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No dejemos que la derecha use la pandemia para acabar con la atención primaria


© Fito Vázquez © Fito Vázquez

El deterioro de la atención primaria que ya ocurría años antes de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 por los recortes y privatizaciones impuestos para responder a la crisis económica de 2008, se ha agravado ahora por la desidia de los gobiernos autonómicos de la derecha y sus planes para favorecer a las grandes compañías que gestionan los seguros médicos privados. La saturación de los centros de salud por el exceso de actividad y las medidas de protección contra la pandemia son, al tiempo, efecto y causa de los planes premeditados que buscan imponernos.

A la falta de profesionales que provoca la reducción de plantillas se le suma una situación de emergencia que no debe servir de coartada para que limiten el acceso de pacientes a los centros de salud más próximos y a la atención sanitaria pública en general.

De lo que se trata es de no permitir que se salgan con la suya quienes, desde la derecha, tienen muy bien planeado devaluar la atención primaria como la mejor y más directa forma de ‘vender’ la necesidad de acudir a la sanidad privada

La progresiva degradación de la atención primaria no es debida al abuso en la asistencia a los centros de salud de ‘enfermos imaginarios’, como han querido hacernos creer en algunos casos, sino a una financiación insuficiente y, en muchos casos, a una pésima gestión de los recursos.

Gobiernos autonómicos de la derecha como los de Andalucía, Murcia y, muy especialmente, Madrid, quieren mantener las restricciones que limitan la atención directa al paciente, con una actividad presencial disminuida drásticamente frente a otras como la consulta telefónica, el correo electrónico o la telemedicina. Sólo un ejemplo: a comienzos de octubre el Ejecutivo madrileño del PP de Isabel Díaz Ayuso presentó su plan para la atención primaria. Dicen que se van a gastar 200 millones de euros, pero eso no cubrirá ni de lejos el agujero de personal de los centros de salud: frente al anuncio a bombo y platillo de que contratarán 264 médicos de familia en dos años, ocultan que el próximo lustro se jubilarán cerca de 1.250 profesionales.

Si dejamos que se consoliden, estos cambios tendrán consecuencias muy negativas en especial para la población con menos recursos y la de más edad, las menos digitalizadas. Pero su repercusión se notará también en el conjunto de pacientes que precisan una atención directa. Aunque quieran convencernos de lo contrario, la atención primaria es un pilar básico y fundamental del sistema sanitario público de calidad. Por tanto, hay que incrementar su capacidad, dotarla de más recursos humanos y técnicos para que sea la forma más rápida y directa de prevenir enfermedades y curar las existentes en un primer estadio. Los centros de salud no pueden quedar reducidos a meros lugares burocráticos para acceder a medicamentos y para solicitar pruebas complementarias, mientras se derivan pacientes a clínicas privadas.

La izquierda debe ir de la mano con la ciudadanía para dar una respuesta aún más nítida y recuperar todo lo que nos han recortado en los últimos años. Se debe incrementar el presupuesto y reponer las plantillas de la atención primaria, al tiempo que se eliminan las trabas de acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas que aumentado durante la pandemia.

No hay motivos reales para cerrar centros de salud; deben seguir abiertos, accesibles, estar a la vanguardia y próximos a toda la población, dando prioridad a las consultas presenciales, que son fundamentales para lograr una eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad. Cualquier otro tipo de consultas debe tener un papel meramente complementario y no discriminatorio para los colectivos más vulnerables, y no dejaré de insistir que muy especialmente las personas mayores.

En definitiva, de lo que se trata es de cambiar la tendencia y de no permitir que se salgan con la suya quienes, desde la derecha, tienen muy bien planeado devaluar la atención primaria como la mejor y más directa forma de ‘vender’ la necesidad de acudir a la sanidad privada. Nuestra respuesta debe ser firme. Ya intentaron, y siguen haciéndolo, hacer lo mismo con la educación pública con más o menos éxito. No podemos permitírselo.

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.

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