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EL PERIÓDICO
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La manifestación contra la reforma de la “Ley Mordaza”: un intento de vulnerar los principios del Estado Democrático


La manifestación celebrada en Madrid el 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada en su tiempo “Ley mordaza”), que el Gobierno está preparando, ofrece elementos que deben preocuparnos sobre la vulnerabilidad del Estado democrático y sobre las maniobras que pretenden dificultar la capacidad que tiene éste para ordenar políticamente la sociedad. Vamos a examinar este tema desde tres perspectivas que son: a) el alineamiento de las derechas con una Ley represora; b) el intento de unos sindicatos policiales de presionar al Gobierno y al Parlamento en base, además, a un conjunto extenso de interpretaciones inexactas; y c) la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por lanzar contra el Gobierno a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En cambio, no vamos a entrar ahora ni en los graves defectos de la Ley orgánica vigente ni en el contenido democrático de la reforma, porque ya lo hizo la semana pasada en esta mismas páginas el excelente artículo de Rafael Simancas (“Si, vamos a derogar la Ley mordaza”, Sistema Digital, 26 de noviembre de 2021). Tampoco hace falta recordar ahora la necesidad urgente de esa reforma, porque el Tribunal Constitucional ha salvado la Ley orgánica por la mínima, pues en dos Sentencias (172/2020, de 19 de marzo; y 13/2021, de 28 de enero), además de declarar inconstitucionales varios preceptos, avaló otros varios artículos mediante el procedimiento de las Sentencias interpretativas, esto es, de establecer los criterios interpretativos que evitarían declararlos inconstitucionales, lo que es una técnica a veces necesaria pero bastante insegura.

La Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, fue la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a la generalización de las protestas sociales motivadas por la crisis económica iniciada en 2008. En lugar de proporcionar más apoyo a millones de personas que eran víctimas de la crisis, el Gobierno de Rajoy, como es sabido, limitó los derechos laborales de todos los trabajadores y les sometió a serias restricciones salariales. Como esa limitación comportaría protestas ciudadanas, el Gobierno decidió aprobar una Ley que reprimiera las protestas limitando los derechos fundamentales de manifestación y de reunión, y para ello nada mejor que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (véanse sus memorias Cada día tiene su afán. Una mirada a cuarenta años de vocación política, Barcelona, 2019), que organizó la “Policía patriótica” para espiar a los supuestos enemigos del Gobierno y del Partido Popular, remató su obra haciendo aprobar esta Ley orgánica de restricción de los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos fundamentales de reunión y de manifestación. Pero, lo preocupante es que todos los partidos de la derecha (incluyendo al “liberal” Ciudadanos), seis años después de aprobarse aquella desafortunada Ley, siguen defendiéndola cuando hay cierto consenso en la sociedad de que era una Ley represiva que no reforzaba la seguridad ciudadana (había instrumentos jurídicos suficientes en 2015), sino que estaba pensada para sofocar las grandes protestas sociales motivadas por la reducción de los derechos laborales. Tomemos nota: Partido Popular, Vox y Ciudadanos defienden en 2021 un modelo represivo de seguridad ciudadana.

En segundo lugar, y esto es lo más preocupante, estamos ante un pulso a los órganos de la democracia representativa, Parlamento y Gobierno. Lo peor no es que, como señalaba el citado artículo de Rafael Simancas, todos los argumentos utilizados para protestar contra la reforma legislativa sean inciertos y que se está levantando una gran campaña política contra el Gobierno y su mayoría parlamentaria en base a la idea incierta de que se trata de limitar los instrumentos de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender la seguridad ciudadana. Lo peor es que, teniendo la reforma suficiente mayoría parlamentaria (El País, 30 de noviembre de 2021), las asociaciones sindicales policiales y de la Guardia Civil pretenden que el Parlamento no cumpla sus funciones de ordenar la vida social y política de este país mediante las Leyes que considera necesarias. Ese es el problema más grave de esta revuelta que han montado juntas las asociaciones sindicales policiales y de la Guardia Civil y la derecha de todos los matrices: impedir que el Parlamento, con su mayoría, apruebe una Ley. Esa es la “democracia corporativa” que trata de penetrar en la democracia representativa para que cada sector y cada franja de la sociedad se autogobierne sin que los órganos representativos del Estado tengan capacidad de normar conforme a principios democráticos generales en representación de la voluntad general. Lo mismo ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, donde la alianza de la derecha política y de la derecha judicial pretende sustraer el gobierno del Poder Judicial al control democrático del Parlamento. Por esa vía, volveríamos a una nueva Edad Media donde cada grupo social o territorial actuaba con gran independencia al margen de los poderes públicos generales que eran muy débiles.

El tercer punto a reseñar es la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por informar inadecuadamente a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por intentar lanzar a los funcionarios a un enfrentamiento con el Gobierno y con las Cortes Generales. En las democracias sólidas las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado están al margen de la política, pero esta campaña de desinformación, más las manifestaciones, nos llevan a preguntarnos si la derecha y los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil quieren hacer política y quieren derribar al Gobierno utilizando a las Fuerzas de Policía y a la Guardia Civil. Eso es jugar con fuego y, por supuesto, una forma de debilitar a la democracia. Vox apuesta por debilitarla, pero ¿también el Partido Popular, Ciudadanos y las asociaciones sindicales de la Policía y de la Guardia Civil?

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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