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EL PERIÓDICO
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El conflicto del metal en Cádiz, mucho más que una simple negociación salarial


El estallido social producido en torno a la negociación del convenio de las empresas del metal gaditanas va mucho más allá de una simple negociación sindical en la medida que escenifica una situación que lleva demasiado tiempo siendo límite.

Con más de un 23% de paro, Cádiz es la segunda provincia tras Huelva con mayor desempleo de toda España. Refleja de manera especial la degradación económica y social que sufren demasiadas zonas del Estado a consecuencia de la continua pérdida de tejido industrial. Esto se debe, entre otras razones, a la decisión de la Unión Europea de convertirnos en una economía periférica, dependiente, sin un modelo productivo concreto que sirva para resolver los problemas estructurales de temporalidad, precariedad y fuerte desempleo que arrastramos.

Quien plantea el conflicto gaditano como una cuestión de orden público no sólo demuestra que no entiende nada, sino que lleva a una mayor desesperación a quienes se han visto una y otra vez defraudados en sus perspectivas de vida

Así, la negociación del metal en Cádiz pasa a ser una cuestión de supervivencia para esta zona tan deteriorada. Por ello, el conflicto está servido cuando una patronal que se siente beneficiada por la legislación laboral aún vigente retrasa el cierre del acuerdo y propone subidas salariales ridículas, muy por debajo del IPC. Se hace evidente la desesperación de quienes llevan años sufriendo un continuo deterioro de las condiciones de vida sin la más mínima compensación.

Este conflicto señala la necesidad de abrir un debate urgente sobre el modelo productivo del que debe dotarse nuestro país. Hay que sacar a la economía de la actual situación de dependencia para recuperar el empleo y mejorar la capacidad económica que millones de personas han perdido con las sucesivas crisis.

Es en marcos así donde cobra todo su sentido el ansiado cambio de la actual legislación laboral, fruto de las sucesivas reformas laborales impuestas en las dos últimas décadas. Debe sustituirse por una norma que permita una negociación colectiva de verdad en la que los sindicatos no aparezcan atados de pies y manos. Cuando se cortan las vías de negociación se pueden abrir otras vías que nadie desea, ni están justificadas, y esto no es demagogia.

También cobra todo su valor la necesidad de afrontar de una vez un verdadero Plan de Reindustrialización que permita desde parámetros sostenibles construir un proyecto de nuevo país. Decir que España no puede estar supeditada al turismo no significa minusvalorar a este importante sector, como algunos interesados tratan de hacer creer, sino que apunta que nuestra capacidad de liderazgo en el turismo debe ir acompañada por un desarrollo industrial y una recuperación de la agricultura como sectores que ayuden a mejorar la capacidad económica de manera integral.

Quien plantea el conflicto gaditano como una cuestión de orden público no sólo demuestra que no entiende nada, sino que lleva a una mayor desesperación a quienes se han visto una y otra vez defraudados en sus perspectivas de vida, que comprueban cómo cada crisis se salda con pérdidas de empleo, bajadas de salarios, cierres de empresas y aumento del peso de los sectores más especulativos y menos productivos.

Nadie debe olvidar, y el Gobierno menos aún, que en esta lucha por un convenio digno en el metal gaditano se ven reflejados millones de trabajadoras y trabajadores que tienen pendientes de negociar los suyos. También necesitan asegurar que tendrán salarios acordes con la subida del nivel de vida. De una respuesta positiva a esta cuestión dependerá en gran medida que la recuperación económica que empieza a tomar cuerpo se corresponda con la de las condiciones de vida de quienes más han padecido las sucesivas crisis. Debe ser aún más evidente la diferencia entre las salidas conservadoras de las crisis que nos habían impuesto y lo que debe ser una singular salida progresista en favor de la mayoría social.

Nos va tanto en todo esto como para que no se entienda que las tanquetas no son el mejor instrumento para resolver conflictos que claramente desbordan lo estrictamente laboral.

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.

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