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Vergüenzas de un mundo desbocado


Según el informe Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, de la OIT y UNICEF[1], publicado en junio pasado 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, con un aumento de 8,4 millones desde 2016. Además, varios millones de niños más están, en estos momentos, en situación de riesgo a consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Los niños han desempeñado numerosas actividades laborales a lo largo de la historia, fundamentalmente, ayudando a sus familias en las tareas del hogar y del campo. Con la emergencia de la sociedad industrial, los más pequeños se emplearon en las fábricas de incipiente creación, bajo las peores condiciones laborales como mano de obra barata y versátil. Todavía, hoy, el trabajo infantil es un hecho. Está asociado con la pobreza más severa en la que vive buena parte de humanidad. Una realidad vergonzante, si consideramos que hemos sido capaces, en menos de un año, de producir vacunas contra un virus letal, que está salvando de la muerte a millones de personas, privativamente en el mundo más desarrollado. No en vano mientras que en Europa el 50,3% de la población ha recibido la pauta completa de las vacunas autorizadas, en África tan solo el 4,3%. Lo que ha sucedido con la distribución de las vacunas es un fiel reflejo de las profundas desigualdades sociales en las que nos desenvolvemos y tiene su paralelismo en que la mayoría viven en las regiones del mundo más empobrecidas: África subsahariana, Asia, Pacífico, América Latina y el Caribe.

La OIT en la Convención nº 138 sobre Edad Mínima Laboral, del año 1973, la estableció en 15 años: entre los 12 y 13 para los trabajos ligeros y en 18 para los más peligrosos. Sin embargo, muchos conllevan explotación tal como ha detallado Save the Children. Para esta organización 7 son, en nuestros días, sus variantes: 1) la trata infantil, a resultas de una cada vez mayor demanda de mano de obra barata (se calcula que mueve 23 millones y medio de euros al año); 2) la sexual, mayoritariamente de niñas, obligadas a prostituirse o a ser utilizadas por la industria pornográfica y el turismo sexual (1,8 millones de niños); 3) los niños soldados (300.000 niños y niñas menores de 15 años); 4) los matrimonios infantiles(se anticipa que durante la próxima década 100 millones de niñas se verán forzadas a casarse antes de cumplir los 18 años); 5) el trabajo infantil forzoso por endeudamiento, en donde los infantes son obligados a trabajar hasta pagar a su patrón la deuda que le deben; 6) el trabajo forzoso en las minas y/o en la agricultura, con una cifra, en el primer caso, que supera el 1.200.000 chiquillos entre Àfrica occidental, Asia y Sudamérica y alcanza a 132 millones de menores de 15 años en el segundo caso, 7) la esclavitud doméstica de más de 40 millones de pequeños que son empleados domésticos, en buena parte de los casos en términos de semi-esclavitud.

Como comprobamos se incluye un abanico de actividades variadas: desde formas de explotación directa, cuando el trabajo es abusivo, peligroso o dañino para el bienestar de los implicados e impide su escolarización y crecimiento personal; a otras tareas que se entiende no ponen en riesgo su bienestar y no interfieren tampoco en su escolarización (por ejemplo, el trabajo vacacional, ayuda coyuntural a sus familias en tareas del campo, etc).

El 2021 es el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, una iniciativa aprobada en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya finalidad es instar a los gobiernos a que acometan cuantas medidas sean preceptivas para alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) que plantea la obligatoriedad de «Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».

En las últimas dos décadas se avanzó notablemente en este campo, pues en torno a 100 millones de niños dejaron de trabajar, bajaron los casos registrados desde los 246 millones en 2000 a los 152 millones en 2016, si bien, como hemos indicado desde 2016 la subida ha sido notable. Los logros por regiones han sido dispares. Prácticamente la mitad de los casos se registran en África (72 millones), le siguen Asia y el Pacífico (62 millones). El 70% trabajan en el sector agrícola o ganadero y en tareas de subsistencia o comerciales. Y la mitad de ellos asumen trabajos peligrosos, o que conllevan riesgos para su salud o sus propias vidas.

La crisis de la COVID-19 ha supuesto un agravamiento de la pobreza para estos crios y sus familias y podría revertir algunos de los logros culminados. El cierre de escuelas agravó sus circunstancias, pues se vieron en la obligación de trabajar para ayudar a sus familias. Además, la pandemia ha traído mayor vulnerabilidad frente a la explotación por razones de mera supervivencia.

En 2022 se ha previsto la celebración de la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil que se ha propuesto acabar con todas las formas de explotación infantil para 2025 y dar fin al trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud de nuestro siglo en el año 2030.

¿Qué hacer, concretamente, frente a esta realidad que es un problema de ética mundial y que, a pesar de los avances experimentados en los últimos años, no parece vaya a desaparecer?, ¿cómo acometerlo tras la vivencia a escala planetaria de la pandemia de la COVID-19? ¿cómo conjugar su erradicación con las reivindicaciones de la Red de Movimientos de Niños y Adolescentes Trabajadores (NAT), cuya finalidad “es contribuir al protagonismo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores para, de esta forma, garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como para mejorar su calidad de vida e incidir en las políticas públicas. Desde estos movimientos se lucha contra la explotación y las condiciones de riesgo, que sufren en el trabajo algunos niños, niñas y adolescentes, y a su vez, se reconoce el derecho y se valora el trabajo que se ejerce en condiciones adecuadas, que contribuya al aprendizaje, la socialización y el desarrollo personal”[2].

Estimo sólo será posible si se avanza en una reducción drástica de la pobreza a nivel planetario, y para ello cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible es la mejor senda para atajar esta problemática, máxime en un periodo pandémico de tanta complejidad. Desde una perspectiva paliativa, deberían crearse sistemas de protección social que apoyen a las familias de estos chavales, garantizando a los padres/madres el acceso a trabajos dignos y decentes, al tiempo que es prioritario se incorporen plenamente a las escuelas y, en general, que se apliquen en todo el mundo las leyes de protección a la infancia. 

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[1] OIT, Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, junio 2021. Véase, https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_797515/lang–en/index.htm.

[2] Véase, https://enclavedeevaluacion.com/pronatsesp/

 

Nacida en Ingolstadt Donau (Alemania). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática de Sociología de la UNED. Es autora de un centenar de publicaciones sobre los impactos sociales de la Biotecnología, exclusión social, personas “sin hogar”, familia, juventud, inmigración, etc.

Es miembro y secretaria del equipo de investigación del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación. Es evaluadora habitual de revistas de Ciencias Sociales españolas e internacionales.

Desempeña tareas de gestión en la UNED desde el año 1996. Ha sido secretaria del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) y subdirectora del mismo. Asimismo, coordinadora del Máster en Problemas Sociales y del Programa de Doctorado en Análisis de los Problemas Sociales de la UNED.

En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido coordinadora y evaluadora de becas dentro del Área científica Ciencias Sociales.

Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1997-2010), vocal de la Comisión de Bioética de la UNED y Vocal Titular del Foro Local de “Personas sin Hogar” del Ayuntamiento de Madrid.

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