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Algo más que un debate del significado de las reformas laboral y de pensiones


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

"Se puede considerar que una Reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc".

El término reforma es polisémico, por un lado goza todavía de un alto prestigio en el ámbito político, debido a la primera etapa de la transición política y luego de la normalidad democrática, aunque en el terreno económico, sobre todo en las últimas décadas, remite mayoritariamente a la política neoliberal de los recortes y las privatizaciones y a sus negativas consecuencias sociales.

Esto quizá se acentúa por el recuerdo más reciente de los recortes realizados en el contexto de la crisis financiera y de las políticas de austeridad bajo el eufemismo de reformas encaminadas a la sostenibilidad de las cuentas y los servicios públicos. En realidad se ha denominado reforma a su contrario la ruptura, a lo que ha significado el mayor golpe recibido por el débil estado de bienestar, más bien de medioestar en nuestro país.

Por eso, es difícil acuñar en la actualidad un término adecuado para denominar unas medidas que siendo reformistas, sin embargo, van encaminadas a la mejora y consolidación de las prestaciones sociales, de la legislación social o de los servicios públicos, como las que ahora está poniendo en marcha el gobierno progresista de coalición, para deconstruir los recortes conservadores.

Por eso mismo, los políticos, los medios de comunicación conservadores y sus expertos, por lo pronto, les niegan el carácter de reformas y mucho menos de calado, dado que éstas no responden a su posición previa favorable al recorte de las futuras pensiones mediante medidas conocidas como el incremento del periodo de cálculo, el retraso en la edad de jubilación o la introducción de un nuevo factor de sostenibilidad que contenga el gasto de acuerdo con el previsible incremento de la esperanza de vida, para estimular el ahorro en los planes privados de pensiones de los pocos que se los puedan permitir. En definitiva de las reformas entendidas tan solo como recortes del gasto público y con ello inscritas en la reducción del déficit y de la deuda dentro de los criterios del llamado pacto de estabilidad comprometido en el marco de la Unión Europea, todo esto antes de que llegase la pandemia.

El problema para estos sectores conservadores es que, a raíz de la pandemia y de la crisis económica provocada por ésta, la política de estabilidad Europea ha quedadoo suspendida sine die, al tiempo que se han puesto en marcha los fondos de reconstrucción y resiliencia New Generation en base a una suerte de eurobonosos, rompiendo con ello el dogma neoliberal de la deuda y de las políticas de austeridad ante las situaciones de crisis, en unas instituciones que todavía entonces estaba gobernadas en buena parte por las derechas. Sin embargo, a pesar de ello, hay quienes viven todavía anclados en los dogmas del pasado y piensan que con el final de la pandemia terminan los devaneos sociales. Para estos, la crisis provocada por la pandemia no ha cambiado nada ni en relación al papel fundamental jugado por los trabajadores esenciales ni en el incremento de la desigualdad ni en la trascendencia de la respuesta sanitaria y de los servicios públicos y mucho menos con respecto al cuestionamiento de los efectos de las políticas económicas neoliberales, como mucho consideran que medidas como los ERTEs o los créditos ICO serían la justa contribución del Estado al mantenimiento del tejido económico y del empleo, pero solo en situaciones de emergencia, para ejercer su viejo papel de socializar las pérdidas. Una suerte de Keynesianismo de guerra, que inmediatamente se olvida para volver a lo de siempre.

Por eso, parece que las recomendaciones del Pacto de Toledo y a continuación la nueva ley de reforma de las pensiones, no tienen término adecuado con el que denominarlas, precisamente por situarse en las antípodas de los recortes para por el contrario garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y su sostenibilidad mediante nuevos ingresos fiscales y de cuotas, junto con la supresión de gastos impropios que venían lastrando las cuentas del sistema público de pensiones. Más bien, para estos medios, tienen cómo mucho el carácter de medidas meramente cosméticas como un nuevo aplazamiento de las reformas imprescindibles, tan solo con el objetivo de hacer una política complaciente con los actuales pensionistas, todo por razones electorales. Cuando no directamente se las considera medidas contrarias a la solidaridad con las futuras generaciones. Se deduce de estos argumentos que las políticas de recortes son las verdaderas reformas que garantizan el futuro de unas pensiones, aunque sustancialmente menores y con ello de equidad a la baja entre generaciones, pero que no gozarían del apoyo de los electores, aunque siguen pensando que sí lo tendrían entre los sectores bienpensantes, la academia y la Unión Europea. El problema es que también las razones electorales han cambiado en Europa en los últimos procesos electorales con nuevas mayorías progresistas, incluso en su propio corazón.

Por eso, todos ellos últimamente no salen de su asombro, primero ante el apoyo de la comisión Europea a la estrategia presentada de recuperación por el gobierno español, y ahora esperan ante cada iniciativa de reactivación económica o de consolidación de la protección social el anatema de las autoridades europeas que sin embargo no acaba de llegar, y que como en el cuento del lobo, no dejan de amenazar a cada paso en el desarrollo de los compromisos o en el cumplimiento de los plazos, con la esperanza de que finalmente la Unión Europea no lo tolere y lo eche para atrás.

Se podría decir que las medidas adoptadas hasta ahora, se pueden considerar de recuperación y consolidación del sistema de pensiones, como también las propuestas en la concertación social de recuperación de la calidad del empleo y del equilibrio en las relaciones laborales. La palabra más adecuada sería entonces recuperación, al igual que en el caso de los fondos europeos.

Algo parecido ha ocurrido con el debate, bastante más que semántico, que recientemente ha tenido el gobierno de coalición sobre los cambios en marcha en materia laboral que intenta conseguir dentro del marco de la concertación social para reducir la precariedad y la temporalidad del empleo, recomponer el equilibrio en la negociación colectiva y acabar con el encadenamiento en materia de subcontratación. Y es que como resulta que las palabras tienen significado, la derogación de la reforma laboral tampoco es lo mismo, ni siquiera se parece, a la reforma de la reforma laboral de la derecha, ni cuantitativamente ni tampoco desde el punto de vista cualitativo, aunque ninguna de las dos fórmulas vaya encaminada a transformar el modelo en su totalidad, aunque el nombre remita a cambios de mayor o menor intensidad y los últimos movimientos de los partidos del gobierno de colación vayan en uno u otro sentido. En este caso, tampoco se trata de recuperar el modelo laboral previo al actual, tan precario y temporal, ya que tampoco el modelo del pasado se puede considerar precisamente el del trabajo decente. Sin embargo existe una mejor referencia a la que aproximarse, como es la de nuestro contexto europeo. Además, tiene la ventaja que no les costará trabajo respaldar lo que ellos mismos hacen y que no les va tan mal.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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