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Lo confieso: soy de un partido y he sido cargo público


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En los últimos tiempos se ha impuesto el dogma de la independencia y la neutralidad como garantía del desinterés y la excelencia profesional, en especial con motivo de la renovación de los órganos constitucionales del Estado, pero también en algo aparentemente tan alejado como la comisión encargada de la evaluación de la gestión de la pandemia o en la dirección de la futura agencia de salud pública.

Y es que los partidos políticos parecen haberse convertido en entidades sospechosas con intereses espurios, como si de sectas o bandas se tratase, por cuya posible pertenencia se interroga a los candidatos, incluso en sede parlamentaria, en contra del derecho constitucional a no declarar la confesión religiosa, ni tampoco la ideología o la militancia, como si el hecho de estar afiliado a organizaciones fundamentales para la democracia, como son los partidos políticos, fueran motivo de pérdida de la independencia de juicio, de la profesionalidad, o aún peor, de la estima y del reconocimiento social.

Durante los cuarenta años de la dictadura franquista, los partidos estuvieron estigmatizados y prohibidos, y en consecuencia sus militantes situados fuera de la ley, denostados en la enseñanza y en la cultura popular, discriminados en la función pública, perseguidos, encarcelados y en una primera época eliminados sin juicio ni garantías. No fue hasta el periodo democrático que ya con los partidos en situación de plena legalidad, sus afiliados pudieron acceder libremente al gobierno, la función pública y a los cargos públicos, y lo hicieron en compañía de los miembros del aparato de la dictadura. Más tarde, a partir de los años noventa y en particular en la segunda década de dos mil, debido al malestar de la crisis financiera y la corrupción, los partidos y sus militantes han sido caracterizados como parte fundamental de la casta del régimen del 78, algo que los populistas se proponían sustituir en bien de la sociedad. Desde entonces, los nuevos partidos y sus militantes, han accedido al parlamento y al gobierno y con ello se ha diluido la denostada condición de casta. Así, si durante la dictadura los partidos eran ilegales y sus militantes estaban proscritos, al parecer en la actual fase de la democracia española, hemos pasado a estar de nuevo al menos bajo sospecha.

En este sentido, si bien es lógico que se someta a un exigente escrutinio a los candidatos propuestos a los órganos constitucionales en las audiencias parlamentarias, al objeto de valorar sus méritos o deméritos para ejercer el futuro cargo con autonomía y sin conflictos de interés, lo que sin embargo no lo es tanto es que se convierta en un proceso, poco menos que inquisitorial, en el que haber pertenecido a un partido político sea un baldón que negar, del que abjurar o del que avergonzarse.

Sobre todo si estamos hablando de la renovación de un órgano como es el Tribunal Constitucional, al que por su función de depuración de las leyes se considera un legislador negativo y por tanto con una necesaria composición mixta que debe combinar la acreditación técnica y a la vez la representativa del pluralismo político de la sociedad española.

En este sentido, el escándalo hipócrita de la atribución de una supuesta politización, por su mayor o menor cercanía a los partidos políticos proponentes, forma parte de un prejuicio antipolítico que se ha extendido en particular durante los últimos años en la sociedad, los medios de comunicación e incluso paradójicamente entre los propios partidos políticos y las instituciones democráticas. Esta dinámica de progresiva independencia con respecto a la política y consiguientemente de corporativización estaba muy unida al prejuicio antipolítico del nuevo orden neoliberal y en los últimos tiempos se agrava con una suerte de populismo tecnocrático que pretende reducir los espacios de la política en favor de la aparente objetividad de la técnica.

Con la descalificación genérica, se elude además la necesaria valoración de los méritos de cada uno de los propuestos y la solvencia política de cada partido proponente, pero por otro lado también el velar por la cultura pluralista y de consenso en el funcionamiento del órgano, que se ha venido sustituyendo en el actual clima populista por la polarización y la imposición de la mayoría, hasta degradar su función jurisdiccional a la de oposición jurídica dentro de la oposición política, en este caso al gobierno de coalición progresista. Algo similar a lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial. No hay más que ver la discutida y discutible ejecutoria de cada uno de ellos.

Pero lo que raya en lo delirante en un sistema democrático es que se cuestione incluso la presencia en un comité de estudio sobre la evaluación de la gestión de la pandemia, no ya de haber pertenecido o pertenecer a un partido político, sino por el mero hecho de haber desempeñado un cargo de confianza e incluso por formar parte del sector público, hasta el punto de que se ha llegado a plantear por parte de algunos expertos la incompatibilidad para cualquiera que haya tenido o tenga relación con las administraciones o con el sector público, incluida la Universidad, para formar parte de un órgano destinado a evaluar con independencia y rigor técnico la gestión de la pandemia. Nada se dice sin embargo con respecto a los intereses de los componentes provenientes del sector privado, sobre su declaración y sus incompatibilidades. Más allá de la evaluación de la pandemia, también se ha llegado a formular dicha exclusión en el diseño de la futura agencia o centro de salud pública prevista en la ley general de salud pública de 2011, donde ha vuelto a aparecer la exigencia de independencia con respecto al gobierno como premisa fundamental de su composición y en consecuencia para la calidad de sus datos epidemiológicos, de sus investigaciones, así como de los planes, estrategias y medidas en materia de salud pública, que formarían parte de sus funciones.

Todo ello, como si no bastase con la autonomía de funcionamiento de la organización y de la profesionalidad de sus miembros, y por el contrario fuese condición imprescindible su total desvinculación de los gobiernos, del ministerio de sanidad y de las consejerías de la CCAA, en cuyas manos se encuentran las respectivas competencias de respuesta a las emergencias sanitarias y de las direcciones de salud pública. Algo que no se le ha pasado por la cabeza a ninguno de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, cuando pusieron en marcha con otros organismos internacionales la comisión encargada de la evaluación de la pandemia de la covid19, en cuya composición pluridisciplinar incluyeron de forma imprescindible a dirigentes políticas reconocidas, junto a expertos en las disciplinas, tanto sanitarias como de epidemiología, salud pública e investigación, con la premisa lógica de que deberían estar presentes todos los implicados en el asesoramiento científico y técnico, así como en la gestión política de la pandemia, al objeto de estudiar con conocimiento de causa toda la cadena de las decisiones, la aplicación de las medidas y de sus resultados.

Tampoco se les ocurrió esgrimir tales incompatibilidades cuando se configuró la actual OMS, así como con los organismos de prevención de enfermedades infecciosas en Europa, América o África, sino que en todos los casos éstos dependen de los gobiernos o incluso de los presidentes respectivos, sin que ello obste para un funcionamiento basado en el conocimiento experto y con plena autonomía en su funcionamiento. Su indiscutible prestigio actual no solo no se ha visto condicionado por su vinculación a los gobiernos, sino que explica buena parte de su efectividad.

En definitiva no hay historiadores ni periodistas ni jueces ni médicos ni ciudadanos apolíticos. Unos y otros analizan datos y testimonios, medios de prueba o signos y síntomas para reconstruir hechos del pasado o factores de riesgo y lo hacen interpretándolo, a la luz de la evidencia científica o del conocimiento establecido de las normas. Es en esta tarea, en la que hay un campo irreductible a la valoración y la discrecionalidad, en que se trata de elegir entre opciones alternativas y legítimas, es decir a la ideología de cada cual.

En el caso de los tribunales el problema es aún más grave y tiene que ver con la falta de cultura constitucional y la herencia de una idea falsa de neutralidad. Cómo dice un buen amigo y un gran jurista, "el juez debe ser imparcial y debe explicar para convencer que sus decisiones se deben tanto al derecho vigente como a la vigencia de los derechos".

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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