltaba para completar el cuadro necesario para que Marruecos pueda volver a pavonearse de que dicta la agenda de la política exterior española. ¿La idea de soberanía nacional cuenta algo en este caso para políticos españoles que aleccionan e inducen tal procesamiento con tal de perjudicar como sea –felonías incluidas- al legítimo Gobierno de España?

Según anuncia el actual dirigente del principal partido de la oposición, se propone acudir a los tribunales con la intención de tumbar una nueva y esperanzadora legislación de la Vivienda. Si se leyera la ley, como es su obligación, sabría que este propósito normativo se plantea contribuir a paliar el gravísimo problema habitacional que afecta a millones de jóvenes españoles y que retrasa hasta la larga treintena de su edad su emancipación de los tan onerosamente gravados hogares paternos y maternos. ¿Habrá criterio, dentro del tribunal sobre el que recaiga tal tarea, para archivar en su día tan asocial estupidez o bien, prevalecerá la sempiterna primacía del procedimiento que consiste en admitir a trámite cualquier ocurrencia del petimetre político de turno?

Algo anda mal, muy mal, en la Justicia española: si hasta un pequeño tribunal alemán –más otros cuantos de mayor rango de otros países como Bélgica e Italia- señalan improcedencia de los cargos atribuidos y que no ha lugar la extradición del dirigente independentista catalán, aforado europeo, ¿no hay nadie en el universo judicial español que se percate de que ha de revisarse lo hasta ahora actuado y variar, repensar, esperar o abandonar ese erróneo procedimiento? Tal empeño en “mantenella y no enmendalla” solo da más alas a quienes han de saber que la independencia de Cataluña es una quimera, cuya inviabilidad no solo va a generar frustración en quienes la sustentan, sino que va a tensionar la realidad política española, procurando pretextos al nacional-populismo trumpista y a otras formas de autoritarismo preconstitucional que afloran ya, sin rubor, en algunos programas de la derecha más descentrada.

Si intentamos hallar un hilo conductor a los casos expuestos en forma de preguntas, vamos a llegar a una conclusión primero compleja pero, a la postre, diáfana: con la sorprendente anuencia de muchos jueces, el Consejo General del Poder Judicial permanece ominosa e inconstitucionalmente bloqueado. El mentor del bloqueo es el mismo dirigente político cuya obsesión por llegar como sea a La Moncloa estresa al propio órgano de los jueces. ¿A qué espera su presidente para dimitir? Por ende, la autonomía judicial se ve así muy menoscabada. De este modo, no se percibe que una parte importante del mundo de las togas dé ejemplo. Esa falta de ejemplaridad, en clave corporativa, desacredita a la Justicia, que necesita acreditarse ejemplarmente para, a su vez, dar crédito a sus sentencias. ¿No hay nadie en el mundo de la judicatura capaz de percatarse de este silogismo evidente?

Hay que responder que sí. Sí, hay jueces con lucidez suficiente para reparar en ello; pero parece tratarse de una minoría, pese a que su característica principal, a juicio de muchos demócratas, es su condición probada de ser asimismo demócratas y de no seguir conducta corporativista alguna: la Justicia no está hecha para sí misma ni para los jueces, sino para la sociedad. Ese núcleo de jueces demócratas se caracteriza por tener la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de la importancia, la trascendencia y la responsabilidad social de las decisiones que adopten. Y sabe también que el nivel de desaciertos acumulados por recientes sentencias aleja a los ciudadanos de la afección a la justicia y del respeto a una legalidad que ven incumplida por algunos de sus servidores.

Cuestión de Estado

Pero aún hay más. La Justicia es sustancialmente una cuestión de Estado. Por varias razones. La continuidad del Estado necesita de una legalidad, de un conjunto de leyes que regulen la convivencia; y de una legitimidad, esto es, una convicción social de que las leyes aplicadas merecen ser observadas. La Justicia ha de ser garante del equilibrio entre legalidad y legitimidad, así como administradora –que no propietaria- de la moral pública. Estos son intereses primordiales del Estado. Y ello pese a que algunos hombres de leyes escurran el bulto y digan que lo único que les concierne a ellos es aplicar las normas elaboradas por otros. Incierto: ellos las interpretan también. Pero la determinación de los intereses del Estado corresponde, además, a otros poderes, como el Ejecutivo y el Parlamento. Los problemas surgen cuando, en vez de coordinarse, sobrevienen distorsiones corporativas que fragmentan la necesaria unicidad del criterio estatal y cada poder, manga por hombro, emite en una longitud de onda distinta, desconcertando así al ciudadano de a pie. En estas distorsiones, el Poder Judicial suele ser el más imprevisible. El antídoto a esta desunión es sencillo: democracia y Constitución, con la mirada puesta en la sociedad.

Decisiones judiciales como las citadas antes hacen plantearse a gentes de buena fe que algunas sentencias del Tribunal Constitucional parecieran corresponder a estados de opinión e ideologías preconstitucionales. ¿Por qué piensan eso tales gentes? Porque nadie en su sano juicio es capaz de entender qué criterio ha seguido un tribunal que antepone el procedimiento, la forma, la letra de la norma, por encima de apremios tan vitales como la necesidad de aplicar un estado de alarma ante una pandemia asesina o la exigencia de defender la integridad de los representantes electos del pueblo con un cierre temporal del Congreso.

Reconciliar Justicia y ciudadanía

Urge reconciliar a la Justicia con la ciudadanía. Por parte nuestra, los ciudadanos de a pie debemos estar dispuestos a admitir el fuego graneado bajo el que viven y sufren los jueces españoles. Sea. Es de justicia admitirlo. Mas, por parte suya, les cabe mostrar empatía con una sociedad tan atribulada, hoy, como la española, que lleva una racha de desastres naturales sin precedentes: pandemia criminal; nevadas gigantes; inundaciones inéditas; volcanes en erupción; pobreza rampante…Y todo ello mientras la ambición de un mero puñado de irresponsables, con o sin faldas, impide al primer Gobierno de coalición de la historia reciente concentrar energías y recabar su apoyo para encarar juntos tantos y tan adversos retos.

Hay que repetir que el decoro estatal frente a la corrupción del anterior Gobierno y precedentes, que tanto daño hizo hasta lograr desequilibrar la ecuación entre legalidad y legitimidad, impide a esa oposición volver a gobernar mientras no culmine su travesía del desierto. Pero, con recetas preconstitucionales, punitivas y represivas como las que ahora agita, con su pretensión de reventar todas las leyes de protección social tan trabajosamente elaboradas -desde el salario mínimo, SMI, hasta las que se proponen parar los pies a las oligárquicas compañías eléctricas- esa travesía se prolongará durante mucho, mucho, más tiempo.

Napoleón, evocando a Maquiavelo, decía que cuando tu enemigo se esté ahorcando, no le distraigas. La dirigencia de la oposición se encuentra, al parecer sin saberlo, en un trance simbólico suicida: liderazgo en cuestión; ideario preconstitucional; conductas parlamentarias antidemocráticas; propuestas antisociales, antifeministas y antiecológicas; ausencia de ideas; rencor a espuertas, mímesis con las consignas más retrógradas de sus rivales más dañinos; guiños amistosos al monarca alauí… Lo grave no es que tal o cual dirigente se ahorque (simbólicamente, claro), sino que su obstinación conduzca a sus votantes hacia el callejón sin salida del escepticismo político o del extremismo irracional, en el origen, ambos, de tantas tribulaciones en un país de pasiones como el nuestro.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.

Periodismo riguroso y con valores sociales
El periodismo independiente necesita el apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que los contenidos incómodos que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy con tu apoyo, seguiremos trabajando por un periodismo libre de censuras!
Slider